Verónica M. Barbero (Sumar): “Necesitamos reformular el registro de jornada laboral, es un robo a los trabajadores y competencia desleal entre empresas”

La portavoz parlamentaria de Sumar y coordinadora general de Movimiento Sumar hace balance del curso en DEMÓCRATA y anticipa los asuntos que deben concretarse antes de concluir la legislatura

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Verónica M. Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar y coordinadora general de Movimiento Sumar

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Jueves 23 de julio. Ambiente pre parón estival, pero una larga jornada por delante en la Carrera de San Jerónimo. Apenas son las 12:30 horas del mediodía y ya se ha celebrado la comparecencia de la candidata al FROB, una Comisión de Justicia para emitir dictamen sobre la concesión de nacionalidad a los saharauis, la ponencia de la Ley del Cine y el Pleno escoba del Congreso lleva hora y media en marcha. La portavoz parlamentaria de Sumar y coordinadora general de Movimiento Sumar (junto a Rosa Martínez), Verónica Martínez Barbero, hace un alto en el camino para charlar con DEMÓCRATA y hacer balance, tanto de lo que llevamos de curso como de lo que resta de legislatura.

La conversación se produce en un momento de máxima exigencia y presión para el Gobierno de coalición, y en especial, para Sumar. La legislatura encara sus compases finales y hay varias reformas estratégicas aún pendientes de negociación, y la aritmética parlamentaria no sonríe precisamente. Con todo, Barbero defiende que el balance es positivo, reivindica el papel de los magenta como motor de las políticas sociales y anticipa que presionarán para concretar asignaturas pendientes.

Pregunta: No es la primera vez que hacemos una entrevista a modo de balance. Hace un año hicimos lo propio. Entonces, la legislatura permanecía en el limbo por los presuntos casos de corrupción del PSOE y una mayoría parlamentaria exigua e inestable. ¿Cómo han sido estos meses? ¿Ha merecido la pena a nivel legislativo?

Respuesta: Creo que han sido especialmente buenos estos últimos seis meses, empezando por algo que mucha gente da por hecho: volvimos a subir el Salario Mínimo Interprofesional, que es muy importante. Se revalorizaron las pensiones y, de trabajo legislativo, tenemos en el Congreso tres normas muy importantes. La Ley de Economía Social, que es una ley poco conocida mediáticamente, pero que ha generado un cambio profundo, mejorando la igualdad, el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de las cooperativas y fomentando un sector que representa un porcentaje muy importante de nuestro país. Una economía justa que, además, es una forma de producir sostenible para los derechos de las personas y del planeta.

Hace nada tuvimos una magnífica noticia con la aprobación de la Ley de Dependencia y Discapacidad, una reforma de ese pilar del bienestar que es el de los cuidados. Supone cambiar de un régimen de institucionalidad constante y que la gente sea internada a que la persona autónomamente decida cómo quiere ser cuidada. Mejora el sistema en general.

A esto, le sumamos la aprobación de más de 6.200 millones, que por fin el Estado cumple con el 50% de la aportación al sistema de Dependencia, por ley, para evitar interpretaciones.

Por tanto, creo que sí, ha merecido mucho la pena cualitativamente y cuantitativamente.

P: Ha mencionado varias iniciativas, pero me queda la sensación de que hay superproducción en el Gobierno, mas las leyes que se envían al Congreso no terminan de concretarse en el BOE. Ahí están todas las leyes sanitarias. Incluso, reales decretos-ley que decaen, como el de Vivienda.

R: A lo hechos me remito, no es así. La semana pasada, además de esa Ley de Dependencia, sacamos adelante la Ley de libertad de expresión, que no es del Ejecutivo, sino de mi grupo parlamentario [fue un debate de totalidad]. Va a conseguir que en este país no le tengamos miedo a una viñeta o a una canción, que no estemos persiguiendo la libertad de expresión, porque no parece propio de un país desarrollado. Ahora que estamos muy de 'marca España'… Esto es marca España.

