Los Gestores Administrativos reclaman adaptar Verifactu y la factura electrónica a las pymes

La regulación de la factura electrónica obligatoria B2B y de VERIFACTU no está hoy en una fase “parlamentaria clásica” (proyecto de ley en trámite), sino básicamente en fase reglamentaria del Gobierno. Las leyes habilitantes ya están aprobadas (Ley 11/2021 antifraude y Ley 18/2022 Crea y Crece), el reglamento VERIFACTU vía real decreto está en vigor pero con su entrada efectiva aplazada a 2027, y la factura electrónica B2B se ha desarrollado mediante un real decreto (identificado en las noticias como Real Decreto 238/2026) ya aprobado por el Consejo de Ministros. Lo que falta por cerrar son, sobre todo, órdenes ministeriales técnicas y la adaptación futura al marco europeo ViDA, que sí está entrando ahora en fase parlamentaria.

1. Marco legal ya cerrado en las Cortes

La obligación general de usar factura electrónica entre empresas y profesionales procede de la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, que establece el mandato B2B y remite a desarrollo reglamentario. La base legal de VERIFACTU está en la Ley 11/2021 antifraude, que obliga a que los sistemas informáticos de facturación garanticen integridad, trazabilidad e inalterabilidad y prevé un reglamento específico.

Esas dos leyes ya fueron tramitadas y aprobadas en legislaturas anteriores, de modo que hoy no hay una nueva “ley de factura electrónica/VERIFACTU” en curso en Congreso o Senado; el foco se ha desplazado al Ejecutivo (reales decretos y órdenes).

2. Estado de VERIFACTU: reglamento aprobado y calendario aplazado

El reglamento de sistemas informáticos de facturación (conocido como “Reglamento VERIFACTU”) se aprobó mediante el Real Decreto 1007/2023, que fija los requisitos de los programas de facturación y la estandarización de los registros. Hacienda ha explicado y modificado sus plazos en una nota del 1 de abril de 2025, donde detalla la ampliación de los periodos de adaptación, tanto en su versión web como en PDF: nota de Hacienda y PDF oficial.

Ese reglamento fue después aplazado un año mediante un real decreto-ley que el Congreso debía convalidar, tal y como recogían las agendas y las noticias parlamentarias analizadas, y que la prensa económica y sectorial describe como la prórroga hasta 2027 de la entrada en vigor efectiva de VERIFACTU. En el plano político, el Senado incluso ha aprobado una moción de Junts instando al Gobierno a “replantejar el desplegament de VERIFACTU” y a integrarlo con la factura electrónica y el SII en un modelo único alineado con la Directiva ViDA, según la propia formación en esta moción.

En paralelo, análisis doctrinales como el de “VERI*FACTU: Próxima parada de la factura electrónica” subrayan que el reglamento VERIFACTU ya está en vigor, pero su aplicación práctica se ha ido desplazando (primero a 2026 y luego a 2027) y debe coordinarse con otros sistemas de reporte y con la futura factura electrónica B2B. Prensa económica generalista, como Cinco Días, y numerosas notas sectoriales (por ejemplo de CEIM en este comunicado) dan por hecho este marco ya aprobado y en fase de despliegue escalonado.

3. Estado de la factura electrónica obligatoria B2B

El desarrollo reglamentario de la Ley 18/2022 se ha materializado en un real decreto de sistema español de facturación electrónica que, según el informe de la CNMC sobre el “proyecto de Real Decreto”, regula formatos, interoperabilidad entre la solución pública y plataformas privadas y requisitos de seguridad, tal como se detalla en la nota de la CNMC sobre el programa informático público.

