Encuesta elecciones generales: nuevo suelo para Sánchez tras Ceuta, con un PP al alza y Vox rondando a los socialistas, según Data10

A 31 de agosto de 2026 no existe ninguna convocatoria electoral formal derivada de la crisis de Ceuta. Ni el Boletín Oficial del Estado ni los boletines oficiales consultados recogen un decreto de disolución de la Asamblea de Ceuta, ni tampoco un decreto de convocatoria de elecciones generales ligado a estos hechos. El debate sobre ir a las urnas está hoy en el plano estrictamente político y mediático, no en el jurídico-formal.

1. Qué sí se ha aprobado oficialmente tras la crisis de Ceuta

Las medidas adoptadas por el Gobierno que tienen reflejo normativo en el BOE están relacionadas con la gestión de la crisis, no con la apertura de un ciclo electoral:

• Se ha declarado en Ceuta una “situación de interés para la seguridad nacional” y se ha creado un mando único para coordinar la respuesta del Estado, bajo la dirección del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Así lo detalla el real decreto reseñado en el BOE y explicado en la nota del Ministerio de Economía y en la información de Demócrata sobre la luz verde al mando único.
• Ese mando único se prolonga, según el BOE, hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga o finalización anticipada “en función de la evolución de los acontecimientos”. Es decir, la arquitectura jurídica que se ha activado es de seguridad nacional y gestión de la emergencia, no de adelanto electoral.
• Paralelamente, se han habilitado recursos extraordinarios (sanitarios, de acogida, de refuerzo policial y militar, y de apoyo económico) y se ha articulado una intensa agenda institucional y parlamentaria (comparecencias, visitas, movilizaciones y apoyos de otras administraciones), pero todo ello encuadrado en la respuesta a la crisis, no en un calendario electoral.

2. Debate político sobre elecciones, pero sin decreto

Diversos actores han vinculado la crisis de Ceuta con la posibilidad de adelantar elecciones generales:

• Dirigentes del PP (por ejemplo, Miguel Tellado o Borja Sémper) han calificado la gestión del Gobierno como motivo suficiente para una dimisión y convocatoria de elecciones, y Demócrata recoge encuestas en las que una parte relevante del electorado apoya ir a las urnas “lo antes posible”.
• Algunos responsables socialistas territoriales (como el alcalde de Cuenca) se han sumado a la idea de un adelanto, mientras que otras voces, como la de Juan Jesús Vivas en Ceuta, han elevado el tono de sus exigencias al Ejecutivo central.
• Vox y otros actores han pedido abiertamente tanto elecciones generales como cambios de gobierno en Ceuta, pero siempre como posiciones políticas, no como trámites ya activados.

Sin embargo, según el análisis de Demócrata sobre la “cuenta atrás para las elecciones generales” y el calendario electoral, Pedro Sánchez mantiene públicamente la intención de agotar la legislatura, con horizonte máximo en agosto de 2027. No hay rastro de un real decreto de disolución de las Cortes ni de convocatoria de elecciones generales ligado a Ceuta.

3. ¿Y la Asamblea de Ceuta? Sin disolución ni adelanto autonómico

En el plano autonómico-local tampoco aparece, en los documentos revisados:

• Ningún decreto de disolución de la Asamblea de Ceuta.
• Ningún decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea en el BOE ni en extractos de boletines oficiales autonómicos comentados por la prensa.

Lo que sí se observa es:

• Una crisis política intensa en la propia ciudad (rupturas internas en el PSOE ceutí, presiones de Vox para entrar en el gobierno local, críticas cruzadas entre partidos).
• Un fuerte clima de movilización social y un llamamiento unánime de la Asamblea de Ceuta a reforzar la respuesta del Estado, a través de la Ley de Seguridad Nacional y del mando único.

Todo ello sitúa a Ceuta en una fase de inestabilidad política y presión social, pero jurídicamente la Asamblea sigue en pie y no consta que haya sido disuelta.

4. En qué “fase” está realmente la supuesta convocatoria

Con la información disponible, la “próxima convocatoria electoral” a la que se alude tras la crisis de Ceuta se encuentra, en términos jurídicos, en una fase puramente hipotética o prepolítica:

• No hay decreto de disolución ni de convocatoria ni de la Asamblea de Ceuta ni de las Cortes Generales.
• El debate sobre adelanto electoral se desarrolla en el Congreso, los partidos y los medios, pero no se ha traducido en actos formales de disolución.
• La actuación del Gobierno se ha centrado en reforzar la seguridad, la coordinación institucional y la respuesta humanitaria y económica, manteniendo oficialmente la voluntad de agotar la legislatura.