Y hay otras iniciativas. Yo, francamente, creo que estamos en un buen momento de la legislatura. Acabamos de arrancarle un acuerdo al PSOE para llevar un real decreto-ley con normas en materia de vivienda, pero sobre todo, una importantísima prórroga de alquileres que afectaría a más de cuatro millones de personas. Desde la última vez que nos vimos, el porcentaje de ciudadanía preocupada por la vivienda ha ido creciendo y estamos dando pasos importantes. Lo que tiene que hacer el Parlamento es escuchar a la ciudadanía y ser responsable de las decisiones que vaya adoptando

Verónica M. Barbero 

“Estamos en un buen momento de la legislatura”

P: En aquella entrevista, decías, hablamos mucho de vivienda. Casi el tema nuclear. Desde entonces se ha aprobado el Plan de Vivienda 2026-2030, pero decayó un real decreto-ley y ahora han pactado otro con el PSOE. ¿Es optimista con este decreto? ¿Ha habido avances suficientes en materia de vivienda o quedan asignaturas pendientes antes del final de legislatura?

R: Nosotros trajimos un real decreto-ley que nos costó plantarnos en el Consejo de Ministros. Como es una norma que entra en vigor en el momento de su aprobación, ha permitido a cientos de miles de personas quedarse en su casa, lo que es ya un orgullo y hace que merezca la pena toda la legislatura. Luego, se aprobó el Plan de Vivienda, que tiene cosas que no compartimos y otras que pueden estar bien, sobre todo, una serie de cuestiones a medio y largo plazo.

Insistimos en medidas articuladas a través de un real decreto-ley porque la vivienda, a día de hoy, ya es un problema, es una crisis habitacional generada además por decenas de años de permitir y fomentar la especulación por parte del bipartidismo. El real decreto-ley pactado con el PSOE incorporará muchos más contenidos, será amplio y tendremos que seguir.

P: ¿Tienen atados los apoyos suficientes para el decreto de vivienda?

R: Acabamos de anunciar un acuerdo con una serie de contenidos, y varios grupos parlamentarios están haciéndonos llegar propuestas. Aspiramos a negociar y poder sacarlo con el mayor consenso posible.

P: Uno de esos grupos es Junts. ¿Cómo la decisión del TJUE sobre la Ley de Amnistía al tablero político español? ¿Allanar el regreso de Carles Puigdemont lo acerca a Moncloa o lo empuja hacia PP y Vox?

R: Empezamos la legislatura con un problema político entre Cataluña y España. Podemos disfrazar las palabras, pero es una realidad. Ahora, estamos en un momento de la legislatura en que ese problema ya no existe, y es gracias a una ley. Porque sí, las leyes también sirven para solventar problemas políticos. La ley de amnistía ha servido para eso. Cualquier persona que viva en Cataluña ve cómo ha cambiado su día a día.

El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy nos complicó la vida a los españoles y españolas. Generó un conflicto político inmenso, muy difícil de gestionar. Lo gestionamos. Desde entonces, después de la Ley de Amnistía, lo que hemos hecho es mejorar la vida de la gente, política útil y avanzar en derechos para toda la ciudadanía.

P: Ha mentado al PP. ¿Cómo ha sido convivir con esta oposición, incluyendo a Vox, a la que achacan haberse instalado en el ‘no a todo'?

R: Sobre Vox, poco puedo decir, porque ya no es el ‘no a todo’, es que no trabajan. No se ganan el salario público que paga la ciudadanía. No hacen enmiendas a leyes, sino un corta-pega de todas las enmiendas. Ya lo viví como directora general de Trabajo, que todas las preguntas que llegaban de Vox eran las mismas. Esta gente no trabaja. Es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Tienen todo el tiempo del mundo para difundir bulos e inventarse mentiras. Viven en el fango constante y hacen vivir a una institución en el fango constante para destruir instituciones.

El PP es un poco diferente porque tiene muchas diputadas serias y serios que trabajan. No solo están formadas, sino que producen. El problema es que todo se ve deslucido por las decisiones que se adoptan desde la cúpula. Hace tiempo que el problema del PP es que hace política como Vox, y eso no lleva a ningún lado bueno a la ciudadanía. Todo el trabajo que mucha gente del PP está haciendo en el hemiciclo se queda por el camino por ese ‘no a todo’.

Barbero “Sobre Vox, poco puedo decir, porque ya no es el ‘no a todo’, es que no trabajan.”

