Congress will act against massive IP blockages by LaLiga

Approves an initiative agreed upon by PSOE and ERC that anticipates a reform within the Digital Services Act to prevent judicial rulings against piracy from collapsing third-party pages. The PP also advances amendments

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The complaints about the massive fall of web pages caused by LaLiga's fight against piracy reached Congress months ago. And the Chamber is now preparing to take measures.

The Commission on Economy, Trade and Digital Transformation approved this Wednesday a non-legislative initiative to adopt measures, including promoting a legal change that prevents the indiscriminate blocking of IPs by judicial rulings.

The proposal, brought to the Commission by ERC, was finally agreed upon with the PSOE, and later backed by Sumar, Bildu, PNV, and Compromís. The PP and Vox voted against it. Junts abstained from the session.

The vote does not imply any legal change but it is not trivial. The Chamber rejected a proposal last year to act against these web page blockages. Now, it has agreed to take measures and the proposal itself sets the framework in which the reform will be undertaken.

Reform of Digital Services Act via amendment

The initiative agreed upon by PSOE and ERC, which Demócrata had access to, anticipates a reform in the Digital Services Act, a regulatory package for the application of this European regulation that is currently being processed in Congress.

Specifically, the agreement provides for incorporating the principle of technological proportionality, the gradation of measures to be adopted, and an “adequate consideration of third parties” in the execution of anti-piracy actions, in order to avoid “undue impact on legitimate services”.

It is also planned to strengthen the right to information, freedom of expression, and digital social innovation, to consider them protected rights against technological measures that may produce effects on third parties, especially when they affect free, non-profit, or public service applications.

The approved initiative consists of more points, among them the evaluation of the impact of these blocking orders, or improving coordination to prevent the execution of judgments from affecting digital platforms or services unrelated to the illicit content.

ERC asks for “clear rules” and guarantees

The proposal was defended in the Commission by the economic spokesperson for ERC, Inés Granollers, who criticized how the execution of court rulings following complaints from LaLiga have led to the blocking of legitimate digital platforms or public services such as the Transporta’m platform, which provides a citizen service on the state of transport infrastructure.

“Every time there is a football match, thousands of citizens are left without this service,” lamented the deputy, who supports the fight against piracy “but not at any price.” “Private interests are conditioning the functioning of the Internet with direct consequences on citizens,” Granollers continued, asking for “clear rules” so that third parties are not subjected to these judicial resolutions.

Public complaints against this type of blocking are continuous. Weeks ago, a citizen criticized that the geolocation application he uses to assist his father, who suffers from dementia, became overloaded when sharing a server with infrastructure flagged by LaLiga.

The PP also advances amendments

PSOE and ERC are not the only ones advancing amendments in the Digital Services Act. Despite rejecting the initiative, the Popular Group shared the starting point of ERC's proposal and defended a more proportionate execution of judgments to avoid less legislative measures.

Her deputy Laura Lima highlighted the importance of the role of intermediary platforms operating on shared infrastructures for these blocks to be selective and requested improvements for more precise execution of the blocks.

Finally, advanced amendments to impose specific obligations on platforms and providers operating in shared infrastructures and thus prevent executions from affecting third parties.

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¿En qué estado de tramitación parlamentaria se encuentra la Ley de Servicios Digitales en el Congreso?

Estado de tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios Digitales en el Congreso

Actualmente, en el Congreso de los Diputados existen dos iniciativas principales relacionadas con la aplicación en España del Reglamento (UE) 2022/2065, conocido como “Ley de Servicios Digitales”. La más relevante, el Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales (121/000068), sigue en tramitación parlamentaria y está pendiente de dictamen en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital y de votación en el Pleno. Otra iniciativa, la Proposición de Ley para habilitar a la CNMC como coordinador de servicios digitales (122/000272), fue rechazada en el Pleno y no continuará su tramitación.

Detalle de las iniciativas y su estado

La iniciativa más avanzada es el Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales (121/000068), presentado por el Gobierno y publicado el 29 de agosto de 2025. Este proyecto está en fase de comisión, pendiente de dictamen y de su posterior votación en el Pleno del Congreso. Todavía no ha sido remitido al Senado.

Por otro lado, la Proposición de Ley sobre la habilitación legal de la CNMC como coordinador de servicios digitales (122/000272), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, fue votada en el Pleno el 14 de abril de 2026 y no fue tomada en consideración (163 votos a favor, 174 en contra y 8 abstenciones), por lo que ha quedado descartada y no pasará al Senado.

Contenido esencial de las iniciativas

Ambas iniciativas buscan adaptar el marco legal español al Reglamento (UE) 2022/2065. El proyecto de ley del Gobierno introduce reformas en varias leyes para reforzar la gobernanza y la supervisión de los servicios digitales, mientras que la proposición rechazada pretendía designar a la CNMC como coordinador nacional de servicios digitales, en línea con las exigencias europeas.

No se dispone de más iniciativas en tramitación bajo la denominación “Ley de Servicios Digitales” ni de otras propuestas que hayan superado la fase de registro o publicación en el Congreso.

¿Qué cambios concretos introduce el Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales? ¿Qué argumentos se expusieron en el Congreso para rechazar la proposición de ley sobre la CNMC como coordinador de servicios digitales? ¿Cuál es el calendario previsto para la votación en el Pleno del Proyecto de Ley sobre servicios digitales?

¿Cuáles son las competencias de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en materia de servicios digitales?

Competencias de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en materia de servicios digitales

La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados es el órgano parlamentario encargado de tramitar y controlar todas las iniciativas legislativas y políticas públicas relacionadas con los servicios digitales y la economía digital. Sus competencias abarcan desde la regulación de plataformas y servicios de la sociedad de la información hasta la protección de consumidores en el entorno digital y la promoción de la transformación digital de la economía. Además, coordina su actividad con otras comisiones del Congreso y con el Senado para abordar la transversalidad de las materias digitales.

