Encuesta crisis de Ceuta: 8 de cada 10 señalan a Marruecos y el 76% cree que Sánchez debió suspender sus vacaciones, según GAD3

El barómetro de GAD3 para ABC, realizado entre el 1 y el 3 de septiembre, refleja el impacto que la crisis de Ceuta ha dejado en la opinión pública: el 79% cree que Marruecos alentó la entrada masiva para presionar a España, el 72% considera que el Gobierno no reaccionó con la rapidez y los medios necesarios y el 76% sostiene que Pedro Sánchez debería haber suspendido sus vacaciones. La crisis fue seguida por el 89% de los encuestados.

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Pronóstico de DemócrataParticipación abierta, no es una encuesta

La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente un problema fronterizo para convertirse en uno de los grandes acontecimientos políticos del verano y en una prueba sobre cómo los españoles valoran la respuesta del Estado, la relación con Marruecos y la actuación personal de Pedro Sánchez.

La nueva encuesta de GAD3 para ABC ofrece una fotografía especialmente contundente. El 79% de los españoles está de acuerdo con la afirmación de que la entrada masiva de personas en Ceuta fue alentada por Marruecos para presionar a España. Solo el 7% discrepa y alrededor de un 14%-15% no adopta una posición.

La percepción crítica se extiende al Gobierno. El 72% considera que el Ejecutivo no reaccionó con la rapidez y los medios necesarios, frente al 19% que sí cree adecuada su respuesta.

Y el juicio alcanza directamente al presidente: el 75,5%, redondeado al 76% en los datos publicados, considera que Pedro Sánchez debería haber suspendido sus vacaciones ante la gravedad de la crisis.

El 79% cree que Marruecos alentó la entrada para presionar a España

La conclusión más rotunda afecta a Rabat.

GAD3 pregunta expresamente si la entrada masiva fue alentada por Marruecos para presionar a España. El 79% responde afirmativamente. La distancia es enorme frente al 7% que no comparte esa tesis.

El dato consolida además una tendencia que ya habían mostrado otras encuestas publicadas durante agosto: independientemente de cómo se formule la pregunta, la opinión pública española ha situado a Marruecos en el centro de su interpretación de lo sucedido en Ceuta.

El 72% considera insuficiente la reacción del Gobierno

El segundo consenso afecta a la gestión. El 72% de los españoles considera que el Gobierno no reaccionó con la rapidez y los medios necesarios. Solo el 19% cree que la respuesta fue adecuada. 

El 70% habla de abandono de Ceuta

La sensación de una reacción insuficiente se traduce también en una percepción territorial. El 70% cree que Ceuta sufrió abandono por parte del Gobierno de España. El 20% rechaza esa afirmación y aproximadamente uno de cada diez no se posiciona.

Tres de cada cuatro creen que Sánchez debía haber suspendido sus vacaciones

El sondeo personaliza después esa valoración en Pedro Sánchez. El 75,5% considera que el presidente debería haber suspendido sus vacaciones ante los acontecimientos de Ceuta. Solo el 14% está en desacuerdo y alrededor del 11% no sabe o no contesta.

El 73% quiere que Felipe VI pueda visitar Ceuta

La encuesta introduce también a la Corona. El 73% está de acuerdo con que el Gobierno permita al rey Felipe VI visitar Ceuta. Solo el 12% se muestra contrario y el 16% no tiene una posición definida.

Dos de cada tres ven antes un problema de seguridad que una crisis humanitaria

Otro de los datos más importantes para entender cómo ha cambiado el marco mental sobre Ceuta está en la definición de la crisis. El 66% está de acuerdo con describirla como un problema de seguridad antes que como una crisis humanitaria.

La crisis de Ceuta fue seguida por el 89% de los españoles

Hay un dato que explica por qué todo lo anterior puede tener consecuencias políticas. El 89% de los encuestados afirma haber estado informado sobre lo sucedido en Ceuta. Solo el 7% declara haberse enterado poco y apenas el 2% asegura no haberse enterado de nada.

La práctica totalidad del electorado tuvo algún nivel de exposición a la información sobre Ceuta.

Marruecos recibe la peor valoración

Cuando se pregunta por la actuación de distintos actores durante la crisis, Marruecos aparece claramente en último lugar. El 64% califica su actuación como “muy mala”. Otro 16% la considera “mala”.

