Una misma competencia transferida puede tener un valor muy diferente dependiendo de la comunidad autónoma que la gestione. Fedea ha puesto cifras a una de las zonas menos transparentes de la financiación autonómica y ha encontrado diferencias que llegan a superar una relación de cuatro a uno. El economista Ángel de la Fuente advierte de que el sistema arrastra "obvios problemas de equidad" y reclama aprovechar la reforma del modelo para revisar cuánto recibe cada territorio por las competencias que el Estado le ha traspasado.
La cuestión adquiere especial relevancia mientras continúa el debate sobre la financiación autonómica y se amplía el catálogo de funciones asumidas por algunas comunidades. Cataluña ocupa un lugar central: es, con diferencia, la autonomía de régimen común que acumula más competencias singulares y, por tanto, la que recibe más recursos para financiarlas.
Pero el problema que señala De la Fuente no es que Cataluña reciba más dinero. Gestiona más funciones y necesita recursos para pagarlas. Lo que cuestiona el director ejecutivo de Fedea es que competencias equivalentes puedan tener valoraciones muy diferentes dependiendo del territorio y que esas diferencias, heredadas en buena medida del momento en el que se produjo cada transferencia, puedan mantenerse durante años.
Más de 8.300 millones fuera de la financiación homogénea
El informe Sobre la financiación de las competencias singulares pone el foco en aquellas funciones que no han sido transferidas de manera uniforme a todas las comunidades.
Son competencias que en algunos territorios presta directamente la Administración autonómica y en otros continúan en manos del Estado. Entre ellas aparecen la Administración de Justicia, las prisiones, la Policía autonómica, tráfico, la Inspección de Trabajo, determinadas funciones hidráulicas o el pago de profesores de Religión.
La financiación conjunta de estas competencias alcanzaba 8.319 millones de euros en 2023, según los cálculos de De la Fuente a partir de las liquidaciones del sistema.
No se reparte por igual, ni tendría sentido hacerlo. Cada comunidad ha asumido un catálogo diferente de funciones.
Cataluña concentraba 3.563 millones de euros; Madrid, 1.485 millones; Andalucía, 858 millones, y Galicia, 440 millones. La comparación por habitante deja igualmente a Cataluña a la cabeza, con 450 euros, frente a una media de 185 euros para el conjunto de las comunidades de régimen común.
Le siguen Cantabria, con 320 euros; La Rioja, con 318; Madrid, con 220; Canarias, con 179, y Galicia, con 163.
💸 Cataluña disparó en 2024 un 43% su superávit de financiación mientras el Gobierno impulsa el nuevo modelo pactado con ERC ⬇️https://t.co/IPdhwhWL6K
— Fedea (@socialfedea) August 26, 2026
Cataluña recibe más porque gestiona más
De la Fuente introduce una precisión fundamental antes de analizar esas cifras. El mayor volumen de recursos de Cataluña no demuestra por sí mismo que la comunidad esté mejor financiada.
La Generalitat ha asumido competencias que el Estado continúa ejerciendo directamente en buena parte del país. Cuenta con Policía autonómica, gestiona sus instituciones penitenciarias y tiene transferidas funciones en tráfico, autorizaciones iniciales de trabajo para extranjeros o Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre otras.
A ese catálogo se han incorporado o están incorporándose nuevas funciones, como las relacionadas con Cercanías y la gestión de becas y ayudas al estudio.
Por eso, comparar únicamente los 450 euros por habitante de Cataluña con lo que recibe otra comunidad llevaría a una conclusión equivocada.
La comparación que interesa a Fedea comienza cuando dos autonomías gestionan una misma competencia.
Y ahí aparecen las diferencias.
De 35 euros en Galicia a 82 en Asturias para Justicia
La Administración de Justicia ofrece uno de los ejemplos.
Fedea compara cuánto representa por habitante la valoración de los medios materiales y personales transferidos a las comunidades que han asumido esta competencia.
En Asturias alcanza 81,8 euros por habitante. La Rioja se sitúa en 76,6 y Cantabria, en 64,9.
En Cataluña son 51,1 euros; Madrid recibe 50; Andalucía, 47,5; la Comunidad Valenciana, 37,7, y Galicia se queda en 35,5 euros por habitante.
La diferencia entre Asturias y Galicia supera así el doble para una competencia comparable.
"Sería deseable revisar las valoraciones de las competencias singulares para asegurar que estas sean equitativas", sostiene De la Fuente.
