La convocatoria anticipada de elecciones no pone fin, ni mucho menos, a la actividad regulatoria por parte del Gobierno. Y no sólo a través de decretos-ley.
Pocos ejemplos como el último decreto aprobado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa: modificaciones en once reglamentos para actualizar y reformar normativa del sector financiero en múltiples aspectos.
Criptoactivos
Las operaciones realizadas mediante cajeros de criptoactivos exigirán siempre identificar y comprobar la identidad del cliente, con independencia de la cantidad. Hasta ahora, la regla general situaba esa obligación en las operaciones ocasionales de 1.000 euros o más, aunque ya existían excepciones para actividades consideradas especialmente sensibles.
La reforma equipara los criptocajeros a los envíos de dinero y la gestión de transferencias. El objetivo es impedir que el fraccionamiento de operaciones o la utilización de pequeñas cantidades permita eludir los controles contra el blanqueo.
¿A quién afecta? A operadores de cajeros de criptoactivos, proveedores de servicios cripto y usuarios.
Juego online y medio de pago
Los operadores deberán comprobar que el titular de la tarjeta, cuenta o medio utilizado para depositar y retirar fondos coincide con el titular de la cuenta de juego.
Los jugadores ya registrados tendrán seis meses para regularizar sus medios de pago. Durante ese periodo podrán ingresar dinero y seguir jugando, pero no retirar los premios hasta completar la verificación. Si al concluir el plazo no se acredita la coincidencia, el operador deberá resolver el contrato, informar a la Dirección General de Ordenación del Juego y devolver el saldo y los premios pendientes, salvo las restricciones derivadas de la normativa antiblanqueo.
Los operadores disponen del mismo plazo para adaptar sus sistemas técnicos.
¿A quién afecta? A casas de apuestas, casinos online, plataformas de juego y sus clientes.
Operaciones notariales
La identificación y comprobación de la identidad también deberá realizarse, como regla general, en todas las operaciones efectuadas ante notario, aunque no tengan contenido económico o no alcancen los umbrales generales.
Quedan exceptuados los actos notariales contemplados en el artículo 163 del Reglamento Notarial (asilo, acogida de refugiados, repatriación u operaciones con funcionarios públicos). Además, los notarios deberán aplicar las políticas establecidas por sus órganos centralizados de prevención y comunicarles cualquier hecho u operación sospechosa, independientemente de su cuantía.
La reforma refuerza las funciones de estos órganos, que podrán analizar bases de datos, aprobar medidas de bloqueo, efectuar análisis de riesgo, auditar procedimientos internos y trasladar al Sepblac los resultados de esas auditorías.
¿A quién afecta? A notarios, registradores, órganos centralizados de prevención y clientes que formalicen operaciones notariales.
DNI digital e identificación electrónica
El DNI digital se reconoce expresamente como documento válido para identificar a ciudadanos españoles. Además, las entidades deberán conservar durante diez años la información obtenida mediante medios de identificación electrónica, junto con el resto de la documentación de diligencia debida.
Su aplicación no será inmediata. El decreto prevé un plazo de 18 meses desde su publicación, por lo que estas disposiciones serán aplicables a partir del 8 de abril de 2028, salvo que el desarrollo normativo determine alguna precisión operativa. Economía deberá aprobar mediante orden los medios tecnológicos necesarios.
¿A quién afecta? A bancos, aseguradoras, empresas de inversión, operadores de juego, plataformas financieras y demás sujetos obligados por la normativa contra el blanqueo.
Identificación remota
Los procedimientos utilizados para identificar clientes a distancia tendrán que respetar los requisitos mínimos fijados en las autorizaciones generales publicadas por el Sepblac. La norma busca homogeneizar sistemas como la videoidentificación y evitar que cada entidad aplique estándares técnicos diferentes.
Cuando una entidad no pueda completar la diligencia debida al iniciar una relación comercial, deberá efectuar un examen especial y valorar si procede realizar una comunicación por indicio al Sepblac. No se impone una comunicación automática, sino la obligación de analizar expresamente su procedencia.
Prevención del blanqueo
Los sujetos obligados deberán incorporar a sus políticas internas procedimientos para aplicar sanciones y contramedidas financieras internacionales, como la congelación de activos vinculados a personas o entidades sancionadas.
Sus evaluaciones internas tendrán que considerar, como mínimo:
- El análisis nacional de riesgos.
- El análisis supranacional de la UE.
- Los análisis sectoriales elaborados por las autoridades.
- Los riesgos de incumplimiento o elusión de sanciones internacionales.
También se regula expresamente la congelación inmediata de fondos cuando lo establezca la UE o el Consejo de Ministros. Las entidades deberán comunicar el bloqueo a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Representante obligatorio ante el Sepblac
Se elimina la excepción que permitía a determinados sujetos de pequeño tamaño no designar representante ante el Sepblac. Los negocios afectados que tengan menos de diez empleados y un volumen de negocio o balance anual no superior a dos millones de euros dispondrán de nueve meses para comunicar el nombramiento.
Aunque deben designar representante, estos pequeños operadores mantienen determinadas excepciones respecto de otras obligaciones de control interno. En los grupos empresariales, el representante podrá nombrar hasta tres personas autorizadas; en los demás casos, el máximo general será de dos.
Asociaciones y fundaciones
La norma sustituye un modelo general por otro basado en el riesgo. Las fundaciones y asociaciones de beneficio público que presenten un riesgo inherente superior al medio, o que trabajen en jurisdicciones consideradas de riesgo de financiación del terrorismo, deberán identificar y conservar información de donantes y beneficiarios en transacciones superiores a 1.000 euros.
