Alberto Nadal (PP): "La IA solo necesita control ético, nada más"

A día de hoy, la regulación internacional de la inteligencia artificial avanza sobre todo mediante instrumentos regionales fuertes (especialmente la Unión Europea) y marcos globales aún en construcción en la ONU, el Consejo de Europa, la OCDE y foros como G20 o cumbres ad hoc. Solo hay un marco regulatorio plenamente vinculante y operativo de alcance amplio, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, mientras que los instrumentos genuinamente globales se encuentran en fases de negociación, diseño institucional o compromisos políticos no vinculantes.

Unión Europea: primer marco vinculante y ya en despliegue

La UE es hoy el motor regulatorio. El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Ley Europea de Inteligencia Artificial (AI Act), fue aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2024 con amplia mayoría, y el Consejo dio su visto bueno definitivo en mayo de 2024, configurándolo como el primer reglamento integral sobre IA del mundo. Según la Comisión Europea, entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y marca un estándar global al adoptar un enfoque basado en el riesgo, con prohibiciones para usos considerados inaceptables (por ejemplo, ciertos sistemas de puntuación social o vigilancia predictiva) y obligaciones reforzadas para sistemas de alto riesgo (nota de la Comisión; síntesis del Consejo).

El calendario de aplicación es gradual: algunas prohibiciones rigen desde febrero de 2025, las obligaciones para grandes modelos de propósito general empezaron en agosto de 2025 y, desde el 2 de agosto de 2026, el reglamento se aplica con carácter general, aunque buena parte de las obligaciones para sistemas de alto riesgo se han aplazado a 2027 y 2028 mediante una reforma posterior (análisis en Demócrata). La UE está, además, ajustando este marco con un “Ómnibus digital” para simplificar cargas y adaptar la norma a la realidad empresarial.

Consejo de Europa: convenio marco multilateral en fase de firma y ratificación

En paralelo, el Consejo de Europa ha aprobado un Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, descrito como el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante específicamente sobre IA. El texto fue adoptado en mayo de 2024 y la Comisión Europea lo firmó en nombre de la UE el 5 de septiembre de 2024 en Vilna (nota oficial; análisis de Demócrata).

El convenio incorpora conceptos del AI Act (enfoque por riesgos, obligaciones de transparencia y documentación, posibilidad de prohibir usos especialmente lesivos) y está abierto no solo a los Estados del Consejo de Europa, sino también a otros países que compartan sus principios. Tras la firma, queda la fase de decisión interna de la UE y las ratificaciones nacionales; por tanto, el instrumento está políticamente cerrado pero todavía en fase de ratificación y puesta en marcha.

ONU: resoluciones, procesos de gobernanza y bases para futuros tratados

En Naciones Unidas, el proceso es más fragmentado y de momento centrado en instrumentos no vinculantes y en arquitectura de gobernanza:

• La Asamblea General ha aprobado una resolución calificada como “histórica” sobre inteligencia artificial en marzo de 2024, que fija principios y reconoce la necesidad de un enfoque multilateral coordinado, según recoge un informe de la autoridad neerlandesa de protección de datos (informe sobre riesgos de IA).
• En el marco del Pacto Digital Global, se están creando un Panel Científico Internacional Independiente sobre IA y un Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, que emitirán informes anuales y servirán de apoyo técnico a los Estados miembros (nota sobre el panel).
• En Ginebra, 128 Estados han acordado un documento de base para futuras normas internacionales sobre armas autónomas, lo que abre la puerta a negociar reglas sobre este tipo de armamento, aunque todavía sin tratado vinculante (artículo en Demócrata).

Además, la ONU impulsa espacios técnicos como el futuro Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad en Valencia y foros como el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, que están aún en consolidación.

OCDE y foros económicos: principios y compromisos políticos

La OCDE opera mediante principios sobre IA adoptados en 2019 y actualizados en 2024, que sirven como referencia para la interoperabilidad regulatoria entre sus 38 Estados miembros y otros adheridos, pero que no son jurídicamente vinculantes (informe neerlandés). Funcionan como soft law que orienta políticas nacionales y regionales.

En el plano político, cumbres como el G20 y reuniones como la AI Impact Summit 2026 de Nueva Delhi han producido declaraciones multilaterales que subrayan la necesidad de una gobernanza global “justa” y centrada en derechos, sin crear aún obligaciones jurídicas directas (análisis sobre la declaración de Nueva Delhi).

Panorama general de tramitación

En síntesis:

• UE: el AI Act está ya en vigor y en fase de aplicación progresiva, con ajustes normativos en marcha.
• Consejo de Europa: el convenio marco sobre IA está aprobado y abierto a firma; la fase actual es de firma, ratificación y futura entrada en vigor.
• ONU: existen resoluciones, procesos institucionales (panel científico, diálogo global) y un texto de base sobre armas autónomas, pero aún no un tratado global de IA.
• OCDE y foros como G20: consolidan principios y declaraciones políticas que buscan convergencia regulatoria, sin que se haya alcanzado un régimen vinculante global.