Sumadas ambas respuestas, ocho de cada diez entrevistados ofrecen una valoración negativa del Gobierno marroquí.

Solo un 4% la califica como buena o muy buena.

El Gobierno de España también suspende

La valoración del Ejecutivo español es considerablemente mejor que la de Marruecos, pero sigue siendo negativa. El 45% considera “muy mala” la actuación del Gobierno de España y otro 14% la califica como “mala”. En conjunto, el 59% ofrece una valoración negativa.

En el otro extremo, un 16% la considera buena o muy buena y el 22% la califica como regular.

Ejército y Fuerzas de Seguridad son los mejor valorados

La fotografía cambia cuando se pregunta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército. El 55% valora su actuación como buena o muy buena. Otro 22% la considera regular. Solo el 13% la califica como mala o muy mala. Son, junto al Gobierno de Ceuta, los actores mejor valorados en la gestión de la crisis.

El Ejecutivo de la ciudad obtiene un 52% de valoraciones buenas o muy buenas, un 22% de regulares y un 14% de negativas.

La Unión Europea tampoco convence

La UE tampoco sale especialmente reforzada. Solo el 14% considera buena o muy buena su actuación. El 30% la califica como regular y el 49% como mala o muy mala.

Publicada en ABC el 6/09/2026

Más claves, contexto y preguntas con FREN

CONTENIDO GENERADO CON IA

¿En qué fase parlamentaria se encuentra la tramitación de nuevas medidas legislativas sobre la gestión de fronteras en Ceuta tras esta crisis?

A comienzos de septiembre de 2026 no existe, en las Cortes Generales, una “ley de Ceuta” específica sobre gestión de fronteras con un expediente único y fácilmente identificable cuya fase parlamentaria pueda señalarse (por ejemplo, una “Ley de gestión de fronteras en Ceuta” ya en Comisión o en el Senado). La respuesta normativa a la crisis se está articulando por tres vías: anteproyectos del Gobierno todavía previos a su envío al Parlamento, proposiciones de ley de ámbito general y una amplia batería de iniciativas no normativas (PNL, mociones, interpelaciones).

1. Anteproyectos del Gobierno: aún fuera de fase parlamentaria

Según la información disponible, el Consejo de Ministros ha aprobado dos anteproyectos de ley para adaptar la Ley de Extranjería y la normativa de asilo al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, a raíz de la crisis de Ceuta:

  • Reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, que incorpora, entre otras cuestiones, un procedimiento de “triaje” obligatorio a pie de frontera (reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, toma de biometría, etc.) y un procedimiento fronterizo de retorno con plazo máximo de 12 semanas.
  • Una nueva ley de protección internacional, que actualiza las definiciones de refugiado y protección subsidiaria e introduce un procedimiento de frontera específico para determinadas solicitudes de asilo.

Ambos textos están todavía en la fase prelegislativa: deben pasar por órganos consultivos (Consejo de Estado, CGPJ, etc.) antes de convertirse en proyectos de ley remitidos a las Cortes. Por tanto, no han iniciado aún tramitación parlamentaria; no están en toma en consideración, comisión ni Senado.

2. Iniciativas parlamentarias vinculadas a la crisis de Ceuta

En el Congreso y el Senado sí se tramitan iniciativas relacionadas con la frontera de Ceuta, pero en su mayoría son no normativas:

  • En el Congreso, el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley (PNL) con un plan de respuesta a la crisis de Ceuta –incluyendo refuerzo del perímetro, despliegue estable de Guardia Civil y Policía Nacional, cambios en la Ley de Extranjería y petición de presencia permanente de Frontex–. Según Demócrata, esta PNL será debatida y votada en el Pleno del Congreso la próxima semana, es decir, está en fase de debate plenario dentro del procedimiento de PNL.
  • Otras PNL registradas citan directamente a Ceuta y Melilla:
    • PNL del Grupo Popular sobre el cumplimiento de la Declaración Conjunta de la RAN España–Marruecos de 2023, relativa a aduanas comerciales y pasos fronterizos de Ceuta y Melilla (expte. 162/000235), en el Congreso. Consta como admitida y publicada, pendiente de inclusión en el orden del día para su debate.
    • PNL de Vox para la defensa de la soberanía española en Ceuta y Melilla (expte. 162/000423), también en fase inicial: publicada y pendiente de debate.
    • PNL del Grupo Popular sobre control efectivo de flujos migratorios irregulares que menciona expresamente el refuerzo de las fronteras de Canarias, Ceuta, Melilla e Illes Balears (expte. 162/000288). Se encuentra igualmente en fase de publicación y pendiente de tramitación en Comisión o Pleno.
  • En el Senado, se tramitan y debaten mociones como:
    • Moción para un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla (expte. 661/000913), con publicaciones recientes en enero de 2025, que indican que la iniciativa ha sido ya debatida en Comisión o Pleno.
    • Moción para reforzar los medios humanos y materiales en la frontera de Ceuta (expte. 661/001390), igualmente canalizada a través del Senado.
  • En el Congreso existe además una interpelación urgente al ministro del Interior sobre la crisis migratoria y la protección de las fronteras (expte. 172/000052), que forma parte del control político y puede dar lugar a mociones consecuencia de interpelación, pero no es en sí un trámite legislativo.
3. ¿Qué significa esto para la “fase parlamentaria”?

Resumiendo:

  • No hay, a día de hoy, una ley singular sobre la gestión de fronteras en Ceuta en una fase concreta (ponencia, Senado, etc.). Las medidas legislativas se vehiculan a través de reformas amplias de extranjería y asilo todavía en anteproyecto.
  • En las Cortes, lo que está más avanzado son PNL y mociones relativas a Ceuta: una PNL del PP a punto de ser debatida en Pleno del Congreso, otras pendientes de debate y mociones ya discutidas en el Senado. Estas iniciativas no tienen rango de ley; su efecto es instar políticamente al Gobierno a legislar o actuar.
  • La verdadera “fase parlamentaria” de las reformas legales de fondo (Extranjería y asilo, con impacto directo en Ceuta) comenzará cuando el Gobierno transforme los anteproyectos en proyectos de ley enviados al Congreso; por ahora, ese momento aún no se ha producido.

En consecuencia, hoy la tramitación parlamentaria de “nuevas medidas legislativas” sobre la frontera de Ceuta se encuentra en una fase dispersa y preparatoria: el núcleo legislativo sigue en fase de anteproyecto, mientras que el Parlamento canaliza la presión política mediante PNL, mociones e interpelaciones, algunas ya en pleno debate y otras pendientes de fijar fecha.

¿Cuáles son las competencias específicas del presidente del Gobierno en la gestión de crisis fronterizas según la legislación española?

Las competencias del presidente del Gobierno en la gestión de crisis fronterizas (por ejemplo, picos de llegadas irregulares o incidentes graves en frontera) se derivan de su posición como director de la acción del Gobierno, responsable de la política de defensa y de la Seguridad Nacional, y de su papel en los estados excepcionales. No existe, en general, un “catálogo específico” solo para fronteras, sino un conjunto de facultades que se aplican a este tipo de crisis por la materia implicada: seguridad nacional, seguridad ciudadana, inmigración y control de fronteras.

1. Dirección política y coordinación interministerial

La Constitución Española (art. 97) establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. La Ley 50/1997, del Gobierno, desarrolla este mandato:

  • El art. 2 atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
  • El art. 3 concreta que el presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, fija las directrices de la política interior y exterior y vela por su cumplimiento.

Aplicado a una crisis fronteriza, esto significa que el presidente puede:

  • Definir la línea política general (enfoque de seguridad, humanitario y de relaciones exteriores) que deben seguir Interior, Defensa, Exteriores, Inclusión/Migraciones, etc.
  • Activar y dirigir mecanismos de coordinación (Consejo de Ministros, comisiones delegadas, gabinetes de crisis), impartiendo instrucciones a los ministros competentes.
2. Seguridad Nacional y gestión de crisis

La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, sitúa al presidente en el centro del Sistema de Seguridad Nacional:

  • La Política de Seguridad Nacional se define como una política pública “bajo la dirección del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno”.
  • El Sistema de Seguridad Nacional, que integra órganos, recursos y procedimientos de distintos ámbitos (defensa, seguridad pública, acción exterior, protección civil, etc.), está liderado por el presidente del Gobierno.
  • La ley regula la gestión de crisis y las “situaciones de interés para la Seguridad Nacional”, un marco que permite una respuesta coordinada sin llegar a estados de alarma, excepción o sitio.