Ese real decreto aparece en el ecosistema mediático y empresarial como el Real Decreto 238/2026, aprobado en Consejo de Ministros y enviado directamente al BOE, sin trámite parlamentario ordinario al tratarse de reglamentación ejecutiva. Las noticias de Demócrata señalan que:

• Obliga al uso de factura electrónica B2B y desarrolla el art. 12 de la Ley 18/2022 (crónica del Consejo de Ministros).
• La aplicación será escalonada: primero empresas con más de 8 millones de facturación y después el resto, con plazos de uno o dos años, según “El Gobierno acelera la factura electrónica B2B…” y “Factura electrónica B2B: el Gobierno retrasa su obligación de uso a julio de 2027 o 2028”.
• La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad valora positivamente el real decreto, pero reclama mayor agilidad y un listado de morosos más visible, según esta información.

Sin embargo, la “regulación definitiva” aún no está cerrada del todo: la propia Demócrata recuerda que la puesta en marcha real del sistema está pendiente de la Orden Ministerial que regula la solución pública de facturación electrónica, que en primavera de 2026 se encontraba en audiencia pública (según las piezas “Quiero influir” del 5 de mayo y 28 de abril de 2026: 5 de mayo y 28 de abril) y cuya aprobación definitiva se preveía inicialmente para finales de 2026, como subraya este análisis.

4. Conexión con la reforma europea del IVA (ViDA)

Un elemento añadido que condiciona el cierre “definitivo” del modelo es la Directiva europea ViDA. El Gobierno ha aprobado en junio de 2026 el proyecto de ley de transposición parcial, que ahora entra en fase parlamentaria, según la nota de Hacienda sobre ViDA. Esta reforma impulsa la factura electrónica armonizada y los sistemas de reporte digital en tiempo casi real; de ahí que el Senado, vía la moción de Junts citada, pida replantear VERIFACTU y la factura electrónica española para integrarlas con ViDA.

5. Conclusión sobre el “estado parlamentario”

En síntesis: a agosto de 2026, no hay una nueva ley en tramitación específica sobre factura electrónica obligatoria B2B o VERIFACTU. El Parlamento ya cerró las leyes marco (11/2021 y 18/2022), ha convalidado los reales decretos-ley que han ido ajustando calendarios y ejerce control político mediante mociones y enmiendas puntuales, pero el grueso de la “regulación definitiva” está en manos del Ejecutivo vía reales decretos y órdenes ministeriales, aún pendientes de rematar en el caso de la solución pública de factura electrónica y de la coordinación plena con la Directiva ViDA.

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España es, jurídicamente, el máximo representante de la organización colegial de los gestores administrativos a nivel estatal, pero sus competencias concretas no se detallan en la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, sino en el Estatuto orgánico de la profesión, modificado por el Real Decreto 2532/1998. Las normas que sí podemos leer con detalle definen sobre todo las funciones del propio Consejo General y el marco general de la organización colegial. A partir de ahí, el presidente se configura como el órgano unipersonal que encarna esa representación y dirige la actuación del Consejo, aunque en las fuentes consultadas no consta el listado exhaustivo de sus atribuciones estatutarias específicas. En consecuencia, puede describirse bien el marco legal y las funciones del Consejo General, pero no reproducir, artículo por artículo, las facultades del presidente.

Marco normativo básico

Las competencias del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, y en ese contexto las del presidente, se apoyan en un bloque normativo estatal:

• Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, la Ley 7/1997 y la Ley 25/2009. Puede consultarse su redacción consolidada en el BOE de la Ley 2/1974.
• Real Decreto 606/1977, de 24 de marzo, que adapta el Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Administrativo a la Ley de Colegios Profesionales: texto del RD 606/1977.
• Real Decreto 1324/1979, de 4 de abril, que vuelve a adaptar el Estatuto orgánico a la Ley 74/1978, de normas reguladoras de los Colegios Profesionales: RD 1324/1979.
• Real Decreto 2532/1998, de 27 de noviembre, que modifica el Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Administrativo, aprobado originariamente por el Decreto 424/1963, y que es la referencia clave para el Consejo General y su presidencia: RD 2532/1998.

La Ley 2/1974 establece, con carácter general, que cuando existen varios colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional debe existir un Consejo General, al que atribuye funciones de representación institucional, coordinación y relación con la Administración. Sin embargo, no entra al detalle de qué hace el presidente de cada Consejo; remite a los Estatutos de cada organización.

