Encuesta elecciones generales: Vox gana 1,1 puntos, el PSOE vuelve a caer y el PP amplía a casi 7 puntos su ventaja, según InvyMark

En el sistema constitucional español, la convocatoria de elecciones generales está estrechamente regulada, pero los trámites parlamentarios propiamente dichos son muy limitados: la decisión central es un acto del presidente del Gobierno y del Rey, y no del Congreso ni del Senado. Aun así, la forma en que se llega a esa disolución y los plazos posteriores dependen del supuesto de que se trate.

1. Disolución anticipada decidida por el presidente del Gobierno

Es el supuesto más frecuente. Los pasos fundamentales son:

• Decisión política del presidente del Gobierno: el presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, decide proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales. Esta decisión debe respetar ciertos límites constitucionales (no puede adoptarse si está en tramitación una moción de censura, durante los estados de excepción o sitio, ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución por esta misma vía).
• Propuesta formal al Rey: el presidente se dirige al Rey y le propone la disolución y la convocatoria. No existe un debate ni una votación previa en el Congreso o en el Senado sobre esta decisión.
• Real Decreto de disolución y convocatoria: el Rey firma el real decreto por el que se disuelven las cámaras y se convocan elecciones, que debe ser siempre refrendado por el presidente del Gobierno. En un único texto se recogen:
  • La disolución del Congreso y del Senado (o de una sola cámara, si se decide así).
  • La fecha de las elecciones generales.
• Publicación en el BOE: el real decreto se publica en el Boletín Oficial del Estado. Con esa publicación la disolución de las cámaras surte efecto y se inicia el calendario electoral fijado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En este escenario, los trámites parlamentarios se reducen a la notificación formal a las mesas del Congreso y del Senado y a la liquidación de asuntos pendientes; pero no hay acuerdo ni votación de las cámaras para autorizar la disolución.

2. Convocatoria automática por expiración del mandato de cuatro años

Si no se ha producido una disolución anticipada, el mandato del Congreso expira a los cuatro años de su elección. El procedimiento es muy similar:

• Al aproximarse la fecha de expiración, el Gobierno debe preparar la convocatoria de elecciones generales.
• El Rey dicta, a propuesta del presidente del Gobierno y con su refrendo, un real decreto que:
  • Declara la disolución del Congreso (y, en la práctica, también del Senado para renovar ambas cámaras).
  • Fija la fecha de las elecciones.
• El decreto se publica en el BOE y las Cortes quedan disueltas en esa fecha.

De nuevo, el Congreso y el Senado no deliberan ni votan sobre la convocatoria; simplemente agotan su mandato y quedan disueltos por el real decreto correspondiente.

3. Convocatoria tras un fracaso de la investidura

Este es el único caso en el que el papel del Congreso condiciona directamente la obligación de convocar elecciones:

• Sesiones de investidura: tras unas elecciones, el Rey propone un candidato a la presidencia del Gobierno; el Congreso celebra uno o varios debates de investidura y vota. Se exige mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en segunda.
• Cómputo del plazo de dos meses: si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, se abre un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura. Durante ese tiempo pueden celebrarse nuevas investiduras con otros candidatos.
• Fracaso de todas las investiduras: si transcurren esos dos meses sin que ningún candidato haya sido investido, la Constitución ordena que las cámaras queden disueltas automáticamente.
• Real Decreto de disolución y convocatoria: el Rey, esta vez sin margen de opción política, debe expedir un real decreto que:
  • Declara disueltos el Congreso y el Senado.
  • Convoca elecciones generales.
  El decreto también se refrenda por el presidente del Gobierno en funciones.

En este supuesto sí hay una intensa actividad parlamentaria previa (los debates y votaciones de investidura), pero la decisión de disolver y convocar sigue formalizándose en un real decreto del Rey, no mediante acuerdo plenario.

4. Plazos comunes desde la disolución hasta la nueva legislatura

Sea cual sea la vía de disolución, los plazos básicos son siempre los mismos:

• Entre la disolución y el día de la votación: la LOREG fija, con carácter general, un plazo de unos cuarenta y tantos días (en la práctica, siete semanas) desde la publicación del real decreto hasta la jornada electoral. En ese periodo se desarrollan las fases de presentación de candidaturas, proclamación, campaña electoral y jornada de reflexión.
• Constitución del nuevo Congreso y del nuevo Senado: tras las elecciones, las cámaras deben constituirse en un plazo breve (en la práctica, alrededor de tres semanas desde la votación, según establezca el propio real decreto y la LOREG). En la sesión constitutiva se eligen las mesas y se declaran formalmente constituidas las Cortes Generales.

