Así queda el promedio de encuestas generales tras el fracaso del pacto de izquierdas: PP y Vox rozan el 50%

La media de doce firmas sitúa al PP en el 31,3%, al PSOE en el 27,1% y a Vox en el 18,6%. Los sondeos anteriores al desacuerdo apuntan a un coste parlamentario de la división, pero también muestran que parte de sus beneficios puede quedarse en el PSOE

Ada Colau, Irene Montero y Gabriel Rufián, protagonistas de las negociaciones para una posible candidatura unitaria de izquierdas | Europa Press

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Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 18 de noviembre de 2026 · 17 institutos

  • PP31,4 %
  • PSOE27,4 %
  • Vox19,0 %
  • Frente Amplio6,1 %
  • ERC2,4 %
  • SALF2,0 %
01020304050ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

La izquierda alternativa llega al cierre de las coaliciones sin un pacto estatal y con una desventaja que ya estaba en las encuestas. El promedio de doce firmas recopilado por Demócrata deja al PP y Vox en el 49,9% del voto. El PSOE alcanza el 27,1%; el espacio de Sumar, Frente Amplio y Compromís, el 6,3%; y Podemos, el 2,9%.

El desacuerdo entre Frente Amplio y Podemos obliga a leer esos números con el mapa territorial delante. Habrá competencia en Madrid, un acuerdo de Podemos con ERC en Cataluña y alianzas compartidas en la Comunitat Valenciana y Canarias. No habrá una única fórmula para todo el país. 

Hay, sin embargo, un límite fundamental: las entrevistas de las doce encuestas son anteriores al desenlace de las negociaciones.

Así queda el promedio electoral

Publicaciones del 6 al 17 de octubre de 2026 · Una encuesta por firma

Partido o agrupación Media principal
12 firmas, con CIS
Comprobación
11 firmas, sin CIS
PP 31,3% 32,1%
PSOE 27,1% 26,5%
Vox 18,6% 18,8%
Sumar / FA + Compromís¹ 6,3% 6,3%
Podemos 2,9% 2,9%
PP + Vox 49,9% 50,9%
Ventaja del PP sobre el PSOE 4,2 puntos 5,7 puntos

Fuente: recopilación y cálculos de Demócrata sobre doce encuestas. Media aritmética con igual peso por firma. Las diferencias y sumas se calculan antes de redondear. No se muestran todas las candidaturas. ¹En SocioMétrica se agregan Sumar (4,9%) y Compromís (0,9%). Esta agrupación estadística no representa una coalición uniforme. Las entrevistas son anteriores al cierre de las negociaciones: la media no mide una reacción al fracaso del pacto.

A quién beneficia cada escenario en 40dB.

Proyecciones centrales publicadas · No son puntos medios de horquillas

Partido o agrupación Listas
separadas
Lista
unitaria¹
Cambio
al unirse
PP 132 129 −3
PSOE 112 106 −6
Vox 66 67 +1
Sumar / FA + Podemos 7 15 +8
Otras candidaturas 33 33 0
PP + Vox 198 196 −2
PSOE + Sumar / FA + Podemos 119 121 +2

Fuente: informe original de 40dB. para EL PAÍS y la SER , páginas 8 y 9. Campo: 7–8 de octubre; 800 entrevistas online. ¹Unidad de Sumar/Frente Amplio y Podemos, no de todas las fuerzas de izquierda. Cada escenario suma 350 diputados antes de los subtotales. Son escenarios anteriores al cierre de coaliciones, no efectos observados de la ruptura ni una proyección de Demócrata.

El promedio: 4,2 puntos entre el PP y el PSOE

El PP encabeza la media con el 31,3%, por delante del 27,1% del PSOE. Vox obtiene el 18,6%. La selección reúne estudios publicados desde la convocatoria oficial del 6 de octubre hasta este 17 de octubre, con una sola entrega por encuestadora y el mismo peso para todas.