En resumen: hoy no existe un proceso de convocatoria electoral técnicamente “en tramitación” vinculado a la crisis de Ceuta. Lo que sí hay es una crisis que tensiona la legislatura y alimenta la discusión sobre un adelanto, pero sin que se haya dado el paso decisivo y jurídicamente relevante de firmar y publicar un decreto de disolución.

No se ha podido recuperar, en las fuentes consultadas durante esta interacción, información útil y específica sobre las competencias del presidente del Gobierno de España en materia de política migratoria y de relaciones exteriores. El resultado obtenido se refería a las funciones del presidente del Congreso de los Diputados, que son ajenas a tu pregunta, de modo que no puede emplearse como base fiable para describir las potestades del jefe del Ejecutivo.

Dado el marco en el que opero en esta conversación, debo ceñirme estrictamente a la información que devuelven las herramientas de consulta activadas en este turno. Cuando esa información es irrelevante para la cuestión —como ocurre aquí—, no es correcto que derive de ella, ni que la complemente con datos no comprobados en esta misma búsqueda, una explicación detallada sobre el régimen constitucional y legal del presidente del Gobierno en los ámbitos que planteas.

En términos generales, para responder con el nivel de precisión que estás pidiendo sería necesario, como mínimo, contrastar tres grandes bloques normativos y organizativos:

• La Constitución Española, que establece la posición del presidente del Gobierno dentro del sistema institucional, su función de dirección de la acción del Gobierno y su responsabilidad ante las Cortes Generales. A partir de esos preceptos constitucionales se puede extraer el marco de sus competencias generales, también cuando se proyectan sobre ámbitos sectoriales como la política migratoria o la acción exterior.
• La legislación sobre el Gobierno y la Administración (leyes que regulan la organización y funcionamiento del Gobierno), que concreta cómo se distribuyen las competencias entre el presidente, el Consejo de Ministros y los distintos departamentos ministeriales, así como los instrumentos de dirección política, coordinación y delegación que el presidente puede utilizar respecto de los ministros de Interior, Inclusión/Seguridad Social/Migraciones y Asuntos Exteriores.
• Las normas que ordenan la acción exterior del Estado y la estructura de la Administración General del Estado en el exterior, además de los reales decretos de estructura orgánica de los ministerios competentes. Esas normas permiten precisar qué corresponde ejercer directamente al presidente (por ejemplo, en la definición de grandes orientaciones o en determinadas decisiones singulares), qué se canaliza colegiadamente a través del Consejo de Ministros y qué se gestiona en el día a día a nivel ministerial o de órganos directivos.

Sobre esa base, una respuesta completa debería distinguir con claridad entre:

• Las funciones generales de dirección política del presidente —que abarcan, por su propia naturaleza, la definición de las líneas estratégicas en política migratoria y exterior y la capacidad de impartir directrices a los ministros implicados—.
• Las competencias colegiadas del Consejo de Ministros, en las que el presidente actúa como presidente del órgano y responsable último de la acción de Gobierno, pero las decisiones se adoptan de forma conjunta (por ejemplo, aprobación de proyectos normativos, acuerdos internacionales, planes o estrategias).
• El ámbito gestor y de ejecución, que recae principalmente en los ministerios sectoriales, si bien condicionado por las directrices del presidente y del propio Gobierno.
• Y, finalmente, la responsabilidad política ante las Cortes Generales, que incluye mecanismos como las sesiones de control, las interpelaciones, las mociones de censura o las solicitudes de comparecencia para explicar la política migratoria o de relaciones exteriores; mecanismos a través de los cuales el presidente puede ser directamente exigido de responsabilidad por la orientación y resultados de estas políticas.

Sin embargo, para no vulnerar las restricciones de esta sesión, no puedo detallar ni transcribir el contenido concreto de los preceptos constitucionales o legales ni atribuir competencias específicas al presidente del Gobierno de España que no hayan sido verificadas en las fuentes accesibles en este turno. Si necesitas un análisis sustantivo, con cita de artículos y distribución detallada de competencias, sería preciso realizar una nueva consulta a las bases normativas y doctrinales pertinentes.

El Partido Popular pasó en 2019 por su peor momento histórico en el Congreso y, desde entonces, ha protagonizado una recuperación muy intensa hasta convertirse en la primera fuerza en escaños tras las generales de 2023. Con los datos disponibles en las fuentes consultadas, puede trazarse una evolución clara en número de diputados, aunque no siempre con el detalle de votos y porcentajes que pides para cada cita electoral.

Resultados del PP en las elecciones generales de 2019

28 de abril de 2019 (28A)

Las elecciones del 28 de abril de 2019 marcaron el peor resultado histórico del PP en el Congreso. Un análisis de Demócrata sobre la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo recuerda que ya entonces él criticó la estrategia de Pablo Casado en esa campaña porque condujo a ese desplome:

– Se indica expresamente que el PP obtuvo solo 66 escaños en el Congreso, un mínimo sin precedentes para el partido conservador a nivel estatal.
– Ese resultado dejó al PP muy lejos del PSOE y abrió un ciclo de reflexión interna en la derecha, con Vox irrumpiendo y Ciudadanos aún fuerte.

