Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha enfatizado que el nuevo informe sobre pensiones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) deberá realizar antes del 1 de junio de 2026, como parte del cumplimiento con las exigencias de Bruselas, será exclusivamente de seguimiento y no constituye una evaluación.
Esta precisión se da después de que Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, anunciara recientemente que han solicitado una aclaración a la Abogacía del Estado respecto al informe adicional solicitado por el Gobierno.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) difundió la semana pasada una alteración del Real Decreto de 18 de febrero que dicta cómo la AIReF debe analizar el sistema de pensiones, por si fueran necesarias medidas adicionales de ingresos.
Con los cambios realizados, la AIReF debe preparar un informe adicional al emitido el pasado 31 de marzo sobre la regla de gasto en pensiones, siguiendo una petición de Bruselas para que, en la evaluación de las pensiones, no se consideren como ingresos las transferencias del Estado, a diferencia de lo establecido en el Real Decreto anterior del Gobierno.
Fuentes del Ministerio han expresado su absoluto respeto por la independencia y autonomía de la AIReF, reiterando el apoyo del Gobierno a esta entidad. Han destacado que, a pesar de las recomendaciones de la AIReF y otras entidades internacionales, se han identificado áreas de mejora para los próximos años en relación con la sostenibilidad del sistema de pensiones.
LA AIREF PLANTEA UNA CONSULTA
En una conferencia de prensa, Herrero mencionó que han solicitado a la Abogacía del Estado que resuelva si las opiniones deben ser voluntarias y, por ende, no pueden ser impuestas por ley. Además, pidió que se esclarezca la terminología empleada en los recientes decretos y la ley orgánica respecto a los informes, insistiendo en la necesidad de una correcta utilización de los recursos de la AIReF.