P: Entramos en el tramo final de la legislatura. Usted es la portavoz parlamentaria de Sumar, ¿cuáles son, a su juicio, las leyes que cree que deben aprobarse antes de convocar elecciones?

R: Podría decir unas cuantas, pero me voy a centrar en una serie de normas que son muy importantes para nuestro espacio político.

La libertad de expresión es una norma que ya tenemos ahí enfocada y es importante que salga adelante. Otra bastante vinculada: la Ley Mordaza. La eliminación de sus elementos más lesivos es algo en lo que estamos empeñadas y, creo que con la capacidad negociadora del grupo parlamentario, seremos capaces. Estas dos caras de una moneda tienen que salir y creo que lo harán.

Luego, tenemos dos temas centrales desde el punto de vista de la clase trabajadora. Uno, las horas extra. Necesitamos reformular el registro de la jornada laboral. Lo he visto demasiadas veces como inspectora de trabajo: llegas a una empresa después de recibir una denuncia por horas excesivas que no se pagan y la empresa te enseña que no solo están firmadas las horas, sino las del mes siguiente. Es una trampa y hay amenazas. En España tenemos dos millones y medio de horas extraordinarias sin pagar. Es una barbaridad y hay que cambiar el sistema porque es un robo a la clase trabajadora y competencia desleal entre empresas, porque no todas lo hacen. Un registro de jornada que, ahora mismo, está bloqueado por el PSOE, algo poco comprensible, pues se llama ‘Obrero Español’.

El otro problema central es la pobreza infantil. Como la vivienda, es una constante y vamos a seguir peleando. Estamos todas de acuerdo, porque cada vez que hemos tenido ocasión de hablar de ello con distintas comparecencias, los grupos coincidimos, incluidos PP y Vox. La pobreza en general ha ido mejorando, pero no es suficiente. Hay una herramienta básica que es la prestación universal por crianza. Hay formas de sufragarla. Tiene que venir aquí al Congreso y tenemos que aprobarla. Es una medida para cuidar de a familia. Si quieres sus señorías de la derecha o la extrema derecha, que hablen de natalidad, me parece bien, pero sobre todo es para cuidar de la familia y la infancia.

P: En los últimos meses, lejos de bajar el suflé de la presunta corrupción vinculada al PSOE, han aflorado el caso Zapatero, Leire Diez, hay sentencia contra José Luis Ábalos… ¿Su socio ha dado pasos en la buena dirección? ¿Se han tomado medidas? Recuerdo que firmaron un pacto con compromisos el año pasado ¿En qué ha quedado?

R: Cosas pendientes hay, porque en este país, en demasiados años se soportó la corrupción y se vivió de ella. Lo curioso es que nosotros acordamos con el PSOE traer a esta Cámara la Oficina de prevención de la corrupción. La trajimos y, quien ha vivido de la corrupción más en este país, no lo digo yo sino las sentencias, es el PP, que votó en contra.

Puedo entender que parezca una norma más, lo que ocurre es que en este país perseguimos la corrupción, no prevenimos la corrupción, no la evitamos. Esta iniciativa lo que hacía era crear un poder para prevenir la corrupción con capacidades plenas, sancionadoras, de investigación… Un ente independiente que hiciera todo lo que realmente no se puede hacer desde dentro de la Administración para hacerlo bien. Esto funciona en otros países y es lo que recomienda el GRECO, pero el PP votó en contra.

Es una norma clave y si mañana el PP nos dice que vota a favor, la volvemos a traer. Y tenemos otras normas en cartera, como la reforma del Estatuto de los expresidentes, que quiero saber qué va a votar también el PP. La verdad es que a día de hoy no sé qué va a votar el Partido Socialista, pero presumo que sí. Y la vamos a traer, porque es una ley que delimita lo que son los delitos. Una cosa es aquel comportamiento que sea un delito y otra que moralmente no sea respetable. Ahora mismo, los expresidentes tienen unas retribuciones que cobran de los Presupuestos y pueden hacer sus negocios siempre que no sean objeto de incompatibilidades o de delitos concretos. La retribución de expresidentes es para que no tengan que hacer otros negocios. Es voluntario dejar de cobrar cuando haces ambas cosas, y nos parece que no debería de ser así. Si hay alguien que quiere recibir esa retribución, pues no puede hacer otras cosas, y ya está.

