Perú recurre la sentencia que limita la supervisión estatal del Puerto de Chancay de CK Hutchison

Ositrán apela la sentencia que limita su supervisión sobre el Puerto de Chancay y reabre el pulso regulatorio en un proyecto clave con capital chino.

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Bandera de Perú. MARINA DE GUERRA DE PERÚ

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El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia judicial relativa al Puerto de Chancay, controlado por la compañía china CK Hutchison, con el objetivo de recuperar la supervisión sobre dicha infraestructura.

“Los argumentos de la resolución demuestran inconsistencias y no se ajustan al marco jurídico nacional”, señaló el organismo en un comunicado.

El regulador llevó a cabo un estudio técnico y jurídico para respaldar su postura con base en la normativa vigente, que le otorga “funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras, de solución de controversias y reclamos”, siempre orientadas a la protección de los intereses de los usuarios de infraestructuras de transporte de uso público.

En este contexto, Ositrán fundamenta su defensa en su rol regulador vinculado al uso público de la infraestructura y sostiene que su participación “no depende de la existencia de un contrato de concesión, ni de la titularidad del puerto, sino del carácter de uso público de su infraestructura”.

De acuerdo con la regulación actual, argumenta el organismo, toda infraestructura de transporte de alcance nacional que ofrezca servicios al público “se encuentra dentro del ámbito de supervisión de Ositrán, independientemente que sea de titularidad privada o pública”.

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundado un recurso de amparo presentado en 2024 por Cosco Shipping Lines contra Ositrán por la supervisión del Megapuerto de Chancay, al considerar que esta actuación vulneraba sus derechos de control. La empresa china posee el 60% de participación en la infraestructura, mientras que el 40% restante está en manos de la minera peruana Volcan Compañía Minera.

Estados Unidos manifestó el pasado miércoles su “preocupación” por la posible merma de la capacidad de Perú para fiscalizar este puerto, que está “bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos”. “Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, escribió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su cuenta de 'X'.