Funciones del Consejo General y papel institucional del presidente

El Estatuto orgánico de la profesión, según la redacción dada por el Real Decreto 2532/1998, define al Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España como:

• Órgano representativo de la profesión a nivel estatal e internacional.
• Órgano coordinador de la política y acciones desarrolladas por los Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas y por los Colegios de Gestores Administrativos.
• Corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
• Vía de relación profesional con la Administración General del Estado, a través del ministerio competente.

Entre las funciones del Consejo General (artículo 52 del Estatuto, en la versión modificada por el RD 2532/1998) se incluyen, entre otras, ostentar la representación que establezcan las leyes, servir de vía de relación con la Administración General del Estado, organizar servicios de interés para los colegiados, establecer baremos orientativos de honorarios, fijar criterios colegiales comunes o resolver recursos contra actos de los colegios cuando no exista Consejo autonómico.

En este marco, el presidente del Consejo General ejerce la representación institucional de la corporación y, por tanto, de la profesión de gestor administrativo ante:

• La Administración General del Estado.
• Otras Administraciones públicas.
• Organizaciones profesionales estatales e internacionales.

Además, el presidente forma parte de los órganos de gobierno del Consejo General que se integran con los presidentes de los Colegios territoriales. El artículo 53 del Estatuto, según el RD 2532/1998, establece que los presidentes de todos los Colegios designan entre los colegiados con una antigüedad mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión a quienes han de ostentar los cargos de presidente, vicepresidentes, secretario, tesorero, contador y otros, con mandatos de tres años y posibilidad de reelección.

Límites de la información disponible sobre las competencias del presidente

Los fragmentos del Estatuto orgánico a los que se ha podido acceder detallan con claridad:

• La naturaleza y funciones del Consejo General.
• Su composición y el sistema de elección del presidente y del resto de los cargos.

Sin embargo, el texto accesible se interrumpe precisamente cuando comienza a desarrollar el párrafo que empieza por «El Presidente del Consejo General…», por lo que no se dispone del articulado completo donde se enumeran, una por una, sus competencias específicas (presidir órganos, firma de acuerdos, régimen de sustituciones, etc.). No se puede, por tanto, reproducir con rigor el listado cerrado de funciones del presidente sin acudir al texto íntegro del Estatuto orgánico tal como fue aprobado y eventualmente modificado con posterioridad.

En síntesis, desde el punto de vista jurídico-político, el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos es el máximo representante de una corporación de derecho público de ámbito estatal, encarna la representación institucional de la profesión y dirige la actuación del órgano que coordina el conjunto de colegios de gestores administrativos de España, dentro del marco general de la Ley 2/1974 y del Estatuto orgánico modificado por el Real Decreto 2532/1998. Pero el detalle fino de sus competencias debe extraerse del texto estatutario completo, que no aparece íntegramente en las fuentes consultadas.

Según la normativa estatal vigente, la obligación de facturación electrónica B2B prevista en la Ley 18/2022 se concibe como prácticamente universal para todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales, sin establecer exenciones materiales específicas para pymes por volumen de negocio o facturación. Lo que sí prevé la ley es un régimen transitorio más largo para las empresas de menor tamaño desde que se apruebe el desarrollo reglamentario de esa obligación, pero no una exclusión permanente. Además, siguen vigentes las reglas generales del Reglamento de facturación, que regulan qué es una factura electrónica y cómo debe emitirse, sin introducir exenciones por tamaño empresarial. En la práctica, una pyme solo queda fuera de esta obligación si la operación no es una relación comercial B2B o si aún no ha entrado en vigor la fase del calendario que le corresponda, algo que deberá concretar el reglamento pendiente.

Marco legal básico de la obligación de facturación electrónica B2B

La pieza central es la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, que modifica la Ley 56/2007 para “impulsar la adopción generalizada de la factura electrónica” en las relaciones entre empresas y profesionales. El BOE de la Ley 18/2022 puede consultarse en este texto oficial.