En una crisis fronteriza de alcance nacional, el presidente puede:

  • Impulsar o proponer la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional si concurren riesgos que afecten a la seguridad de España.
  • Dirigir, a través del Consejo de Seguridad Nacional y comités especializados (por ejemplo, el Comité Especializado de Inmigración o estructuras de coordinación frente a la inmigración irregular en el Estrecho, Alborán o Canarias), la respuesta integral del Estado.
3. Estados de alarma, excepción y sitio

La CE (art. 116) y la LO 4/1981, de estados de alarma, excepción y sitio, confieren al Gobierno —y, por su dirección política, al presidente— un papel clave cuando la crisis fronteriza desborda los poderes ordinarios:

  • El Gobierno puede declarar el estado de alarma por Real Decreto del Consejo de Ministros en situaciones de “alteraciones graves de la normalidad”, lo que incluye, según la ley, catástrofes, crisis sanitarias o paralización de servicios esenciales; una crisis fronteriza podría encajar si afecta gravemente al orden público o a servicios esenciales.
  • Para el estado de excepción, el Gobierno solicita autorización al Congreso, precisando derechos cuya suspensión se propone y medidas a adoptar; el presidente lidera esa iniciativa política y la negociación parlamentaria.
  • En estos estados, la autoridad competente puede asumir mando reforzado sobre cuerpos policiales y adoptar medidas como limitación de movimientos, requisas, ocupaciones temporales, etc., con la dirección política del presidente.
4. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas

La CE (art. 104 y 149.1.29.ª) atribuye al Estado la seguridad pública y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la protección del libre ejercicio de derechos y la seguridad ciudadana. La LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la LO 4/2015, de seguridad ciudadana, enmarcan la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional en frontera, pero la cadena de mando político se articula así:

  • Según la Ley 50/1997, el presidente dirige la política de defensa y ejerce respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación de defensa nacional.
  • En situaciones ordinarias, el mando operativo de policías y Guardia Civil corresponde a Interior; en caso de estados excepcionales o de decisiones de alto nivel en Seguridad Nacional, el presidente establece las grandes orientaciones y puede ordenar, a través de los ministros, refuerzos, despliegues o apoyos militares (por ejemplo, medios de vigilancia, transporte, apoyo logístico).
5. Dimensión europea e internacional

Aunque la regulación interna se centra en la organización del poder ejecutivo, las competencias del presidente también se proyectan hacia la UE y socios externos:

  • Como responsable de la política exterior y de Seguridad Nacional, el presidente dirige la posición española ante el Consejo Europeo, otros jefes de Estado y de Gobierno y las instituciones de la UE en materias como Schengen, Frontex, pactos migratorios o acuerdos con países de origen y tránsito.
  • En una crisis fronteriza, puede impulsar acuerdos bilaterales, operaciones conjuntas o peticiones formales de apoyo (por ejemplo, refuerzos de Frontex o mecanismos de solidaridad) y fijar los compromisos de España en materia de control de fronteras y protección de personas.

En síntesis, el presidente del Gobierno no actúa como “gestor operativo” de la frontera, sino como máxima autoridad política que fija la estrategia, coordina ministerios y sistemas de seguridad, decide (junto con el Consejo de Ministros y las Cortes) la activación de marcos excepcionales y representa a España ante la UE y socios internacionales cuando una crisis fronteriza adquiere relevancia nacional o europea.

¿Qué requisitos legales debe cumplir el Gobierno para permitir oficialmente una visita del rey Felipe VI a Ceuta?

Desde el punto de vista jurídico, para que el rey Felipe VI realice una visita oficial a Ceuta no se requiere ningún trámite extraordinario ni autorización específica de las Cortes: se trata de un acto ordinario del Jefe del Estado dentro del territorio nacional, cuya clave está en la distribución de funciones entre el Rey y el Gobierno y en el principio de refrendo.

Reparto de funciones Rey–Gobierno

La Constitución configura al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, pero no como un poder político autónomo. El Gobierno, por su parte, dirige la política interior y exterior y la Administración civil y militar. En la práctica, esto implica:

  • El Rey no decide por sí solo su agenda institucional; lo hace siempre de acuerdo con el Gobierno, que asume la responsabilidad política y jurídica de sus actos.
  • Los desplazamientos oficiales del Rey, tanto en el interior de España como al extranjero, se consideran actos públicos sometidos al refrendo gubernamental.

