El Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea una ampliación del plazo, hasta marzo de 2027, para culminar las reformas necesarias que permitan erradicar el abuso en la contratación temporal en el sector público, según indicó este lunes el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública en un comunicado.
El Departamento que encabeza Óscar López justifica su petición ante Bruselas en que en los últimos meses se han dictado resoluciones judiciales, entre ellas la del Tribunal Supremo del pasado 11 de mayo, que han incorporado elementos novedosos sobre el tratamiento de la indemnización "que hay que analizar", además de precisar con exactitud cuántos empleados temporales se encuentran en situación de abuso en el conjunto de las administraciones públicas.
El 29 de abril, la Comisión Europea concedió a España un plazo de tres meses —que expiró ayer, 29 de junio— para aplicar de forma correcta la normativa comunitaria sobre temporalidad en el empleo público y subsanar las deficiencias detectadas en dos expedientes relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos, advirtiendo de que, si no se corregían, podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Ejecutivo central ha reclamado ahora una prórroga de ese plazo, alegando, entre otras razones, la sentencia del Supremo conocida en mayo, en la que el Alto Tribunal rechazaba transformar automáticamente en fijos a todos los empleados en situación de abuso de temporalidad, limitando esa opción a quienes hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, y en la que se fijaba además un esquema de indemnizaciones para los trabajadores afectados.
En concreto, el Supremo establece en dicho fallo que, cuando se extinga una relación laboral abusiva, el trabajador tendrá derecho a dos indemnizaciones distintas e independientes, compatibles entre sí: la extintiva (en una cuantía "no exigua" en el caso de relaciones laborales anormalmente prolongadas) y otra compensatoria por el abuso de temporalidad, que debe contemplar los daños morales y materiales (las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haberse producido el abuso).
En lo referente a los daños morales y con vistas a los litigios que puedan plantearse en el futuro, el Alto Tribunal fija una indemnización mínima tomando como referencia los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para la vulneración de la normativa sobre contratos temporales, que prevé multas, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
La imposición de una cuantía superior a esta indemnización presuntiva mínima exigirá que el trabajador acredite de forma concreta el perjuicio sufrido, recayendo sobre él la carga de la prueba.
Coordinación con CCAA y FEMP para reducir la temporalidad
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander, con el fin de debatir posibles medidas y propuestas para rebajar la temporalidad en el empleo público.
Según ha señalado Función Pública, este encuentro se celebrará en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público y permitirá dar continuidad a los compromisos adoptados en la anterior reunión con las CCAA, del 7 de mayo, de la que salió la creación de un nuevo grupo de trabajo para estudiar eventuales modificaciones normativas.
"Este grupo da ahora sus primeros pasos solicitando a sus integrantes aportaciones normativas para reducir la temporalidad, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo pasado, que ratificó la imposibilidad de hacer fijos, sin pasar por una oposición, a los trabajadores públicos temporales, al tiempo que abría posibles nuevas vías en materia sancionadora e indemnizadora en casos de abuso de temporalidad", apunta el Ministerio en un comunicado.
De acuerdo con el Ministerio, la cita de Santander pretende avanzar en el análisis conjunto de esos posibles cambios legislativos y recabar información sobre las medidas que han puesto en marcha las comunidades autónomas para contener la temporalidad.
Función Pública subraya que son precisamente estas administraciones las que concentran los mayores niveles de temporalidad, con una tasa del 40%, frente al 4,7% registrado en la Administración General del Estado. En particular, la temporalidad en los ámbitos de Educación y Sanidad, competencia autonómica, se sitúa en el 40% y el 43%, respectivamente.
Con el mismo objetivo, el Gobierno reunió el pasado miércoles 24 de junio a las organizaciones sindicales en una sesión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, con un orden del día centrado en el seguimiento de los procesos de estabilización, las resoluciones judiciales y los contactos con la Comisión Europea.
En ese encuentro, presidido por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez, se actualizó a 440.168 el número de procesos de estabilización de plazas temporales en fijas y se solicitó también a las organizaciones sindicales que presentaran propuestas para consensuar, entre todos los agentes implicados, nuevas medidas que permitan recortar las tasas de temporalidad.
CSIF reclama sanciones más duras por el abuso de temporalidad
En este contexto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sostiene que deben establecerse "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" para los responsables de las administraciones que continúen recurriendo de forma abusiva a la contratación temporal.
CSIF plantea que estas sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y se dirijan a los máximos responsables de las administraciones que incumplan.
"El Ministerio de Función Pública ha pedido más tiempo a la Comisión Europea antes de que se hagan efectivas las sanciones por incumplir los objetivos de la Ley de Estabilización que limitan al 8% la tasa de temporalidad. El propio Ministerio reconoce que, en los sectores de Educación y Sanidad, la temporalidad asciende al 40% y el 43%, respectivamente", denuncia CSIF.
Por este motivo, el sindicato propone que, además de endurecer las sanciones, las ofertas de empleo público incluyan todas las plazas estructurales necesarias para evitar recurrir a la contratación temporal; acortar los plazos de ejecución de los procesos selectivos, y suprimir la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, de forma que las administraciones puedan ajustar sus convocatorias a sus necesidades reales sin tener que recurrir a personal interino.