En el preámbulo se indica expresamente que se amplía la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas “a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales”, para:

• Digitalizar las relaciones empresariales y reducir costes de transacción.
• Facilitar la transparencia en los plazos de pago y luchar contra la morosidad.

En el articulado, al modificar el artículo 2 bis de la Ley 56/2007 (texto de la Ley 56/2007), se establece que:

• “Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales.”

Esta redacción no distingue entre grandes empresas, pymes o autónomos: la obligación es general para quien tenga la condición de empresario o profesional y realice relaciones comerciales B2B.

¿Existe una exención específica para pymes?

En los fragmentos de la Ley 18/2022 que desarrollan la factura electrónica, se aprecia una preocupación clara por el impacto sobre las empresas de menor tamaño, pero se habla de periodos transitorios más amplios, no de exenciones:

• Se afirma que es “razonable conceder a las empresas de menor tamaño un mayor periodo de tiempo” para adaptarse.
• Se menciona que las empresas de menor tamaño contarán con un periodo transitorio de dos años desde la aprobación del desarrollo reglamentario para implementar la factura electrónica obligatoria.

No se establecen, en la información disponible, umbrales de facturación, número de empleados o volumen de negocio por debajo de los cuales una pyme quede exenta de la obligación. La diferencia para pymes y microempresas es de calendario, no de obligación material: deberán implantar la facturación electrónica, pero con más tiempo que las grandes empresas.

Además, la propia Ley 18/2022 remite a un desarrollo reglamentario (un real decreto u otra norma) para concretar:

• Los requisitos técnicos y de interoperabilidad de las soluciones de factura electrónica.
• El calendario detallado de implantación por tipo de empresa.

En las normas analizadas no aparece todavía ese reglamento específico de despliegue B2B que detalle plazos concretos o posibles modulaciones adicionales para ciertos colectivos de pymes. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre exenciones objetivas basadas en tamaño o facturación.

Otras normas relevantes y su relación con las exenciones

La obligación general de documentar operaciones mediante factura (en papel o electrónica) sigue regulada por el Real Decreto 1619/2012, Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (reglamento de facturación). Este reglamento:

• Define qué es factura electrónica: debe ajustarse al Reglamento y estar expedida y recibida en formato electrónico.
• Prevé que la emisión de factura electrónica se condiciona, en general, al consentimiento del destinatario.

Sin embargo, el Real Decreto 1619/2012 no introduce exenciones específicas a la factura electrónica por ser pyme, ni establece límites de importe o volúmenes de negocio que dejen fuera a determinadas empresas de la futura obligación general B2B prevista en la Ley 18/2022.

Por su parte, la ya veterana Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica en el Sector Público (Ley 25/2013) obliga a determinados proveedores a facturar electrónicamente a las Administraciones. De nuevo, se trata de un ámbito distinto (B2G, relaciones con el sector público) y no contiene exenciones generales por ser pyme; lo relevante ahí son los umbrales de importe y el tipo de proveedor, no su tamaño.

Supuestos en los que una pyme puede no estar sujeta

A partir de todo lo anterior, los únicos supuestos claros en los que una pyme no queda sometida a la obligación de facturación electrónica B2B de la Ley 18/2022, según lo disponible, son de carácter estructural, no “exenciones” específicas:

• Cuando no actúa como empresario o profesional en esa operación (por ejemplo, operaciones puramente privadas de una persona física).
• Cuando la operación no es una relación comercial con otro empresario o profesional (es decir, no es B2B sino, por ejemplo, B2C).
• Mientras el desarrollo reglamentario y el calendario de implantación no hayan entrado en vigor para su categoría de empresa (aspecto que la ley remite a futuras disposiciones y que no se detalla en las normas consultadas).

Más allá de esos casos, y de los matices ya existentes en algunos sectores concretos para la emisión de facturas electrónicas a particulares, la normativa estatal analizada no prevé hoy una exención general de la obligación de facturación electrónica para pymes, sino únicamente una implantación gradual una vez se apruebe y publique el correspondiente desarrollo reglamentario.