Ámbitos materiales de competencia

La Comisión aborda cuestiones como:

  • Servicios de la sociedad de la información (comercio electrónico, servicios en línea, plataformas digitales).
  • Regulación y promoción de la economía digital y la transformación digital.
  • Normativa sobre plataformas digitales, intermediación y mercados digitales.
  • Protección de consumidores y usuarios en el entorno digital (transparencia, seguridad, derechos digitales).
  • Fomento de la innovación tecnológica y digitalización empresarial.
  • Políticas públicas de digitalización, conectividad e infraestructuras digitales.
  • Aspectos económicos vinculados a la digitalización, como competencia y fiscalidad digital.

Tipos de iniciativas que tramita

La Comisión es competente para tramitar:

  • Proyectos de ley remitidos por el Gobierno sobre economía y servicios digitales.
  • Proposiciones de ley de los grupos parlamentarios en estas materias.
  • Proposiciones no de ley (PNL) con recomendaciones o posicionamientos sobre servicios digitales.
  • Comparecencias de ministros, altos cargos, expertos o representantes del sector digital.
  • Informes y dictámenes sobre iniciativas legislativas o políticas públicas digitales.
  • Control y seguimiento de la ejecución de políticas públicas en materia digital.

Relación con otras comisiones

Debido al carácter transversal de los servicios digitales, la Comisión coordina su actividad con:

  • La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado, especialmente en la tramitación legislativa conjunta.
  • Otras comisiones del Congreso, como Industria, Comercio y Turismo (digitalización industrial), Derechos Sociales o Justicia (protección de derechos digitales), Hacienda (fiscalidad digital) y Ciencia, Innovación y Universidades (innovación tecnológica).
En materias compartidas, puede emitir informes o dictámenes conjuntos y coordinar la tramitación para asegurar un enfoque integral.

Resumen

En definitiva, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital es el órgano clave para la regulación, impulso y control de los servicios digitales en el ámbito parlamentario español, actuando de forma coordinada con otros órganos para abordar la complejidad y transversalidad de la economía digital.

¿Qué iniciativas legislativas recientes ha tramitado esta Comisión en materia de servicios digitales? ¿Cómo se coordina la Comisión con otras comisiones cuando una iniciativa afecta a varios ámbitos? ¿Qué papel tienen las comparecencias de expertos en la elaboración de leyes sobre servicios digitales?

¿Qué requisitos legales deben cumplirse para modificar la Ley de Servicios Digitales en España?

Requisitos legales para modificar la Ley de Servicios Digitales en España

Para modificar la Ley de Servicios Digitales en España, es necesario seguir el procedimiento general de reforma legislativa aplicable a cualquier ley ordinaria. Esto implica la presentación de una nueva iniciativa legislativa (proyecto o proposición de ley), su tramitación y aprobación en ambas cámaras de las Cortes Generales, y la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, si la ley desarrolla normativa europea, debe respetar los límites y obligaciones derivados del Derecho de la UE.

Iniciativa y tipos de propuestas

La modificación puede iniciarse mediante:

  • Proyecto de ley: Presentado por el Gobierno.
  • Proposición de ley: Presentada por grupos parlamentarios, el Senado, las Asambleas autonómicas o, en algunos casos, por iniciativa popular.

Tramitación parlamentaria

La iniciativa se somete a debate y votación en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, en el Senado. Durante este proceso, los grupos pueden presentar enmiendas para modificar el texto. La aprobación requiere mayoría simple en ambas cámaras, salvo que la reforma afecte a materias especialmente protegidas por la Constitución.

Informes y dictámenes

En función del contenido, pueden ser necesarios informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado, la CNMC o la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente si la reforma afecta a derechos fundamentales o a la regulación de servicios digitales.

Límites materiales y Derecho de la UE

Si la Ley de Servicios Digitales transpone o desarrolla normativa europea (como el Reglamento de Servicios Digitales), cualquier modificación debe respetar los límites y obligaciones impuestos por el Derecho de la UE.

Procedimiento de urgencia y plazos

El procedimiento puede acelerarse mediante la tramitación de urgencia, pero siempre debe respetarse el debate y votación en ambas cámaras. Los plazos mínimos varían según la complejidad y el consenso político.

Aprobación y publicación

Una vez aprobada la reforma por ambas cámaras, el texto definitivo se remite al Rey para su sanción y promulgación. Finalmente, la ley reformada se publica en el BOE y entra en vigor en la fecha que se indique en el propio texto o, en su defecto, a los 20 días de su publicación.

En resumen, modificar la Ley de Servicios Digitales requiere tramitar y aprobar una nueva ley que cambie, añada o elimine partes de la ley original, siguiendo el procedimiento parlamentario ordinario y respetando los límites constitucionales y europeos aplicables.

Boletín Oficial del Estado (BOE) ¿Qué diferencias existen entre un proyecto de ley y una proposición de ley en el proceso de reforma legislativa? ¿Qué papel juegan los órganos consultivos como el Consejo de Estado en la modificación de leyes digitales? ¿Cómo afecta la normativa europea a la capacidad de España para modificar la Ley de Servicios Digitales?

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¿Qué reforma concreta se prevé para evitar el bloqueo indiscriminado de IP en la lucha contra la piratería?

Question 1 of 3

¿Qué partidos votaron en contra de la iniciativa para frenar los bloqueos masivos de IP?

Question 2 of 3

¿Qué derechos se busca reforzar en la reforma propuesta para limitar los bloqueos masivos de IP?

Question 3 of 3

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