La primera derogación de un decreto-ley en el nuevo curso político devuelve a los lobbies a la casilla de salida. A la ausencia de una regulación de su actividad. La caída, no obstante, no tendría por qué suponer el punto final a esta cuestión en la presente legislatura. Esa es, al menos, la lectura que hacen en el Partido Popular.
Ángel Ibáñez, ponente designado por el Grupo Popular para abordar esta normativa en el Congreso conoce de cerca las aristas del texto derogado, qué cambios incorporaba desde el proyecto que el Gobierno envió hace año y medio y qué enmiendas fueron rechazadas. Horas después de la caída del decreto-ley, atiende telefónicamente a DEMÓCRATA para atender a sus preguntas.
PREGUNTA: El Gobierno ha acusado al Partido Popular de votar en contra de convalidar la Ley de Lobbies por no querer aportar transparencia. ¿Qué opinión le merece?
RESPUESTA: Es una acusación completamente infundada. Fue una mayoría absoluta de 179 votos del Congreso de los Diputados la que rechazó de plano el mecanismo del real decreto ley y su convalidación como instrumento para regular esta cuestión.
Si hay un partido que ha trabajado para que la transparencia fuera incorporada en esta regulación ha sido el Partido Popular: presentamos 23 enmiendas a un proyecto de 17 artículos y muchas de ellas han acabado incluyéndose en el propio decreto-ley. Somos unos firmes defensores de esta regulación y de la transparencia. Lo que ocurre es que el Gobierno se ha encontrado con una mayoría absoluta de la Cámara que rechaza sus formas.
Siempre hemos estado en disposición de colaborar con la regulación de los lobbies
P: ¿Por qué compensa la derogación del decreto ley y no tener una regulación ahora mismo de lobbies?
R: Lo que no compensa a este país es tener un Gobierno que vive en el permanente alambre. Que está a cualquier otra cosa menos hacer el trabajo que tiene que hacer. Que cuenta con el apoyo de los grupos en una tramitación ordinaria y que, de repente, vuela todos los puentes y entonces utiliza mecanismos extraordinarios como el real decreto-ley.
Todo lo que ha hecho el Gobierno es culpa del Gobierno. Esto no le compensa ni al país, ni al PP, ni a los grupos de interés que están esperando esta regulación. El Gobierno tiene que hacérselo mirar porque está en una deriva donde solo funciona a través de los mecanismos del chantaje. Y, evidentemente, el PP ante chantajes no puede ceder.
P: Si el Gobierno volviera a la negociación o pidiera reactivar la tramitación del proyecto de ley, comparando el decreto-ley derogado, ¿el PP estaría dispuesto a llegar a un acuerdo?
R: Siempre hemos estado en disposición de colaborar con la regulación de los lobbies, de los grupos de interés. Que hayamos presentado numerosas enmiendas y que muchas de ellas se hayan incluido denota que, no solamente estamos por la regulación, sino que hemos colaborado activamente a mejorarla. No puede haber ninguna duda de cuál es nuestra voluntad. La ponencia sigue abierta y, por tanto, estamos dispuestos a seguir en la mesa con diálogo, con negociación y avanzar en esta regulación.
El Gobierno podría tomar la iniciativa pero el ministro responsable está en modo candidato a la Comunidad de Madrid
P: El Gobierno, al menos por lo deslizado hasta ahora, ve muy difícil volver a impulsar la norma. ¿Cree que debería ser el Gobierno el que diera el paso o puede el PP tomar la iniciativa?
R: Por supuesto que el Gobierno podría tomar la iniciativa y seguir avanzando. Pero no nos olvidemos de una cuestión muy importante: el ministro responsable (Óscar López) está en modo candidato a la Comunidad de Madrid. Está mucho más ocupado en hacer oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) o de insultar a los jueces, que de trabajar en los temas que requiere el país.
Y quienes acaban pagando el pato son todas las instituciones que tienen que ser objeto de regulación, todos los grupos de interés, e incumplir con los mandatos de la Unión Europea. Ojalá den pasos en esta cuestión, pero están ocupados en otros temas y no en lo que realmente importa al país.
P: ¿Qué aspectos podrían mejorarse en base a la propuesta que fue derogada?
