La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento de infracción contra España por vulnerar la normativa comunitaria sobre protección de datos de pasajeros y el tratamiento que de ellos realiza la Policía, al entender que las categorías de información almacenadas y el tiempo de conservación por parte de las autoridades son excesivos.
El expediente arranca con el envío de una carta de emplazamiento en la que se detallan al Estado miembro las irregularidades detectadas y se fija un plazo de dos meses para que adopte las medidas oportunas que permitan subsanarlas.
Si en ese periodo no se corrige el incumplimiento, Bruselas puede emitir un dictamen motivado, que amplía algo el margen para el diálogo con el Gobierno afectado, aunque constituye el paso inmediatamente anterior a la fase final del procedimiento, en la que se presenta una demanda contra el Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En este contexto, el Ejecutivo comunitario subraya que la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal establece cómo deben tratar las autoridades policiales los datos personales en el ejercicio de sus funciones, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos.
En la actualidad, España obliga a los proveedores de alojamiento, a las plataformas 'online' y a las compañías de alquiler de vehículos a recopilar, conservar y remitir los datos personales de los viajeros a una base de datos centralizada del Gobierno, accesible para las fuerzas policiales, un sistema que, a juicio de Bruselas, no se ajusta a la legislación comunitaria.
De este modo, los servicios comunitarios consideran "excesivas" las categorías de datos personales que se recaban y almacenan, por la amplitud de los conjuntos de información, en los que se incluyen datos de pago y del GPS.
También advierten de que el acceso de las autoridades policiales no está restringido a fines específicos y explícitos, tal y como marca la Directiva, y que los datos se conservan durante un periodo de tres años, un plazo que Bruselas califica de "desproporcionado".