El equilibrio actual es, por tanto, de fuerte liderazgo regulatorio europeo, acompañado de una convergencia gradual mediante convenios regionales y principios internacionales, mientras la gobernanza estrictamente global de la IA sigue en fase de diseño y negociación.

Alberto Nadal es, en la actualidad, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular e integrante de la dirección nacional del partido, dentro del comité ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo. Desde ese puesto, pilota la Vicesecretaría de Economía, coordina el equipo económico del PP y se ha convertido en una de las principales voces de la organización en materia fiscal, presupuestaria, energética e industrial.

Su trayectoria previa combina una larga carrera como alto cargo económico en gobiernos del PP (especialmente con Mariano Rajoy) y responsabilidades en organismos económicos internacionales y empresariales, lo que le otorga un perfil claramente técnico dentro de la cúpula popular.

Competencias actuales dentro del PP

Desde septiembre de 2025, las fuentes consultadas sitúan a Alberto Nadal como vicesecretario de Economía, denominación que el propio PP amplía a Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible. Este cargo forma parte del comité de dirección y del comité ejecutivo nacional del partido, es decir, del núcleo duro de la dirección de Feijóo.

Entre sus competencias internas destacan:

• Dirección política del área económica del PP, que incluye el diseño del relato y las propuestas sobre crecimiento, empleo, salarios, inflación y competitividad.
• La coordinación de un equipo de coordinadores de área que reportan a su Vicesecretaría: Economía; Comercio, Inversiones, Empresa y PYMEs; Energía y Sostenibilidad; Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial; y Empleo, Autónomos y Diálogo Social. Todo ese engranaje se articula “bajo la dirección de Alberto Nadal”.
• El liderazgo del “equipo económico reforzado” con el que el PP pretende “hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial, rural y laboral y diseñar la España que deje atrás los años negros de Pedro Sánchez”, según comunicados del propio partido.
• Funciones de portavocía económica: Nadal aparece de forma recurrente como la cara visible del PP para valorar el IPC, reclamar rebajas del IRPF para las clases medias, criticar la gestión de los fondos europeos o la política industrial y energética del Gobierno, y fijar posición en debates como el relevo en la AIReF o la fiscalidad energética.
• Un papel relevante en la relación con los sectores productivos (automoción, energía, fotovoltaica, empresa española en general), ofreciendo el PP como interlocutor “flexible” y favorable a la inversión y a la reducción de trabas regulatorias.

En el plano interno, la prensa lo presenta como uno de los “cerebros económicos” de la dirección de Feijóo, pieza clave para estructurar el programa alternativo del PP y su discurso sobre inflación, poder adquisitivo y carga fiscal de las familias.

Trayectoria política y técnica vinculada al PP

La carrera de Alberto Nadal se caracteriza por un marcado perfil técnico dentro del entorno económico del PP:

• Es técnico comercial y economista del Estado, uno de los cuerpos superiores de la Administración económica española.
• Inició su andadura en el Ministerio de Economía y Hacienda, con responsabilidades en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y fue asesor económico del vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato.
• Ocupó cargos como director general del Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, en 2003, fue nombrado secretario general de Comercio Exterior, participando en negociaciones comerciales como las del acuerdo con Mercosur.
• Tras la salida del PP de La Moncloa en 2004, asumió competencias de Economía y Comercio en la Embajada de España en Washington D.C., lo que le dio exposición internacional y contacto con instituciones financieras y comerciales.
• Posteriormente se incorporó a la CEOE como director adjunto de la Secretaría General y, después, vicesecretario general de Asuntos Económicos, estrechando su relación con el tejido empresarial.
• De vuelta al Gobierno con Mariano Rajoy, fue nombrado secretario de Estado de Energía (2012‑2016), responsable de la reforma del sistema energético y del cierre del déficit de tarifa.
• Más tarde pasó a secretario de Estado de Presupuestos y Gastos bajo la dirección del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, gestionando una parte clave de la política fiscal y presupuestaria del Ejecutivo.
• Con la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP en 2018, se reincorporó a la estructura orgánica del partido como responsable de la Secretaría de Economía y Empleo.
• Tras una etapa como director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo en Estados Unidos, Feijóo lo ficha de nuevo en 2025 y lo incorpora al comité de dirección como vicesecretario de Economía, ya en la actual Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible.

En conjunto, su perfil en el PP es el de un dirigente económico de referencia, con peso en la línea estratégica del partido y una trayectoria que combina gestión pública en áreas sensibles (energía, presupuestos, comercio exterior) con diálogo con empresas y organismos internacionales.

En España, regular la inteligencia artificial (IA) en la Administración y en el ámbito productivo exige respetar un entramado de requisitos constitucionales, europeos y legales que condicionan tanto el contenido de la regulación como el procedimiento para aprobarla y aplicarla.