R: Hay cuestiones en relación con el ámbito subjetivo de la ley, quién debe estar y quién no debe estar cuando hacen determinadas funciones. Si algo ha conseguido el Gobierno es obtener el pleno rechazo unánime de los sindicatos y la patronal, con el silencio cómplice de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Resulta curioso que alguien que también colabora y está tan cercana a las organizaciones sindicales haya mantenido silencio absoluto.
El Consejo de Transparencias ahora mismo tiene 30 trabajadores y se le deriva la regulación y la capacidad sancionadora de los lobbies
Por otro lado, creemos que el organismo regulador debe ser una autoridad independiente y pedíamos que transitoriamente fuera el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. No nos opondríamos, pero ahora mismo tiene en torno a treinta personas y no se ha diseñado ninguna arquitectura institucional para dotarle de medios presupuestarios, técnicos y humanos. Es derivar a un órgano que todavía no se ha desarrollado una misión especialmente importante: la inscripción, regulación y la capacidad sancionadora en esta materia.
Luego haycuestiones de tipo formal en relación con el ámbito sancionador. Muchos conceptos son jurídicamente indeterminados, dificultan la regulación y, por tanto, habría que acotar jurídicamente. También abogamos por una interoperabilidad en todo el territorio nacional. Son ejemplos de cuestiones que todavía podrían ser mejorables.
P: Y ahora la pregunta inversa: ¿qué aspectos considera más positivos de la norma?
R: Valoramos positivamente que se hayan incluido cuestiones que marcaba el PP porque acredita que teníamos razón. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el objeto de la norma habíamos añadido conceptos como la responsabilidad, la integridad, la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a la regulación.
El texto incluye también una mejor definición de qué definimos como personal susceptible de influencia, desglosando todos los tipos de cargos de la Administración General del Estado.
En el contacto entre la Administración General del Estado y los grupos de interés hemos incorporado todo lo que tiene que ver con actas o minutas de las reuniones, fecha, lugar, participantes, asuntos, documentos intercambiados...
También cuestiones relacionadas con el registro de los grupos de interés, relacionadas con la presentación del compromiso de mantener la inscripción, que produce efectos desde la inscripción para evitar que hubiera problemas para quien quiera inscribirse.
Si sindicatos y patronal desarrollan otra labor distinta a la de su paraguas institucional, es razonable que tengan que acogerse a la regulación
Otra cuestión que dificultaba el trabajo de la Administración General del Estado era que un inscrito pudiera inmediatamente, sin desarrollar actividad de influencia, tener acceso a los documentos que, en materia regulatoria, produjera la Administración. Y eso lo han eliminado.
En la huella legislativa abogábamos por un formato estandarizado, donde se identificara cuál había sido la incidencia del grupo de interés sobre esa norma, y la descripción de las aportaciones que no acabaron produciendo cambios.
P: Mencionaba antes el ámbito subjetivo de la ley y la inclusión de los agentes sociales. ¿Cómo lo habría resuelto el PP?
R: Teníamos una enmienda concreta que proponía que las organizaciones sindicales y empresariales estuvieran exentas de tener que estar inscritas en el registro de grupos de interés cuando están desarrollando el ejercicio de funciones constitucionales.
Es decir, si están desarrollando actividades de influencia o si hay entidades creadas o financiadas por estas organizaciones, en esos casos tendrían consideración de grupo de interés. Si desarrollan otra labor distinta a la de su paraguas constitucional, parece razonable que tengan que acogerse a las normas que regulen esa materia concreta.
P: Otra preocupación que salió en el debate fue no distinguir entre grandes empresas o actividades profesionales de organizaciones con menos recursos. ¿Cree que sería necesario distinguir a la hora de exigir determinadas obligaciones?
R: Entendemos las dificultades que puedan tener entidades de menor ámbito, pero todo el mundo debe acostumbrarse a que exista transparencia en la relación entre grupos que quieren ejercer influencia y la Administración. Estos grupos hacen una labor muy positiva, porque cuando una Administración tiene que legislar o regular a veces no conoce cada detalle de cada cuestión. Es importante que quien sí la conoce o quien sí se ve afectada pueda aportar a la Administración para que tenga una mejor capacidad de regulación. Cuando hay un grupo de interés en un sentido es previsible que haya otro en el sentido contrario. Y, a veces, de los equilibrios salen mejores normas.