El CIS es la única firma de la selección que sitúa al PSOE primero. Su inclusión reduce la ventaja popular, pero no cambia el orden de la media. Como comprobación, sin el organismo público el PP queda en el 32,1%, el PSOE en el 26,5% y Vox en el 18,8%. PP y Vox sumarían el 50,9%.

PSOE, el espacio de Sumar y Compromís y Podemos reúnen el 36,3%. No es todo el voto de izquierdas ni todos los apoyos posibles de una investidura: quedan fuera ERC, EH Bildu, BNG y otras fuerzas territoriales. Tampoco se convierten estos porcentajes nacionales en un reparto propio de diputados.

La división puede beneficiar al PSOE sin acercarle a una mayoría

El informe de 40dB. para EL PAÍS y la SER permite comparar dos ofertas electorales dentro del mismo estudio. En sus proyecciones centrales, la unidad de Sumar/Frente Amplio y Podemos aumenta su representación de siete a quince escaños. El PSOE pierde seis al pasar al escenario unido; el PP, tres; Vox gana uno. 

La lectura política exige distinguir el resultado del PSOE de sus opciones de gobierno. En esa comparación, la separación le favorece individualmente, pero deja a la suma de las tres fuerzas estatales de izquierda con dos diputados menos. Ganar representación a costa de un posible socio no equivale a mejorar la mayoría que se necesita para gobernar.

El estudio tampoco se limita a juntar votos: estima un 9,5% para la candidatura unitaria frente al 7,6% de las dos por separado. No cabe trasladar esos diputados automáticamente a las alianzas finalmente anunciadas, cuya composición cambia por territorio.

Target Point también encontraba ventaja en la unidad: ocho o nueve escaños

Target Point para El Debate, publicado el 11 de octubre, asignaba diez escaños a Frente Amplio y dos a Podemos por separado. Juntos, su proyección ascendía a veinte o veintiuno: una diferencia de ocho o nueve representantes.

También en ese sondeo PP y Vox conservaban la mayoría absoluta en las configuraciones examinadas. La unidad mejoraba el resultado de la izquierda alternativa, pero no bastaba para invertir la mayoría parlamentaria. Sus entrevistas se realizaron del 6 al 9 de octubre, antes del desenlace de las conversaciones. 

Madrid se divide; Valencia y Canarias pactan; Cataluña sigue otra vía

La ruptura del pacto estatal no borra los acuerdos territoriales. En la Comunitat Valenciana, Podemos comparte candidatura con Compromís y Esquerra Unida. En Canarias se integra con Nueva Canarias, IU y Sumar en Unidad del Pueblo Canario, aunque Drago mantiene su proyecto electoral separado. 

En Cataluña, Podemos ha optado por apoyar a ERC y no presentar candidatura propia. Es una fórmula distinta de integrarse en el Frente Amplio de Ada Colau. En Madrid, el desacuerdo deja enfrentadas las propuestas encabezadas por Emilio Delgado e Irene Montero. 

En Aragón, CHA se ha aliado con el espacio de Frente Amplio; en Baleares, Ara Més ha pactado con Sumar y Esquerra Unida. Podemos queda fuera de ambos acuerdos y tampoco se incorpora a la coalición gallega. 

Andalucía añade otra dificultad: Frente Amplio Por Andalucía y Adelante Andalucía seguirán caminos distintos. Podemos ha quedado fuera del pacto con IU y Sumar, pero no debe darse por cerrada una tercera lista en cada provincia antes de que concrete su estrategia. 

El acuerdo anunciado entre PSOE y Frente Amplio para el Senado pertenece a otra elección.

Qué falta por medir después del fracaso de las negociaciones

La cuestión pendiente es cómo reaccionarán los votantes a las candidaturas que ahora conocen. Un trasvase hacia el PSOE, una mayor abstención o la movilización alrededor de una alianza territorial producirían efectos distintos. Ninguno puede darse por ocurrido con encuestas anteriores al cierre de las coaliciones.