A partir de la constitución del nuevo Congreso, el Rey puede iniciar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la presidencia del Gobierno, y se abre así un nuevo ciclo parlamentario.

En sentido estricto, el Reglamento del Congreso de los Diputados no regula la figura de un “presidente del Partido Popular en el Congreso” como cargo propio de la Cámara. Lo que sí regula son los grupos parlamentarios y sus portavoces. Por eso, las “competencias” del presidente del PP en el Congreso se articulan en dos planos: como líder del partido (competencias internas, fijadas por los estatutos del PP) y como diputado que dirige o condiciona la línea del Grupo Parlamentario Popular, cuyas funciones sí están vinculadas al Reglamento.

1. Marco general: el papel de los grupos parlamentarios

El Congreso funciona a través del Pleno y de órganos como la Mesa, la Junta de Portavoces, las comisiones y la Diputación Permanente. Según una nota oficial sobre la organización de la Cámara, la Junta de Portavoces está constituida por el presidente del Congreso y los portavoces de los grupos parlamentarios, y su función principal es aprobar, junto con la Presidencia, el orden del día del Pleno (nota de Moncloa sobre el Congreso).

Los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Popular, son las unidades básicas de organización política de la Cámara: registran iniciativas, participan en comisiones, proponen miembros para la Diputación Permanente y reciben recursos económicos y materiales. Una pieza de Demócrata recuerda que el Reglamento prevé que el Congreso ponga a disposición de los grupos los medios materiales necesarios y una subvención fija y otra variable en función de sus miembros; el PP ha defendido incluso que esos recursos, el tiempo de palabra y la presencia en órganos se asignen de manera más estrictamente proporcional al tamaño del grupo, subrayando que su presidente “habla en nombre de 137 diputados” y no debería tener el mismo tiempo que portavoces de grupos pequeños (Demócrata).

2. Competencias políticas ligadas al Grupo Parlamentario Popular

A partir de ese marco, el presidente del Partido Popular en el Congreso actúa, de facto, como máxima referencia política del Grupo Parlamentario Popular, aunque la portavocía recaiga en otra persona. Sus competencias se concretan en:

• Orientar la línea política del grupo: fija prioridades, estrategia y posición del PP en los debates legislativos y de control al Gobierno. Esto se refleja en la dirección interna del grupo (portavoz, portavoces adjuntos, secretaría general, coordinadores de comisiones), que la prensa describe como el “equipo” que dirige los trabajos en la Cámara (Demócrata).
• Impulsar la presentación de iniciativas: aunque formalmente las proposiciones de ley, no de ley, preguntas o solicitudes se registran a nombre del grupo o de sus diputados, la dirección política del PP decide qué iniciativas se priorizan y con qué contenido, dando instrucciones a la estructura del grupo.
• Definir la posición del PP en ponencias y comisiones: cuando el Grupo Popular participa en ponencias legislativas o comisiones, su dirección marca la línea de negociación. Un ejemplo es la queja formal del Grupo Popular a la Mesa del Congreso por entender que había sido excluido de la elaboración del informe de la Ley del Cine, alegando que ello le impedía ejercer “las funciones que corresponden a este Grupo como integrante de la Ponencia” (Demócrata).
• Decidir la estrategia de control al Gobierno: selecciona comparecencias a solicitar, preguntas de control, iniciativas de investigación o conflictos competenciales que el grupo promueve en ambas Cámaras. Las noticias recogen, por ejemplo, cómo la dirección del PP instruye a sus grupos para plantear conflictos de atribuciones o mociones en defensa de sus posiciones.

3. Papel en la Junta de Portavoces y en la vida interna del Congreso

Buena parte del peso institucional del Grupo Popular se ejerce a través de su portavoz en la Junta de Portavoces. Según explicaciones parlamentarias recogidas por Demócrata, si la Mesa “administra”, la Junta de Portavoces es el espacio donde los grupos negocian tiempos, orden del día y reparto de espacios de intervención. El líder del PP en el Congreso, como jefe político del grupo, decide la línea que defenderá su portavoz en esa negociación.

Además, la dirección del Grupo Popular —bajo la autoridad del presidente del partido— propone los nombres que ocuparán puestos clave: representantes en la Diputación Permanente, presidencias o portavocías de comisiones, vocales en órganos mixtos como la Comisión del Tribunal de Cuentas, etc. Informaciones de Demócrata detallan, por ejemplo, cómo el PP negocia y distribuye vicepresidencias y secretarías en órganos como la Diputación Permanente o las comisiones, en función de su peso numérico.