El economista considera que parte de estas diferencias puede responder a necesidades reales de gasto, pero advierte de que otras resultan difíciles de justificar.
📰 Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema - Infobae 👇https://t.co/MNItAjavsI
— Fedea (@socialfedea) August 26, 2026
Hasta cuatro veces más para pagar a profesores de Religión
La brecha aumenta al analizar la financiación destinada al profesorado de Religión de los centros públicos de Infantil y Primaria.
En este caso, Fedea pone la financiación en relación con la población en edad escolar.
Asturias recibe 88,7 euros por persona en edad escolar. Cataluña, 20 euros.
La relación supera el cuatro a uno.
Entre ambas aparecen Murcia, con 76,2 euros; Extremadura, con 67,9; Comunidad Valenciana, con 49,8; Madrid, con 45,5; La Rioja, con 41,1, y Baleares, con 29,2.
Las diferencias son lo suficientemente amplias como para que De la Fuente cuestione que puedan explicarse únicamente por las necesidades distintas de cada territorio.
El ejemplo permite entender la advertencia central del informe: el problema no está necesariamente en el volumen total que recibe una autonomía, sino en el precio que el sistema termina reconociendo a una misma función según dónde se haya transferido.
El origen está en el coste que tenía la competencia cuando se traspasó
Para entender cómo se llega a estas diferencias hay que remontarse al momento de cada transferencia.
Cuando el Estado entrega una competencia a una comunidad autónoma, debe acompañarla de los recursos necesarios para ejercerla. El cálculo ha partido tradicionalmente del denominado coste efectivo, es decir, de lo que la Administración central gastaba en prestar ese servicio en ese territorio.
Esa valoración inicial se incorpora después al sistema de financiación y evoluciona con los mecanismos establecidos en el propio modelo.
El problema aparece cuando el gasto estatal de partida era diferente entre territorios. Si el Estado destinaba más recursos por habitante a prestar un determinado servicio en una comunidad que en otra, esa diferencia puede trasladarse posteriormente a la financiación de ambas autonomías.
El paso de los años no necesariamente la corrige.
De la Fuente considera que esta mecánica ayuda a explicar algunas de las disparidades que aparecen en los datos actuales y plantea revisar las valoraciones para sustituir, cuando sea posible, las inercias históricas por criterios comparables.
Noticia destacada
ERC pide a Junts aportaciones al pacto de financiación singular para Cataluña alcanzado con el Ejecutivo
2 minutos
Unas diferencias que apenas se ven
La segunda crítica de Fedea afecta a la transparencia.
Los datos detallados sobre la financiación de cada competencia singular no se publican de forma regular y sistemática, según señala el estudio. Esto dificulta conocer cuánto dinero recibe cada comunidad por cada función y comparar si el tratamiento es equivalente.
De la Fuente sostiene que esa falta de información hace que las posibles desigualdades sean "prácticamente invisibles para el público general y para los analistas".
No toda la financiación llega, además, por una única vía.
Parte se integra en el Fondo de Suficiencia Global del sistema autonómico, mientras otras competencias pueden contar con convenios, subvenciones u otros mecanismos específicos. Reconstruir la factura completa exige, por tanto, reunir información dispersa.
Fedea propone que las liquidaciones anuales publiquen de forma individualizada la financiación correspondiente a cada competencia singular y todos los instrumentos utilizados para sufragarla.
Otra brecha en las competencias provinciales
El estudio encuentra diferencias relevantes en otro bloque: las competencias provinciales asumidas por comunidades uniprovinciales.
Fedea construye para ello un índice de financiación por habitante ajustado en el que la media se fija en 100.
Madrid aparece con 61,7 puntos, mientras Extremadura alcanza 166,9 y Castilla y León, 163,9. Andalucía se sitúa en 136,8 y Cataluña, en 102,9.
Las cifras vuelven a mostrar una dispersión considerable.
Para De la Fuente, la revisión del modelo de financiación autonómica debería servir también para analizar estas diferencias y determinar cuáles responden a necesidades objetivas y cuáles son consecuencia de la evolución histórica del sistema.
Fedea pide aprovechar la reforma de la financiación autonómica
El informe llega cuando la financiación territorial vuelve a ocupar una posición central en la agenda política.
El Gobierno y las comunidades llevan años pendientes de la reforma de un sistema aprobado en 2009 y que debería haberse revisado en 2014. A ese debate se han sumado las negociaciones políticas sobre la financiación de Cataluña y los nuevos traspasos a la Generalitat.
