QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Talgo ha experimentado un nuevo retraso en la entrega de 13 trenes de alta velocidad que había prometido a Renfe, situación que podría resultar en sanciones adicionales a las ya impuestas, que ascienden a 116 millones de euros debido a un retraso previo de más de dos años y medio en la entrega de los Avril 106.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mencionó este inconveniente el pasado viernes durante el anuncio de un nuevo plan de inversión de 1.000 millones de euros de Renfe para modernizar sus talleres y disminuir el número de incidencias técnicas. “Los 107 tendrían que haber llegado y seguimos sin fecha de entrega”, expresó en ese momento, destacando la necesidad de Renfe de contar con nuevos trenes, lo que le llevó a visitar la fábrica de Siemens en Alemania, aunque regresó con expectativas no totalmente satisfechas sobre la adquisición de estos trenes.
De acuerdo con los datos del contrato, revisados por Europa Press, los 107 trenes se corresponden con un acuerdo firmado con Renfe en 2021 por 126 millones de euros para la fabricación de 26 locomotoras de alta velocidad, capaces de alcanzar los 330 kilómetros por hora, constituyendo así 13 trenes. Aunque los detalles del contrato no se han hecho públicos, el mantenimiento de estas locomotoras, también en manos de Talgo por un importe de 84 millones de euros, debería haber comenzado en septiembre de 2024, pero los trenes aún no están en servicio.
Además, en 2018, Talgo se adjudicó otro contrato con Renfe para adaptar 156 vagones de los antiguos trenhotel a una velocidad de 330 kilómetros por hora, por un total de 107 millones de euros, que formarán parte de los nuevos 13 trenes AVE.
PRIORIDAD: TENER LOS TRENES CUANTO ANTES
La suma de estos contratos alcanza los 317 millones de euros, por lo que una penalización del 15% sobre el total, como la impuesta por el retraso de los Avril 106, podría ascender a casi 48 millones de euros. Sin embargo, fuentes de Renfe comunicaron a Europa Press que la prioridad actual es obtener la flota cuanto antes, más que imponer penalizaciones.
Esta situación añade presión a la compra aún pendiente del 30% de Talgo por un consorcio vasco, que incluye a Sidenor, el Gobierno vasco, BBK y Vital, con la participación del Estado a través de la SEPI y una inversión de 75 millones de euros, destinada a aumentar la capacidad industrial de la compañía y evitar futuros retrasos.
El Gobierno ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por los retrasos, que afectan a muchas líneas ferroviarias esperando la incorporación de los nuevos trenes, como los 107, diseñados para adaptarse a diferentes anchos de vía y permitir viajes a alta velocidad a regiones como Galicia o Asturias sin necesidad de cambiar de tren.