Todas las asociaciones y fundaciones comprendidas en el régimen deberán implantar procedimientos para comprobar la idoneidad de sus responsables. Las personas que hayan sido condenadas por determinados delitos económicos, contra la Administración o relacionados con el terrorismo no podrán ocupar ciertos puestos, salvo que la entidad establezca mecanismos que controlen expresamente ese riesgo.
La Comisión de Prevención del Blanqueo tendrá que aprobar un análisis sectorial que identifique las actividades más expuestas y actualizarlo cada cuatro años. Las entidades religiosas quedan fuera de este régimen reglamentario específico porque se rigen por su propia normativa.
Información pública
El nuevo decreto ordena elaborar estadísticas mucho más amplias sobre comunicaciones sospechosas, investigaciones, condenas, bienes decomisados, actuaciones supervisoras, sanciones y solicitudes internacionales de información.
Además, el Sepblac deberá publicar durante el primer semestre de cada año un informe con:
- Comunicaciones por indicio recibidas.
- Información enviada a otras autoridades.
- Solicitudes de unidades extranjeras.
- Actividad supervisora y principales deficiencias detectadas.
- Recursos humanos disponibles.
- Tendencias y tipologías de blanqueo.
El análisis nacional de riesgos deberá actualizarse, como máximo, cada cuatro años. Se publicará una versión resumida que no contenga información clasificada ni permita identificar a personas o empresas.
Régimen interno del Sepblac
Limitación del mandato del director del Sepblac a seis años, sin posibilidad de renovación ni de cese a excepción de las causas tasadas en la norma. Al finalizar el mandato podrá seguir provisionalmente hasta seis meses. Ese período excepcional podrá alcanzar hasta doce meses para el director actualmente en el cargo.
También podrán incorporarse al organismo policías autonómicos, funcionarios estatales especializados y personal del CNI. Su adscripción requerirá convenios o decisiones formales de las administraciones correspondientes.
Menos comunicaciones de las cotizadas
La reforma reduce determinadas obligaciones de transparencia:
- Durante una OPA, el umbral a partir del cual un accionista debe comunicar compras pasa del 1 % al 3 % de los derechos de voto.
- Quien ya tenga al menos un 3 % deberá comunicar las variaciones posteriores durante el proceso.
- En autocartera, la empresa comunicará las operaciones cuando su participación alcance o cruce, al alza o a la baja, los umbrales del 3 %, 5 % o 10 %.
- El plazo para comunicar la autocartera será de cuatro días de negociación.
- Se suprime la obligación de detallar todas las operaciones individuales que hayan provocado el cruce.
- Desaparecen varias comunicaciones de administradores y directivos porque se solapaban con el Reglamento europeo de abuso de mercado.
El cambio rebaja la carga administrativa, pero también reduce la información sobre movimientos accionariales de entre el 1 % y el 3 % durante una OPA.
Cotización simultánea en el extranjero
Un depositario central español podrá abrir una cuenta técnica global que refleje los valores depositados en otro depositario situado fuera de la UE. Esa cuenta servirá únicamente para comprobar la integridad de la emisión y no otorgará derechos de titularidad.
Con este sistema, una cotizada española podrá facilitar la negociación de sus títulos en un mercado extranjero sin trasladar fuera de España el registro principal. La medida puede favorecer operaciones de doble cotización y ampliar el acceso a inversores internacionales.
También se limita la responsabilidad de los mercados en la admisión de valores no participativos, como bonos. Su función consistirá en comprobar los requisitos y la suficiencia formal de los documentos, pero no responderán por la veracidad de su contenido.
Cuentas de pago básicas gratuitas
Cuando una persona vulnerable no disponga de la documentación ordinaria, determinadas entidades del Sistema Nacional de Acogida o del Tercer Sector podrán proporcionar información sobre sus ingresos, patrimonio o riesgo de exclusión financiera.
Estas organizaciones deberán presentar una declaración responsable que acredite su condición o autorización. Los bancos deberán aceptarla, salvo que existan indicios razonables de falsedad, y considerar la información aportada al decidir si conceden la gratuidad de la cuenta.
No significa que la ONG sustituya automáticamente a los servicios sociales ni que el banco esté obligado a aprobar cualquier solicitud. La novedad consiste en abrir una vía adicional de acreditación en casos excepcionales.
Tarjetas bancarias para pagos públicos
Las cajas pagadoras podrán utilizar tarjetas en pagos «a justificar» y anticipos de caja fija cuando los medios ordinarios, como transferencias o cheques nominativos, no resulten aplicables y la necesidad esté debidamente motivada.
Es una posibilidad excepcional, no una autorización general para emplear tarjetas sin controles. Una orden ministerial conjunta de Hacienda y Economía deberá concretar su funcionamiento.
Otros cambios técnicos
- Fondo de Garantía de Depósitos: flexibiliza el momento y la base de cálculo de las aportaciones al compartimento de valores.
- Resolución bancaria: adapta las contribuciones al Fondo de Resolución Nacional a la normativa europea y excluye del perímetro consolidado a entidades exentas del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.
- Banco de España: amplía la información que deberá intercambiar con otros supervisores sobre todos los componentes regulados y no regulados de los grupos bancarios.
- Empresas de inversión de terceros países: elimina la obligación de remitir anualmente a la CNMV información equivalente a la exigida a las sucursales.
- Gobierno corporativo: habilita a la CNMV para desarrollar requisitos proporcionales al tamaño y complejidad de las empresas de servicios de inversión.
- Registro de sanciones: incorpora determinadas sanciones leves al registro público de la CNMV durante cinco años.
- Supervisión consolidada: amplía los supuestos en los que corresponde a la CNMV supervisar conjuntamente un grupo de sociedades de inversión.