De la Fuente plantea aprovechar una eventual reforma para realizar una "revisión general" de la financiación de las competencias singulares.
Su propuesta distingue entre dos situaciones.
Cuando una competencia se haya transferido o vaya a transferirse previsiblemente a todas las comunidades, debería dejar progresivamente de tratarse como singular. Su financiación pasaría a integrarse en el sistema general y se repartiría utilizando criterios objetivos vinculados a las necesidades de gasto, como la población o la población en edad escolar.
El modelo sería distinto para aquellas funciones que probablemente continuarán siendo singulares.
Noticia destacada
Borrell tacha de anomalía la falta de Presupuestos y mantiene su oposición a la financiación singular catalana
2 minutos
Comparar a las autonomías con lo que gasta el propio Estado
Policía, prisiones o determinadas funciones administrativas pueden seguir durante mucho tiempo en manos autonómicas en unos territorios y estatales en otros.
Para esos casos, De la Fuente propone una referencia especialmente sencilla: comparar cuánto recibe una comunidad por prestar el servicio con cuánto cuesta al Estado ejercer esa misma competencia allí donde no está transferida.
Ese cálculo permitiría construir un estándar común.
Si una autonomía recibe una cantidad muy superior o muy inferior al coste estatal de una función equivalente, existiría una referencia para analizar la diferencia y determinar si responde a circunstancias objetivas.
El objetivo sería evitar que el coste histórico del momento del traspaso continúe condicionando indefinidamente la financiación futura.
De la Fuente cuestiona utilizar más IVA para pagar nuevos traspasos
El trabajo entra también en una cuestión especialmente sensible para las futuras transferencias.
Fedea cuestiona la utilización de porcentajes adicionales de IVA como fórmula para financiar nuevas competencias singulares.
De la Fuente considera que recurrir a una mayor cesión de este impuesto "no parece la solución más adecuada", entre otras razones porque puede dificultar todavía más conocer cuánto recibe realmente cada territorio por una determinada función y aumentar la dispersión de las valoraciones.
El economista apuesta por mecanismos que permitan identificar claramente el coste de la competencia y comparar su financiación entre comunidades.
La advertencia adquiere importancia ante cualquier nuevo acuerdo que combine transferencias de funciones con cambios en los porcentajes de cesión tributaria.
Cataluña, en el centro de los próximos traspasos
Cataluña es el territorio donde este debate tiene una mayor dimensión económica y política.
Ninguna otra comunidad de régimen común gestiona tantas competencias que el Estado conserva en otras autonomías. Y la lista continúa creciendo.
El informe menciona expresamente el caso de Cercanías, cuya financiación todavía está ligada al contrato-programa del Estado con Renfe mientras avanza el nuevo modelo derivado del traspaso.
También analiza las becas y ayudas al estudio. La Generalitat ha asumido su gestión, aunque los fondos siguen procediendo de los Presupuestos Generales del Estado y los criterios básicos continúan siendo estatales.
Cada nueva transferencia obliga a responder a la misma pregunta: cuánto dinero debe acompañarla.
Y es ahí donde De la Fuente sitúa el problema que considera pendiente.
Noticia destacada
El Parlament exige una financiación más justa y singular para Catalunya que respete la ordinalidad
4 minutos
La factura que deja el mapa autonómico
España ha construido su mapa competencial durante décadas mediante sucesivas transferencias negociadas en momentos distintos y bajo circunstancias presupuestarias diferentes. El resultado es un sistema en el que no todas las comunidades gestionan lo mismo y, cuando sí lo hacen, el valor reconocido a funciones comparables puede variar considerablemente.
Fedea no propone igualar automáticamente todas las cantidades. Hay factores territoriales, demográficos y organizativos que pueden justificar costes diferentes.
Lo que reclama De la Fuente es poder explicar esas diferencias.
Para hacerlo propone publicar la financiación completa de cada competencia, revisar las valoraciones heredadas, integrar en el sistema general aquellas funciones que ya sean prácticamente comunes y establecer referencias objetivas para las que continúen siendo singulares.
Con más de 8.300 millones de euros anuales en juego y nuevos traspasos sobre la mesa, la revisión de la financiación autonómica tiene así una factura menos visible que el reparto general de recursos: determinar cuánto vale exactamente cada competencia dependiendo de quién la ejerza.