Los datos disponibles muestran una ventaja del PP en la media y una izquierda alternativa cuyo rendimiento parlamentario mejora en los escenarios de unidad examinados. Lo que aún no sabemos es cuánto voto conservará, perderá o recuperará cada candidatura tras el desacuerdo.

Cómo se ha calculado

Se utiliza la última entrega localizada de cada firma dentro del periodo: NC Report, DYM, IMOP, Invymark, 40dB., Hamalgama, Sigma Dos, Target Point, SocioMétrica, GAD3, GESOP y CIS. Cada estudio pesa lo mismo.

No se recalcula el CIS, no se añade una participación supuesta y no se transforma la media de voto en escaños. En SocioMétrica se agregan Sumar y Compromís para comparar ese espacio. Las variantes de candidatura unitaria se analizan aparte, sin contarlas como encuestas adicionales.

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¿Cuáles son los pasos parlamentarios necesarios para aprobar una reforma electoral en España que facilite la formación de coaliciones estatales?

La vía para aprobar una reforma del régimen electoral general que facilite las coaliciones estatales es una ley orgánica, con una votación final sobre el conjunto que exige mayoría absoluta del Congreso. El recorrido comprende iniciativa, enmiendas, comisión, Pleno, Senado y aprobación definitiva. Antes de iniciarlo, debe concretarse qué se quiere facilitar: presentar candidaturas conjuntas o formar acuerdos de gobierno después de las elecciones, porque son objetivos distintos.

1. Definir el contenido y el alcance

La propuesta debe traducir ese objetivo en cambios jurídicos concretos. No basta con declarar que se quieren favorecer las coaliciones: hay que precisar qué requisitos, procedimientos o reglas electorales se modificarían y cómo funcionarían. Esta delimitación permite determinar si basta una reforma legal o si alguna medida exige modificar también la Constitución.

Reformar el régimen electoral no equivale automáticamente a reformar la Constitución. La segunda vía solo sería necesaria si las medidas propuestas afectasen a reglas fijadas constitucionalmente. Sin un articulado concreto, no corresponde dar por necesario ese procedimiento adicional.

2. Presentar la iniciativa

El impulso puede proceder del Gobierno, mediante un proyecto de ley orgánica aprobado en Consejo de Ministros y remitido al Congreso, o de una iniciativa parlamentaria, mediante una proposición de ley. También existen cauces de iniciativa del Senado y de las asambleas autonómicas.

La Mesa del Congreso califica la iniciativa y decide su admisión a trámite. En las proposiciones de ley, el Pleno debe superar además la toma en consideración: la votación por la que acepta comenzar a tramitar la propuesta. No es todavía la aprobación de la reforma.

3. Tramitar las enmiendas y elaborar el dictamen

Tras la publicación del texto se abre el plazo de enmiendas. Estas permiten proponer cambios al articulado y, cuando proceda, cuestionar el conjunto mediante enmiendas a la totalidad. El debate de totalidad se celebra cuando corresponde; no debe confundirse con una votación obligatoria e idéntica para todas las iniciativas.

Después, la comisión competente estudia el texto y las enmiendas y elabora un dictamen. Es la fase para concretar la solución: qué cambia, a quién afecta y cómo se aplicará. Los acuerdos políticos deben convertirse aquí en disposiciones precisas, no quedarse en compromisos generales.

4. Aprobar el texto en el Congreso

El dictamen se debate en el Pleno, donde también pueden discutirse las enmiendas que se mantengan. Por tratarse del régimen electoral general, la exigencia decisiva es la mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto. Una mayoría simple en votaciones parciales no sustituye ese requisito.

5. Tramitarlo en el Senado y resolver las discrepancias

El Senado puede aprobar el texto recibido, introducir enmiendas o vetarlo. Si introduce cambios, el Congreso decide si los acepta. Si lo veta, el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple.

Esa regla para superar el veto no elimina la exigencia propia de una ley orgánica: la aprobación definitiva debe respetar la mayoría absoluta requerida para el conjunto del texto.