P: A la vuelta del verano aguardan las negociaciones por los Presupuestos Generales del Estado. ¿Ha habido contactos ya con el PSOE? ¿Les ve con voluntad real de negociar y de sacar unas cuentas o cree que es un mero trámite o una artimaña para exhibir proyecto político como antesala a las elecciones generales?

R: Primero, tiene que haber, efectivamente, una negociación entre los socios de Gobierno. Será lo primero que hagamos. Y tengo la firme convicción de que el Ejecutivo va a presentar unos PGE para aprobarlos. Espero una negociación que será dura, pero tenemos muchas ganas de sacarla adelante y tener Presupuestos.

P: Para concluir, desde hace pocas semanas usted está al frente de Sumar junto a Rosa Martínez, la secretaria de Estado de Derechos Sociales. ¿Qué es lo que cree que tiene que ser Sumar en adelante y quién ha de ser el candidato o candidata?

R: En Movimiento Sumar lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo los territorios, la afiliación, la implantación territorial. Hay muchas cabezas y manos con ganas de hacer cosas y tenemos que darle espacio. Hay muy buenas ideas que creo que cuando las comuniquemos, sorprenderán.

Salimos de la Asamblea con muchísima ilusión y las pilas cargadas para afrontar un momento muy relevante. Estamos caminando hacia la unidad de la izquierda, queremos unas izquierdas fuertes que puedan conseguir gobiernos de izquierdas. Movimiento Sumar ha sido esencial en esas alianzas, un pegamento importante.

Y sobre candidaturas, adelanto que será la mejor decisión, porque será una decisión colectiva. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y demostrarle a la gente que vamos a ejercer nuestra responsabilidad y estar a la altura.

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¿En qué estado parlamentario se encuentra la reforma del registro de jornada laboral que propone Sumar?

La reforma del registro de jornada ligada al acuerdo de legislatura de Sumar se materializó en el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión (expediente 121/000058, autor formal el Gobierno). Ese proyecto fue tramitado en el Congreso por el procedimiento de urgencia, pero el Pleno aprobó las enmiendas a la totalidad de devolución el 10 de septiembre de 2025 (178 sí, 170 no), de modo que el texto fue devuelto al Gobierno y la tramitación parlamentaria quedó concluida con rechazo el 17 de septiembre de 2025. A día de hoy, por tanto, no hay una reforma legal de registro de jornada promovida por Sumar en tramitación parlamentaria; el desarrollo normativo sigue en la vía gubernamental (anteproyecto, proyecto de ley y un proyecto de real decreto específico sobre registro de jornada) pero fuera ya del cauce parlamentario en ese expediente concreto.

La iniciativa parlamentaria clave: Proyecto de Ley 121/000058

La reforma a la que te refieres se canalizó en el Congreso mediante el:

  • Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley (autor: Gobierno, en ejecución del acuerdo PSOE–Sumar).
  • Título: Para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.
  • Expediente: 121/000058.
  • Cámara: Congreso de los Diputados.
  • Legislatura: XV.
  • Ficha oficial: puede consultarse en la web del Congreso a través de la ficha de tramitación.

El texto inicial del proyecto se publicó en el Boletín de las Cortes Generales el 16 de mayo de 2025 (BOCG 58-1). Desde la propia exposición de motivos y el articulado se ve que la reforma tenía tres grandes ejes: reducción de jornada máxima legal, refuerzo y precisión del registro de jornada y regulación más detallada del derecho a la desconexión.

Fases parlamentarias superadas

Según el registro del Congreso, la secuencia fue la siguiente:

