La Xunta ha revisado al alza la previsión de la reserva presupuestaria que debería asumir el Gobierno gallego por la ley de transferencia de la AP-9 aprobada en el Congreso, y sitúa ahora ese esfuerzo en torno a los 4.000 millones de euros.
El Ejecutivo autonómico lo ha comunicado en una nota tras la reunión mantenida este martes entre la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, y representantes del tejido empresarial y de los usuarios: el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; el responsable de la Federación Galega de Transportes de Mercadorías (Fegatramer), Ramón Alonso; la directora de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada (Apetamcor), Natalia Blanco, y el portavoz de la asociación de usuarios En Colectivo, Diego Maraña.
En este encuentro, Deza explicó que la Xunta ha actualizado el informe técnico sobre la operación de transferencia y posible rescate de la AP-9. Según detalló, las nuevas estimaciones confirman que el rescate de la concesión, el propio traspaso y el mantenimiento de las bonificaciones representan importes de magnitud muy similar, y que la reserva presupuestaria necesaria alcanzaría los 4.000 millones.
La responsable de Infraestruturas volvió a defender que el traspaso de la AP-9 a Galicia debe ejecutarse conforme a lo aprobado por el Parlamento de Galicia en 2024, sin alterar las condiciones fijadas por la Cámara autonómica.
Uno de los asistentes, el portavoz de En Colectivo, Diego Maraña, señaló a Europa Press que considera “coherente” la posición de la Xunta en relación con la transferencia de la AP-9, al reclamar que se incorporen todos los costes que asumirá la Administración gallega.
Al mismo tiempo, desde En Colectivo critican la actitud del Ejecutivo central por no aplicar el dictamen de la Comisión Europea, que calificó de “ilegal” la prórroga de la concesión hasta 2048. De acuerdo con los cálculos que expone Maraña, el coste de transferir la autopista y mantener las actuales bonificaciones sin rescatar la concesión superaría los 4.000 millones, mientras que con rescate se reduciría a unos 2.300 millones.
“El Gobierno central es el que va a determinar qué quiere hacer con la autopista y con Galicia”, ha remarcado, avanzando que, previsiblemente, en septiembre se reunirá la comisión mixta encargada de cerrar los pormenores del traspaso.