La pasada semana la Comisión de Reglamento esperaba aprobar el informe elaborado por la ponencia sobre la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés, pero se desconvocó tras un Pleno maratoniano en el que compareció Pedro Sánchez por los casos de corrupción que salpican al PSOE y a exmiembros del Ejecutivo.
Se apunta a que existen ciertas diferencias aún entre los grupos parlamentarios, pero tanto entre los ponentes como en el sector, se da por hecho que la regulación llegará más pronto que tarde. En una charla con DEMÓCRATA el presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry, reclama que el proceso no quede bloqueado.
En esta entrevista, defiende que la norma servirá para aportar transparencia, seguridad jurídica y diferenciar a los profesionales de los asuntos públicos de quienes, a su juicio, utilizan la influencia política con fines ajenos a la representación legítima de intereses.
Pregunta: La pasada semana se desconvocó la Comisión de Reglamento que previa aprobar la regulación del lobby, pero el texto parece que avanza. ¿Sentís ese pulso? ¿Lo ves cercano?
Respuesta: Lo veo cercano, pero depende de que los diputados digan que sí. Lo que creo que lo está complicando es la actualidad, que marca el paso y la agenda. Está siendo una barrera para que esto se apruebe definitivamente.
Esta regulación, tanto la reforma del Reglamento del Congreso como la Ley de grupos de interés, la pedimos los profesionales para que haya una certidumbre en cómo se relaciona o cómo trabajar ese diálogo que existe entre lo público y lo privado. No tiene ningún sentido que una regulación que afecta a los profesionales y que nos favorecería o generaría seguridad jurídica, también para los políticos, no se apruebe. Esto tendría que ser ajeno a toda la actualidad política, a los debates partidistas y a los cálculos electorales -en los que están ellos, nosotros no-.
Tenemos que seguir trabajando y, para hacerlo con garantías, necesitamos que se apruebe la regulación.
Esta regulación la pedimos los profesionales para que haya una certidumbre en cómo se relaciona o cómo trabajar ese diálogo que existe entre lo público y lo privado
P: Parece que esa actualidad, con el caso Zapatero, puede poner alguna traba. ¿Cree que puede llegar el punto en que este obstáculo termine por enquistar la aprobación de la reforma?
R: El caso Zapatero no es una excusa para que no se apruebe una regulación que, precisamente, delimitaría quién ejerce la profesión de asuntos públicos, lobista o como lo queramos llamar; y quién hace intrusismo donde no debería estar.
Esta regulación es vital para mejorar la democracia de nuestro país y para mejorar ese diálogo entre lo público y lo privado, aportando transparencia. Ayudaría a que nunca más, nadie, se haga pasar por lobista siendo en realidad un comisionista, un corrupto o un intrusista.
#ENTREVISTA Carlos Parry (@Lobby_ES): “La regulación del lobby es vital para evitar intrusistas, comisionistas o corruptos”.
— demócrata (@democrata_info) June 29, 2026
🗣️ El presidente de APRI explica en una charla con Demócrata cómo la actualidad está obstaculizando una reforma necesaria: “El caso Zapatero no es una… pic.twitter.com/BMzBSFWKjZ
P: En España quizá haya una visión algo negativa de lo que es el lobby. Y el caso Zapatero, previamente el caso Montoro del PP, pues no ayudan. ¿Cómo cree que se puede lidiar con esta imagen?
R: La regulación ayudará porque precisamente lo que perjudica a los profesionales que nos dedicamos de forma ética a esta profesión son aquellos que hacen intrusismo y que están mucho más cerca de lo que es el conflicto de interés que de un lobista profesional.
Un lobista profesional no basa su trabajo en hacer comidas entre amigos para conseguir contratos públicos. No nos dedicamos a eso, sino a defender intereses legítimos, es decir, si una empresa o un sector económico o industrial se ve afectado por una regulación, nosotros lo que hacemos es recabar información, datos y aportarlos al legislador o al Ejecutivo para que pueda tomar decisiones de forma informada.
Es bueno que escuchen a todos, pero escuchar significa transparencia. No se puede escuchar solamente a unos porque son amigos de no sé quién, porque entonces no estamos yendo a otra cosa.
Sinceramente, la reputación negativa no viene por el trabajo de los profesionales, viene por aquellos que se quieren hacer pasar por lobistas cuando no lo son.
P: Entrando de lleno en el contenido de la reforma. APRI lleva más de una década reclamando una normativa específica. ¿Qué valoración hace del texto que actualmente está en tramitación?
R: Bastante positiva. Todo es mejorable en esta vida, pero creo que en el punto en el que estamos, lo importante es que haya una regulación. La propuesta es bastante razonable. Lo que más dudas nos genera es la independencia del órgano que va a velar por el cumplimiento de la ley. Creemos que no puede ser la Oficina de Conflicto de Interés, que es un órgano dependiente de un ministerio. Tiene que ser un órgano independiente y hemos propuesto que sea el Consejo de Transparencia. Hay una transaccional del PSOE para hacer algo intermedio. Nos podemos sentir cómodos con eso. Lo importante es que la ley se apruebe y se aplique.
