El Gobierno ha dado luz verde a que Renfe y otras entidades públicas estatales, como Puertos del Estado, Icex y Salvamento Marítimo, puedan acudir a operaciones de crédito extraordinarias con el fin de no frenar sus planes de inversión, en un contexto en el que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado impide revisar los límites ordinarios de endeudamiento.
En lo que respecta a Renfe, el Consejo de Ministros ha autorizado a la operadora ferroviaria a suscribir una o varias operaciones de financiación extraordinaria por un montante máximo de 671 millones de euros durante el ejercicio 2026.
El texto oficial difundido este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) precisa que estas operaciones suponen un incremento neto máximo y separado de los topes de deuda que se derivan de la prórroga presupuestaria.
La compañía dirigirá este dinero principalmente a la compra de nuevo material rodante, con el objetivo de cumplir los contratos ya en marcha para la renovación de trenes sujetos a obligaciones de servicio público, completar la flota de servicios comerciales y adquirir locomotoras destinadas al transporte de mercancías.
Además, estos recursos servirán para actuaciones de mejora sobre la flota actual, programas de mantenimiento de activos y diferentes intervenciones en estaciones y talleres. El Ejecutivo advierte de que, sin este refuerzo de financiación, se vería seriamente mermada la capacidad operativa de Renfe.
“La no disposición de este aumento afectaría de modo esencial a la capacidad de Renfe para dotarse del material rodante y medios adicionales necesarios para su actividad y a los compromisos contractuales ya asumidos, afectando por tanto al desarrollo de un servicio declarado de interés general y esencial para la comunidad como es el transporte ferroviario”, defiende el Ejecutivo.
Puertos del Estado, Icex y Sasemar, también autorizados
En el caso de Puertos del Estado, el Ejecutivo permite cerrar operaciones de crédito extraordinarias por un máximo de 247,7 millones de euros, con el fin de evitar la paralización de proyectos de inversión estratégicos recogidos en el Plan de Empresa 2026, reducir el riesgo de reclamaciones de contratistas y concesionarios y prevenir impactos en el tráfico marítimo.
“Si no se produce una autorización extraordinaria podría dar lugar a la paralización de importantes proyectos de inversión, con el riesgo de reclamaciones de contratistas y concesionarios, y la afectación al transporte marítimo tanto de viajeros como de mercancías en la red de Puertos de Interés General del Estado, afectando por tanto a actividades comerciales marítimas internacionales, al servicio de industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional o a actividades comerciales marítimas que alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado”, subraya el Gobierno.
En cuanto a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), se le faculta para concertar operaciones de endeudamiento por 16,87 millones de euros durante este año, dentro de un techo global de deuda de hasta 75.000 millones de euros ligado a su Plan Nacional de Salvamento 2025-2027. El objetivo es financiar la renovación y modernización de unidades marítimas, medios aéreos y equipos de a bordo que empiezan a quedar desfasados.
Para el ICEX, el Gobierno abre la puerta a que pueda endeudarse hasta un máximo de 40 millones de euros ante la próxima finalización, a finales de 2026, del contrato de alquiler de su actual sede, de forma que pueda adquirir un nuevo edificio en propiedad y rebajar así los costes fijos de funcionamiento.
Una vez que estas operaciones extraordinarias queden formalizadas, seguirán vigentes para todas estas entidades públicas empresariales los límites anuales de endeudamiento fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que esté en vigor en cada momento. Este endeudamiento adicional no se integrará ni minorará dichos topes ordinarios ni modificará su cuantía.
Todo ello se recoge en un Real Decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entrará en vigor mañana jueves.