6. Publicar la reforma y prever su aplicación

Completada la aprobación parlamentaria, siguen la sanción y promulgación por el Rey y la publicación en el BOE. La ley debe precisar cuándo entra en vigor y cómo se aplicarán los cambios; en defecto de previsión específica, la entrada en vigor se produce a los veinte días de su publicación.

No existe una duración total fija: influyen las enmiendas, las prórrogas y el calendario parlamentario. En síntesis, el requisito central es acordar un articulado viable y reunir la mayoría absoluta del Congreso para aprobarlo como ley orgánica.

¿Qué competencias tiene el presidente del Gobierno de España en la convocatoria de elecciones generales según la Constitución?

El presidente del Gobierno puede impulsar la disolución anticipada de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales, pero no las convoca formalmente por sí solo. Según el artículo 115 de la Constitución, propone la disolución al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad. Esta facultad está sometida a límites y debe distinguirse de las elecciones por finalización del mandato o por una investidura fallida.

La decisión política: artículo 115

El artículo 115.1 permite al presidente proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. Por tanto, la Constitución no exige que la disolución afecte siempre conjuntamente a las dos.

La deliberación previa del Consejo de Ministros es obligatoria, pero no equivale a una autorización: la Constitución no exige una votación favorable del Consejo. La decisión política y su responsabilidad corresponden exclusivamente al presidente.

El mismo artículo dispone que el decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. El presidente dispone así de iniciativa para anticipar la renovación parlamentaria y determinar su oportunidad política, pero debe respetar los plazos constitucionales y electorales.

La intervención del Rey y el refrendo

La disolución es decretada formalmente por el Rey. La Corona no sustituye al presidente en la elección política del momento: actúa conforme al procedimiento constitucional.

El decreto de disolución y convocatoria requiere el refrendo del presidente del Gobierno, conforme al artículo 64. Esto significa que el presidente asume la responsabilidad del acto. Deben distinguirse, por tanto, la iniciativa y responsabilidad presidenciales de la formalización que corresponde al Rey.

Los límites constitucionales
  • Moción de censura en trámite. El artículo 115.2 impide presentar la propuesta de disolución mientras se tramite una moción de censura. El presidente no puede recurrir a las elecciones anticipadas para impedir que el Congreso resuelva ese procedimiento.
  • Un año desde la disolución anterior. El artículo 115.3 prohíbe una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, con la excepción del bloqueo de investidura previsto en el artículo 99.5.
  • Estados de alarma, excepción o sitio. El artículo 116.5 prohíbe disolver el Congreso mientras esté declarado cualquiera de estos estados. La prohibición constitucional se refiere expresamente al Congreso.
Los plazos de las elecciones

El artículo 68.6 establece que las elecciones al Congreso tendrán lugar entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato. Como desarrollo legal, no como plazo fijado directamente por la Constitución, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece, con carácter general, la celebración de elecciones el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria.

En consecuencia, el presidente no puede escoger cualquier fecha sin restricciones. Además, la terminación ordinaria del mandato debe diferenciarse de la disolución anticipada: solo esta última responde al ejercicio de la facultad política del artículo 115.

La excepción: fracaso de la investidura

Si pasan dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso, el artículo 99.5 obliga al Rey a disolver ambas Cámaras y convocar nuevas elecciones. No es una decisión discrecional del presidente del Gobierno.

En ese supuesto, el decreto lo refrenda el presidente del Congreso, no el presidente del Gobierno. Esta disolución puede producirse aunque no haya transcurrido un año desde la anterior.

En síntesis, el presidente puede decidir políticamente promover un adelanto electoral dentro de los límites constitucionales; el Rey formaliza la disolución y convocatoria, y la repetición electoral por investidura fallida sigue un mecanismo distinto.

¿Cuál ha sido la trayectoria política de Yolanda Díaz, líder de Sumar, antes de encabezar este espacio político?