  • 09/05/2025: registro de la iniciativa en el Congreso y envío a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con competencia legislativa plena y procedimiento de urgencia, como se recoge en el propio boletín del proyecto (BOCG 58-1).
  • 16/05/2025: apertura del plazo de enmiendas por ocho días hábiles, con sucesivas ampliaciones; en total se produjeron cuatro ampliaciones del plazo para enmiendas.
  • 24/06/2025: publicación de las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos, incluyendo una de Junts per Catalunya y otra de Vox, en el boletín de enmiendas (BOCG 58-2), donde ya se critica expresamente que la reducción de jornada responde al acuerdo de legislatura entre Sumar y PSOE.
  • 10/09/2025: debate de totalidad en Pleno con votación de las enmiendas a la totalidad de devolución. El resultado fue:
    • Sí: 178
    • No: 170
    • Abstención: 0
    Al aprobarse las enmiendas de devolución, el Pleno acordó la devolución del proyecto de ley al Gobierno, es decir, el rechazo del proyecto en su conjunto.
  • 16/09/2025: publicación en el Boletín Oficial de las Cortes del acuerdo del Pleno que aprueba las enmiendas a la totalidad y devuelve el texto al Ejecutivo (BOCG 58-3).
  • 17/09/2025: anotación en la ficha parlamentaria de la “publicación del rechazo” y cierre del expediente con estado “Concluido (publicación del rechazo)”, visible en la ficha de tramitación.

En la práctica, esto significa que el proyecto ni siquiera llegó a fase de ponencia ni dictamen de comisión: se frenó en el debate de totalidad, al prosperar las enmiendas que pedían devolverlo.

Estado actual y conexión con Sumar

Aunque en el debate político se habla de la “reforma de Sumar”, el registro parlamentario deja claro que la iniciativa era un Proyecto de Ley del Gobierno, nacido de un anteproyecto elaborado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Antes de llegar al Congreso, ese anteproyecto siguió las fases clásicas del Ejecutivo:

  • Consulta pública previa sobre la reducción de jornada, registro de jornada y desconexión digital (23/11/2024–07/12/2024), disponible en la plataforma del Ministerio de Trabajo (consulta pública previa).
  • Audiencia pública y texto de borrador de anteproyecto, publicados en el portal de participación del Ministerio (audiencia anteproyecto de ley).
  • Acuerdos del Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025 y 6 de mayo de 2025, que aprueban el anteproyecto y luego el proyecto de ley, y solicitan su tramitación parlamentaria urgente, recogidos en las referencias oficiales del Consejo de Ministros del 4 de febrero (referencia 4/02/2025) y del 6 de mayo de 2025 (referencia 6/05/2025).

En paralelo, el Ministerio ha impulsado un Proyecto de Real Decreto específico sobre el registro de jornada, que se tramita en la vía reglamentaria (no parlamentaria), con consulta pública y audiencia propias (consulta real decreto, audiencia real decreto) y acuerdo de urgencia del Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2025 (referencia 30/09/2025).

Resumiendo: la reforma legislativa de jornada y registro impulsada políticamente por Sumar, pero formalmente presentada por el Gobierno, fracasó en sede parlamentaria en septiembre de 2025. Hoy el foco regulatorio sobre el registro de jornada está en ese real decreto en tramitación ejecutiva, sin que exista, según el expediente 121/000058, una nueva iniciativa legislativa equivalente en curso en las Cortes.

¿Qué contenidos concretos sobre registro de jornada incluía el Proyecto de Ley 121/000058 en su articulado? ¿Qué argumentos defendieron los distintos grupos parlamentarios a favor y en contra de la devolución del proyecto en el Pleno del 10 de septiembre de 2025? ¿En qué va a cambiar la práctica del registro horario el futuro Real Decreto sobre registro de jornada que tramita el Ministerio de Trabajo?

¿Cuáles son las principales competencias de una portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados según la normativa española?

En el Congreso de los Diputados, la portavoz (o el portavoz) de un grupo parlamentario es la persona que ostenta formalmente la representación del grupo ante los órganos de la Cámara y en los debates. Su posición viene definida principalmente por el Reglamento del Congreso de los Diputados, publicado por primera vez en 1982 y sucesivamente reformado, y por la práctica parlamentaria. Desde el punto de vista jurídico, sus competencias derivan de su condición de titular de la “portavocía” del grupo, mientras que el peso político del cargo se concreta en cómo utiliza esas facultades en la Junta de Portavoces y en el Pleno.

1. Marco normativo básico de la portavocía

El marco esencial es el Reglamento del Congreso, aprobado en 1982 y modificado en múltiples ocasiones, entre otras por reformas como la de septiembre de 2023, la de diciembre de 2023, la de junio de 2022, la de septiembre de 2021, la de 2011, la de 2009, la de 2001, la de 1994/2000 (corrección), la de 2000, la de 1996, la de 1994 (corrección) y la de 1994, así como por la reforma de 1993 que afecta a diversos artículos (reforma de 1993). Más recientemente se cita también una reforma general del Reglamento de 10 de febrero de 1982, fechada en 2025 (reforma 2025).