1. Competencias, reserva de ley y jerarquía normativa

• Constitución Española (CE): los derechos fundamentales (arts. 14, 18, 24, 28, 35 CE, entre otros) solo pueden ser regulados y restringidos por ley, y en muchos casos por ley orgánica. Cualquier regulación de IA que afecte de forma intensa a privacidad, igualdad, libertad de expresión, derechos laborales o tutela judicial debe apoyarse en una norma con rango adecuado.
• Competencias Estado‑CCAA: el art. 149.1.18.ª CE atribuye al Estado la competencia sobre el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones; sobre esa base se asientan la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015. Las CCAA pueden introducir especialidades, pero sin contradecir la regulación básica estatal ni el Derecho de la UE.
• Jerarquía normativa: los reglamentos y protocolos de uso de IA (por ejemplo, instrucciones internas o pliegos de contratación algorítmica) deben respetar las leyes y la CE, así como el Derecho de la Unión, incluido el Reglamento europeo de IA y el RGPD. No pueden crear nuevas restricciones de derechos que excedan la habilitación legal.

2. Principios de buena regulación e impacto normativo

• Las leyes y reglamentos sobre IA deben ajustarse a los principios de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, etc.), presentes en la legislación básica sobre sector público y en la normativa de calidad normativa.
• Es obligatorio un análisis de impacto normativo que, en materia de IA, debe incluir de facto:
  • Impacto en derechos fundamentales (privacidad, no discriminación, acceso a la justicia, derechos laborales).
  • Impacto económico y en la competencia, en particular para pymes y sectores regulados.
  • Coherencia con el marco europeo: Reglamento de IA, RGPD y resto de normativa sectorial.
• En muchas ocasiones procede una consulta pública previa y audiencia a interesados, especialmente cuando se establecen sistemas de decisión automatizada en servicios públicos o mercados regulados.

3. Protección de datos y derechos digitales

• El uso de IA que trate datos personales debe cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la LO 3/2018:
  • Base jurídica adecuada (consentimiento, contrato, obligación legal, interés público, etc.).
  • Minimización, limitación de la finalidad y conservación de los datos.
  • Evaluación de impacto en protección de datos cuando el tratamiento implique alto riesgo (por ejemplo, perfilado masivo o decisiones automatizadas relevantes).
• La LO 3/2018 incorpora derechos digitales (entornos laborales, uso de dispositivos, videovigilancia, etc.) de especial relevancia cuando se aplica IA para control o evaluación de personas trabajadoras o usuarios.

4. Transparencia, explicabilidad y no discriminación algorítmica

• La Ley 39/2015 exige motivar los actos administrativos y garantizar la audiencia y defensa de los interesados. Si la decisión se apoya en IA, debe poder explicarse de forma comprensible, al menos en sus criterios relevantes.
• El Reglamento europeo de IA establece obligaciones específicas de transparencia, documentación técnica, trazabilidad y supervisión humana, especialmente en sistemas de alto riesgo (p.ej. selección de personal, acceso a servicios esenciales o determinadas aplicaciones en la Administración).
• La CE (arts. 9.2 y 14) y la legislación antidiscriminatoria prohíben impactos desiguales injustificados; los diseños de IA deben incorporar evaluaciones de sesgo, pruebas de equidad y correcciones ex ante.

5. Seguridad, responsabilidad y normativa sectorial

• En el sector productivo, la IA se integra en marcos ya existentes:
  • Laboral: Estatuto de los Trabajadores (texto refundido), normativa sobre salud laboral y control empresarial; obligación de información y consulta a la representación legal cuando la IA afecta a condiciones de trabajo o evaluación del rendimiento.
  • Consumo: Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la IA que ofrece productos, servicios o precios personalizados debe respetar la protección frente a cláusulas abusivas, publicidad engañosa y prácticas desleales.
  • Propiedad intelectual: Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en lo relativo a uso de obras en entrenamiento de modelos, derechos de autores y límites aplicables.
• El futuro régimen de responsabilidad de la IA (en parte armonizado a nivel UE) y el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración obligan a prever mecanismos de reparación cuando una decisión automatizada causa daño ilegítimo.

6. Supervisión, control y gobernanza institucional

• España ha creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y aprobado normas como el Real Decreto 817/2023, que establece un entorno controlado de pruebas para comprobar el cumplimiento de la propuesta de Reglamento de IA.
• En el ámbito jurisdiccional, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado instrucciones sobre uso de IA en la actividad judicial, reflejando la necesidad de controles reforzados allí donde están en juego garantías procesales.
• La regulación y el despliegue práctico de IA deben prever mecanismos de supervisión continua, auditorías, registro de sistemas y canales de reclamación, tanto internos como ante autoridades independientes (protección de datos, supervisión de IA, autoridades sectoriales).

En conjunto, regular la IA en España no es partir de cero, sino aplicar y articular este entramado de garantías constitucionales, europeas y sectoriales a una tecnología que multiplica los riesgos tradicionales de la automatización y la toma de decisiones públicas y empresariales.