La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta en un informe difundido este viernes de que las herramientas contables empleadas por la Administración pública para prever el gasto en pensiones presentan "limitaciones" a la hora de medir el efecto de los cambios legales en el sistema, al no estar concebidas para estudiar reformas normativas ni para incorporar la reacción de comportamiento de la ciudadanía.
Así lo expone el director del 'think tank', Ángel de la Fuente, en el trabajo "Modelos contables de proyección del gasto en pensiones: Estructura, limitaciones y propuestas para seguir avanzando", donde examina los modelos utilizados por la Seguridad Social (INTegraSS), la AIReF y el Ministerio de Economía (PeGaSo) para anticipar la evolución del gasto.
En el documento, Fedea valora los avances recientes de estos organismos al hacer públicas y documentar sus herramientas de cálculo, pero sostiene que "hay todavía un considerable margen de mejora que convendría explotar" y avisa de que su empleo para analizar reformas legislativas suele hacerse de manera "problemática".
Según detalla, estos instrumentos se apoyan en identidades contables que sirven para proyectar el gasto bajo el supuesto de "política constante", pero no permiten anticipar cómo ajustarán su comportamiento los hogares ante las nuevas reglas.
El informe apunta que, para estimar el impacto de la reforma de pensiones de 2021-2023, los distintos organismos se han visto obligados a introducir modificaciones manuales ("ajustes ad hoc") sobre sus escenarios de referencia.
De acuerdo con De la Fuente, dichos ajustes descansan en la intuición de los equipos técnicos de cada institución y, en muchos casos, "no se justifican en detalle".
Con el fin de superar las "limitaciones de los modelos utilizados hasta ahora", Fedea formula dos grandes propuestas. En primer lugar, reclama una documentación más transparente de los cálculos, explicando con precisión el fundamento de esos ajustes para que el lector pueda "valorar su plausibilidad" en relación con los patrones de jubilación y los incentivos a prolongar la vida laboral.
En segundo lugar, defiende que se priorice la inversión en "modelos con comportamiento" que integren las decisiones efectivas de los hogares sobre oferta de trabajo, ahorro y edad de retiro ante cualquier modificación normativa.
Divergencias en el impacto sobre el déficit
El estudio contrasta las proyecciones oficiales con los resultados del modelo de comportamiento desarrollado por Fedea.
Mientras los informes de las instituciones anticipan un efecto moderado de la última reforma, los cálculos de Fedea apuntan a un empeoramiento del déficit básico del sistema de pensiones de casi cuatro puntos de PIB en torno a 2050, frente a aumentos del gasto inferiores a los 2,5 o 3 puntos que contemplan los organismos oficiales.
Fedea destaca que medidas como la actualización de las pensiones con el IPC no sólo incrementan el gasto de manera directa, sino también de forma indirecta, al reducir el ahorro de los hogares y adelantar la jubilación, efectos que merman el PIB y agravan el desequilibrio financiero del sistema.
Además, el estudio prevé que la jubilación demorada pase del 10% al 30% en las próximas décadas, en gran medida por el aumento de la esperanza de vida, de modo que ese retraso en el retiro no puede atribuirse únicamente a los incentivos económicos introducidos en la reforma.