4. Relación con los estatutos del Partido Popular

Los estatutos del PP son los que determinan, internamente, qué competencias tiene el presidente del partido sobre sus grupos parlamentarios: designación o cese de portavoces, aprobación de las direcciones de grupo, coordinación entre Congreso, Senado y Parlamento Europeo, etc. La prensa interna del partido y crónicas del Congreso Nacional del PP muestran que los portavoces en las Cortes forman parte del comité de dirección del partido y rinden cuentas ante el Congreso Nacional (Demócrata).

En síntesis, el presidente del PP no tiene una competencia formal distinta a la de cualquier diputado dentro del Reglamento del Congreso, pero, al ser el líder del partido, concentra una capacidad decisoria muy amplia sobre cómo el Grupo Parlamentario Popular utiliza las facultades que sí reconoce el Reglamento: iniciativa legislativa, control, negociación del orden del día, reparto de recursos y presencia en todos los órganos de la Cámara.

En las últimas elecciones generales celebradas en España, que tuvieron lugar el 23 de julio de 2023, el Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada a nivel estatal. Según los datos que recogen diversas piezas de análisis electoral publicadas posteriormente, el PP obtuvo en esos comicios aproximadamente un 33,1 % de los votos válidos emitidos y consiguió 137 escaños en el Congreso de los Diputados.

Aunque las noticias consultadas citan de forma reiterada el porcentaje y los escaños, no todas detallan el número exacto de papeletas recibidas por el PP en términos absolutos (votos contados uno a uno). Lo que sí aparece de manera consistente es la combinación de porcentaje de voto y representación parlamentaria, que son las dos magnitudes básicas para medir el resultado de un partido en unas generales.

Datos básicos del resultado del PP el 23J de 2023

• Fecha de las elecciones: 23 de julio de 2023.
• Ámbito: Elecciones generales al Congreso de los Diputados.
• Partido: Partido Popular (PP).
• Porcentaje de voto aproximado: 33,1 %.
• Escaños logrados en el Congreso: 137 diputados.
• Número absoluto de votos: las fuentes consultadas se refieren sobre todo al porcentaje (33,1 %) y a los 137 escaños; no todas desglosan el dato en votos exactos, por lo que aquí se presenta el resultado en los términos en que se recoge con mayor claridad y repetición en el análisis electoral posterior.

La cifra del 33,1 % aparece, por ejemplo, en el análisis poselectoral de Demócrata sobre la evolución de las encuestas, donde se señala expresamente que el PP “sacó un 33,1 % el 23‑J”. Ese mismo dato de porcentaje y la referencia a los 137 diputados se repite en distintos artículos de seguimiento demoscópico publicados a lo largo de 2025 y 2026, que comparan las estimaciones futuras con el resultado real alcanzado por el PP en esas elecciones generales de 2023.

Significado político de ese resultado

El desempeño del PP el 23J tuvo varias consecuencias relevantes para el sistema político español:

• Primera fuerza en votos y escaños: con el 33,1 % y 137 diputados, el PP se situó por delante del PSOE tanto en voto popular como en representación parlamentaria. Los socialistas se quedaron en torno al 31,7 % y 121 escaños, según los mismos análisis, de modo que la diferencia en la Cámara Baja fue de 16 diputados a favor del PP.
• Refuerzo del bloque de la derecha: sumado a los 33 escaños de Vox, el resultado del PP llevó a que el bloque de derechas (PP+Vox, más UPN en Navarra) alcanzara en torno a 170 diputados, cerca pero por debajo de la mayoría absoluta situada en 176 escaños.
• Sin mayoría propia para gobernar: pese a ser la lista más votada, los 137 escaños no bastaban para que el PP pudiera formar gobierno en solitario, ni siquiera con el apoyo de Vox alcanzaba por sí mismo una mayoría suficiente sin contar con otras formaciones.
• Punto de referencia para la legislatura siguiente: muchas encuestas publicadas después de 2023 toman como referencia explícita ese resultado del PP (33,1 % y 137 escaños) para medir si el partido de Alberto Núñez Feijóo se encuentra por encima o por debajo de su “marca” del 23J en los distintos escenarios demoscópicos posteriores.

En resumen, en las más recientes elecciones generales celebradas hasta la fecha en España (23 de julio de 2023), el Partido Popular obtuvo aproximadamente un 33,1 % de los votos y 137 escaños en el Congreso, convirtiéndose en la fuerza con mayor representación parlamentaria, aunque sin lograr una mayoría absoluta que le permitiera gobernar en solitario. Las fuentes analizadas no detallan con la misma precisión el número bruto de papeletas, pero sí coinciden de forma clara en esos dos indicadores clave: porcentaje de voto y escaños.