QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha destacado la necesidad de modificar la legislación y fiscalidad actuales para permitir la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España, asegurando que sin estos cambios, la tecnología no será «económicamente viable».
Durante una presentación de los resultados semestrales ante analistas, Galán explícito que con las normas vigentes, «desde luego no se va a solicitar esta ampliación». Sin embargo, se mostró optimista sobre la posibilidad de superar este «obstáculo», aunque mencionó la importancia de disminuir los impuestos que afectan a esta tecnología.
«Está muy claro, la fiscalidad actual hace que este plan no sea económicamente viable, incluso aunque sea la mejor solución económica para mantener las luces encendidas», enfatizó. Además, reafirmó su postura sobre la eficiencia de las centrales nucleares para mantener la energía constante, indicando que «todos los países ya estén ampliando su vida». «No solamente en Europa, otros países también están ampliando la duración de los programas nucleares», agregó.
Galán también señaló que España tiene la capacidad de integrar diversas fuentes energéticas para asegurar el suministro, aunque advirtió que los costos serían «mucho más caros» sin las nucleares. «Esto exige de una decisión, pero nosotros no confeccionamos la política energética, esto lo hacen los gobiernos, y el Gobierno tiene que tomar esa decisión», declaró, subrayando que el diálogo con el Ejecutivo es continuo.
AMPLIACIÓN DE LA VIDA ÚTIL SOBRE LA MESA
En 2019, los propietarios del parque nuclear español, que incluyen a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, acordaron con Enresa un plan para cerrar gradualmente las centrales entre 2027 y 2035. Sin embargo, recientemente, Endesa e Iberdrola propusieron al Gobierno extender la operatividad de estas instalaciones.
El Ministerio vio esta solicitud como «una declaración de intenciones» que no satisfacía las condiciones impuestas por el Gobierno, que incluyen la seguridad de las personas, la garantía del suministro y que no implique un aumento de costos para los ciudadanos. A pesar de esto, la propuesta mantenía la fecha de cierre final en 2035, pero sugirió prolongar los períodos intermedios.