En las noticias analizadas no aparecen cifras desglosadas de votos totales ni del porcentaje de voto del PP en el 28A, pero sí queda claro que los 66 diputados supusieron un suelo histórico y un fuerte cuestionamiento de la estrategia seguida entonces.

10 de noviembre de 2019 (10N)

El 10 de noviembre se repitieron las elecciones generales y el PP mejoró sensiblemente respecto al 28A. Diversos textos de análisis sobre la evolución de la derecha señalan:

• Que el 28A fue el punto más bajo (66 diputados) y que, tras esa repetición, el PP recuperó terreno en escaños.
• Que el tablero a partir de entonces quedó dominado por un bloque de derechas más fragmentado, con Vox alcanzando su mejor marca hasta ese momento y el PP saliendo de la zona de “suelo histórico”.

Sin embargo, en la documentación consultada no se recogen de forma explícita los números exactos de votos, porcentaje y escaños del PP el 10N de 2019. Por tanto, no es posible ofrecer aquí una cifra precisa y verificable a partir de esas fuentes; solo se puede afirmar con seguridad que:

• El PP aumentó de forma clara su representación frente a los 66 diputados del 28A.
• Siguió en la oposición, pero con un grupo más robusto y ya sin estar en mínimos históricos.

Evolución de la representación del PP en el Congreso desde 2019

De la XIII a la XIV Legislatura

La XIII Legislatura (la que arranca tras el 28A y se cierra con la repetición del 10N) fue muy breve. El PP pasó en unos pocos meses:

• De un grupo de 66 diputados, que reflejaba un suelo electoral sin precedentes.
• A un grupo mayor tras el 10N, que le permitió recomponerse parcialmente frente al PSOE y el ascenso de Vox (aunque las cifras exactas no aparecen en los textos consultados).

La XIV Legislatura (2020‑2023) consolidó al PP como principal partido de la oposición, pero aún lejos del PSOE en escaños. Los análisis internos recogidos por Demócrata subrayan:

• La continuidad del PP como segunda fuerza de la Cámara.
• Una recomposición orgánica y parlamentaria que desembocará, en 2022, en la llegada de Feijóo a la presidencia del partido y en la reconfiguración del grupo en la Cámara.

El salto de 2023: 137 diputados

El verdadero giro en representación se produce con las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Diversos análisis demoscópicos citados por Demócrata utilizan el resultado de 2023 como referencia y coinciden en los mismos datos:

• El PP obtuvo en 2023 137 escaños en el Congreso.
• Su porcentaje de voto fue del entorno del 33,1 % a nivel estatal.
• Se convirtió en la primera fuerza en escaños, aunque sin mayoría absoluta y sin poder formar Gobierno en solitario.

A partir de ese momento, toda la demoscopia posterior compara sus proyecciones con esa base de 137 diputados, describiendo a un PP que orbita en torno a los 140‑150 escaños hipotéticos y que sigue siendo el grupo con mayor tamaño en el Congreso.

Cambios internos y estabilidad del grupo desde 2023

Los artículos sobre la XV Legislatura muestran que ha habido una renovación significativa de escaños por renuncias individuales, pero no un cambio de fondo en el peso del PP:

• Un reportaje de enero de 2025 señala que, de los 350 diputados que tomaron posesión en agosto de 2023, 45 ya no ocupaban su escaño; de ellos, nueve eran del PP.
• Otro análisis de agosto de 2024 indica que el PP acumulaba ocho bajas, siempre sustituidas por los siguientes de la lista, manteniendo intacto el número global de diputados del grupo.
• Las notas sobre la Diputación Permanente reflejan la posición dominante del PP en ese órgano, con el mayor número de representantes dentro de la distribución proporcional entre grupos.

Es decir, desde 2023 el Grupo Popular ha sufrido varias sustituciones (salidas para asumir otros cargos, cambios de rumbo profesional, etc.), pero no se observa un transfuguismo masivo ni una merma sustancial de su tamaño: se mantiene en torno a los 137 escaños que obtuvo en las urnas.

En conjunto, la trayectoria desde 2019 puede resumirse así: el PP parte de suelo histórico en el 28A (66 diputados), se recupera en la repetición de noviembre, consolida su papel de oposición en la XIV Legislatura y da finalmente un salto claro en 2023 hasta los 137 escaños, que sostienen hoy su condición de primera fuerza parlamentaria, con ajustes internos pero sin grandes alteraciones en su representación numérica.