P: La ley cuenta con vuestro beneplácito, pero como dice, hay matices. ¿Algún otro asunto susceptible de mejora o línea roja?
R: Lo hemos podido trabajar y dialogar con el Gobierno y con todos los grupos políticos. Si quitamos el ruido y el día a día, hay consenso entre todos. Quizá el único punto es lo que comentaba de la independencia, pero tiene solución. Con lo cual, no hay excusas que valgan para no aprobarla.
P: Al desconvocar la Comisión se ha ganado un tiempo que puede servir, de hecho, para encauzar posibles discrepancias.
R: Depende. Aquí hay dos opciones: o que la mayoría que apoyó la investidura del presidente apoye la modificación tanto del Reglamento como la Ley de Grupos de interés, que van en paralelo; o que los partidos de Estado, ahí incluso al PP, tomen una decisión responsable. Porque estamos hablando de un asunto que no es partidista, no es una ley para beneficiar al PSOE, es para beneficiar a un colectivo profesional que se está viendo amenazado negativamente por el intrusismo de otras personas.
Nos estamos llevando un impacto negativo en nuestra profesión y en nuestro día a día por el intrusismo de personas que se hacen pasar por lobistas cuando son comisionistas, intermediarios… Llámalo como quieras, pero no tienen nada que ver con nosotros.
Hablamos de una ley que beneficia a las empresas de nuestro país. Todas las grandes empresas tienen un equipo de profesionales que se dedica a los asuntos públicos. Las consultoras que se dedican a ello, las patronales, las asociaciones empresariales… Hay muchos actores dentro del mapa del lobby en España que necesitan tener una garantía de certidumbre en cómo vamos a seguir trabajando.
Nosotros en APRI tenemos un código propio de autorregulación, pero mientras no haya una regulación, no es suficiente, porque lo queremos hacer bien. Los que se hacen pasar por nosotros no tienen nada… Bueno, sí, el Código Penal.
P: En España, ¿por qué cuesta tanto diferencia entre representación de intereses perfectamente legítima y el tráfico de influencias?
R: Porque no hay regulación. Si hubiera regulación, sabríamos quién es el lobbista profesional, qué intereses representa, con quién habla y con quién no. También democratizaría el acceso a los políticos, a los decisores, porque habría una mayor tranquilidad y seguridad: ‘oye, me reúno con esta persona porque sé que trabaja para esta empresa y está defendiendo este interés’.
Pero como no hay una regulación, no hay un registro de transparencia, todo está en la parte oscura de la vida que lleva a generar muchas confusiones y a complicar mucho el trabajo que hacemos.
P: ¿Se puede legislar bien sin escuchar a empresas, asociaciones, sindicatos o colegios profesionales?
R: La mejor decisión que puede tomar un legislador o un político es cuando está informado, y para eso tienes que escuchar diferentes puntos de vista. ¿Cuántas veces hemos visto leyes en España que se han aprobado y se han tenido que corregir porque había errores? Si escuchamos a los que están en el día a día, a los que saben, quizá se tomen mejores decisiones.
El lobbista no impone decisiones, esto es importante decirlo. Nosotros informamos y transmitimos preocupaciones. O al revés, también de forma proactiva. Eso es participar en la vida pública, que además, es un derecho reconocido en la Constitución Española.
P: ¿Cree que los políticos están preparados para esta transparencia?
R: Deberían. Es que, cuando no puedes contar algo, es que no lo estás haciendo bien. El que no quiera compartir su agenda es porque algo no quiere explicar y, si es así, es porque tu conciencia te dice que no está bien. Nosotros defendemos que se compartan las agendas.
P: Esta transparencia, ¿exigirá más burocracia a las empresas?
R: Bueno, ya se hace en Bruselas y funciona perfectamente. Es un registro de información. Para los que hemos trabajado en Bruselas no nos ha supuesto ninguna barrera, funciona perfectamente. Hay un registro que facilita el diálogo en Bruselas y está muy normalizado.
A lo largo de la conversación, Parry vuelve una y otra vez sobre una idea: la regulación no es una amenaza para el sector, sino una protección. Como ejemplo mira a Bruselas, donde el registro de transparencia forma parte del funcionamiento habitual de las instituciones europeas. Allí, sostiene, la obligación de identificar quién representa qué intereses y con quién se reúne no ha frenado la interlocución entre empresas y responsables públicos. Al contrario, ha contribuido a normalizar una actividad que, en España, todavía arrastra recelos y confusiones. Para el presidente de APRI, el reto pendiente es precisamente ese: sacar el lobby de la sombra y situarlo en el terreno de la transparencia y la rendición de cuentas. Ardua tarea, máxime con una actualidad que agita el tablero.