Yolanda Díaz llegó a encabezar Sumar después de una trayectoria que pasó por la militancia comunista, la política municipal en Ferrol, el Parlamento de Galicia y el Congreso de los Diputados. Antes de impulsar ese proyecto, ya había dirigido Esquerda Unida y alcanzado el Ministerio de Trabajo y la vicepresidencia del Gobierno. Su recorrido también estuvo marcado por la participación en alianzas electorales como Alternativa Galega de Esquerda y En Marea.

Sus orígenes: el derecho laboral y la militancia

Nacida en Fene, A Coruña, en 1971, es hija del histórico dirigente de Comisiones Obreras en Galicia Suso Díaz. Se licenció en Derecho y trabajó como abogada laboralista, primero en distintos despachos y después en su propio bufete de Ferrol. Esa experiencia profesional precedió a su dedicación política plena y la vinculó a la defensa de trabajadores y a los conflictos laborales.

Su militancia se desarrolló en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida, cuya federación gallega es Esquerda Unida. Fueron las organizaciones desde las que inició su carrera institucional, según los perfiles biográficos de Demócrata y la biografía de Díaz.

Ferrol y la dirección de Esquerda Unida

Su primera etapa institucional estuvo ligada al Ayuntamiento de Ferrol, donde fue concejala y llegó a ejercer la tenencia de alcaldía en un gobierno municipal de coalición con el PSOE. Esa experiencia le permitió asumir responsabilidades de gestión antes de dar el salto a la política autonómica.

En 2005 asumió la coordinación nacional de Esquerda Unida, responsabilidad que mantuvo hasta 2017. También fue candidata de IU a la Presidencia de la Xunta en las elecciones de 2005 y 2009, sin conseguir escaño en ninguna de esas convocatorias. Su trayectoria gallega combinó, por tanto, la dirección partidaria con la representación municipal y la competencia electoral autonómica.

El salto al Parlamento de Galicia

En 2012 obtuvo representación autonómica con Alternativa Galega de Esquerda (AGE), coalición que reunía a Esquerda Unida, Anova y otras organizaciones. Fue elegida diputada por A Coruña y ejerció como viceportavoz parlamentaria, haciendo oposición al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Esta etapa fue un antecedente de su posterior participación en candidaturas compartidas: AGE unía a organizaciones distintas en una misma alianza electoral. Durante aquella campaña colaboró con Pablo Iglesias, antes de la creación de Podemos, como recuerda este perfil de Demócrata.

Del Congreso al Gobierno

En las elecciones generales de diciembre de 2015 fue elegida diputada por En Marea, candidatura gallega integrada por Anova, Podemos e IU. Posteriormente mantuvo su presencia en el Congreso dentro de las sucesivas candidaturas de confluencia y desarrolló actividad en ámbitos como economía e industria.

En 2019 abandonó Izquierda Unida, tras sus discrepancias con la dirección de Alberto Garzón sobre la participación en un Gobierno de coalición con el PSOE. Mantuvo, sin embargo, su militancia en el PCE.

En enero de 2020 fue nombrada ministra de Trabajo y Economía Social. Durante esa etapa adquirió proyección pública por los ERTE de la pandemia, las subidas del salario mínimo y la reforma laboral. En 2021 pasó por la vicepresidencia tercera y, posteriormente, asumió la vicepresidencia segunda, conservando Trabajo.

El punto de partida de Sumar

Cuando comenzó a impulsar Sumar en 2022, Díaz ya reunía experiencia municipal, autonómica, parlamentaria y gubernamental. El proyecto desembocó en su candidatura a las elecciones generales de julio de 2023: no fue el comienzo de su carrera, sino la culminación de su paso desde la política gallega al liderazgo electoral estatal.

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¿Qué porcentaje de voto conjunto alcanzan PP y Vox según el promedio de las doce encuestas?

Pregunta 1 de 3

¿Qué diferencia en puntos porcentuales separa al PP del PSOE en el promedio de las encuestas (con CIS incluido)?

Pregunta 2 de 3

En Cataluña, ¿qué estrategia electoral ha adoptado Podemos según la noticia?

Pregunta 3 de 3