El principio de refrendo significa que las decisiones relevantes que el Rey asume en el ejercicio de sus funciones necesitan la firma (y, por tanto, la responsabilidad) del Gobierno o del ministro competente. Aunque un viaje no es un «acto solemne» como la sanción de una ley, forma parte del conjunto de actos oficiales que el Gobierno prepara, autoriza y asume.

Qué debe hacer jurídicamente el Gobierno

En la práctica constitucional española, para una visita oficial del Rey a Ceuta el Gobierno debe:

  • Incluir o aceptar la visita en la agenda oficial de la Casa del Rey, tras la correspondiente coordinación entre Presidencia del Gobierno y la propia Casa.
  • Acordar la visita a través de la autoridad competente (normalmente Presidencia, y en su caso Exteriores, Defensa o Interior si afectan cuestiones de política exterior, defensa o seguridad).
  • Asumir el refrendo de la actuación, lo que significa que es el Gobierno quien responde políticamente ante las Cortes por esa decisión y su oportunidad.
  • Organizar los aspectos administrativos y materiales: seguridad (Interior y Defensa), coordinación con la Delegación del Gobierno en la ciudad y con las autoridades de la Ciudad Autónoma.

No es imprescindible un acuerdo formalizado del Consejo de Ministros con rango de «acuerdo de Gobierno» publicado en boletín, salvo que la visita se conecte con decisiones que sí exijan ese tipo de actos (por ejemplo, despliegues militares concretos o utilización de determinados recursos). Habitualmente se articula mediante decisiones internas de Presidencia y de los ministerios implicados, integradas en la práctica gubernamental ordinaria.

Papel de las Cortes Generales

Ni el Congreso ni el Senado tienen que autorizar la visita. Su papel es de control político:

  • Los grupos parlamentarios pueden formular preguntas, interpelaciones o proposiciones no de ley sobre la oportunidad de la visita.
  • El Gobierno puede ser llamado a dar explicaciones, con plenos efectos políticos, pero sin que ello condicione jurídicamente la posibilidad del viaje.

¿Hay requisitos adicionales por tratarse de Ceuta?

Desde el plano estrictamente jurídico interno, no existe una autorización adicional por el hecho de que la visita sea a Ceuta:

  • Ceuta es parte integrante del territorio español y su régimen de Ciudad Autónoma no introduce una cautela específica respecto a las visitas del Rey.
  • El control de fronteras, defensa y política exterior es competencia estatal, ya atribuida al Gobierno, sin necesidad de un permiso especial para un desplazamiento interno del Jefe del Estado.

Es cierto que, en la práctica política, una visita real a Ceuta puede tener implicaciones en las relaciones con otros Estados o en cuestiones de defensa. Esas implicaciones se gestionan en el ámbito de la discrecionalidad política del Gobierno, pero no añaden un requisito jurídico formal nuevo: el Gobierno, al refrendar y organizar la visita, asume también sus consecuencias en política exterior.

Margen de discrecionalidad y control

El Gobierno goza de un margen muy amplio para decidir:

  • Si la visita se produce o no.
  • En qué momento y con qué formato (oficial, de trabajo, con actos concretos).
  • Con qué mensaje político se acompaña.

Ese margen se controla sobre todo por vías políticas (debate público y parlamentario). El control jurídico directo es limitado, porque se trata de decisiones de alta dirección política, difíciles de revisar por la jurisdicción contencioso-administrativa salvo que se vincularan de forma clara con la vulneración de derechos fundamentales u obligaciones jurídicas específicas.

En síntesis, permitir oficialmente una visita del Rey a Ceuta no exige un «permiso especial» ni un procedimiento complejo: basta con que el Gobierno, en uso de sus competencias constitucionales y a través del mecanismo general de refrendo, decida políticamente que la visita es oportuna y organice los medios necesarios para hacerla efectiva.

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¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Qué actor recibió la valoración más negativa por su actuación durante la crisis de Ceuta según la encuesta de GAD3?

Pregunta 1 de 3

¿Qué porcentaje de españoles cree que Marruecos alentó la entrada masiva en Ceuta para presionar a España?

Pregunta 2 de 3

¿Qué proporción de encuestados apoya que el rey Felipe VI pueda visitar Ceuta?

Pregunta 3 de 3