El Reglamento establece que en el escrito de constitución de cada grupo parlamentario debe indicarse expresamente el nombre de la persona que ejerce su portavocía y de quienes puedan sustituirla. La elección de esta portavoz se realiza internamente por los miembros del grupo, de acuerdo con sus propias normas, y se comunica a la Mesa de la Cámara; esta práctica se describe en la información general disponible sobre los grupos parlamentarios.

2. Representación del grupo y Junta de Portavoces

Las personas designadas para las portavocías de los grupos parlamentarios integran la Junta de Portavoces. Según el Reglamento (en la redacción vigente tras las reformas de 2025), la Junta:

  • Se reúne bajo la presidencia de la Presidencia del Congreso, que la convoca por iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara.
  • Cuenta con la presencia, al menos, de una de las Vicepresidencias, una Secretaría y la Secretaría General, y las personas portavoces pueden ir acompañadas de un miembro de su grupo sin derecho a voto.
  • Adopta sus decisiones con el criterio de voto ponderado, de modo que el voto de cada portavoz refleja la fuerza numérica de su grupo.

En consecuencia, la competencia central de la portavoz es representar políticamente al grupo en esa Junta, donde se canaliza buena parte de la negociación interna de la Cámara. La Mesa del Congreso debe oír a la Junta de Portavoces, es decir, a las portavocías, para fijar el calendario de actividades, coordinar los trabajos, acordar la creación de determinadas comisiones o decidir la inclusión urgente de asuntos en el orden del día del Pleno.

3. Funciones respecto al propio grupo parlamentario

El Reglamento vincula varias decisiones internas de grupo a la portavocía:

  • La aceptación de diputados asociados a un grupo que no formen parte de él desde el inicio de la legislatura requiere la aceptación de la portavocía, que se comunica a la Mesa.
  • La incorporación posterior de un diputado a un grupo tras adquirir la condición de miembro de la Cámara también exige la aceptación expresa de la portavocía del grupo de destino.
  • En el caso del Grupo Parlamentario Mixto, el Reglamento prevé que sus intervenciones de grupo puedan realizarse a través de un solo miembro, siempre que todos lo acuerden y lo comuniquen a la Presidencia por medio de la portavocía; si no hay acuerdo, se reparte el tiempo entre varios miembros en las condiciones fijadas reglamentariamente.

Además, el escrito inicial de constitución del grupo, en el que figura la portavocía, es la base para computar miembros, asignar subvenciones y determinar la presencia del grupo en comisiones, aspectos regulados también en el Reglamento y en reformas posteriores.

4. Papel en los debates y en la dinámica del Pleno

El Reglamento atribuye a la portavocía ciertas facultades directas sobre el desarrollo de los debates:

  • El cierre de una discusión puede acordarse por la Presidencia, de acuerdo con la Mesa, de oficio o a petición de la portavocía de un grupo parlamentario. Sobre esa petición cabe un breve debate con un turno a favor y otro en contra.
  • Las portavocías participan, a través de la Junta de Portavoces, en la fijación del orden del día del Pleno y de las Comisiones, pudiendo impulsar la inclusión urgente de asuntos cuando concurren las mayorías exigidas.
  • En general, cuando el Reglamento menciona intervenciones “de los grupos parlamentarios”, su materialización práctica suele hacerse a través de la portavoz o de quien esta designe, en el marco de los tiempos y turnos fijados por la Presidencia “oída la Junta de Portavoces”.

5. Síntesis funcional

En conjunto, las competencias de una portavoz parlamentaria pueden resumirse en tres planos: representación institucional del grupo (especialmente en la Junta de Portavoces), gestión interna de la relación del grupo con la Cámara (constitución del grupo, aceptación de asociados, comunicación de acuerdos del Grupo Mixto) y facultades específicas en el desarrollo de los debates (petición de cierre, intervención en nombre del grupo y participación indirecta en la fijación del orden del día). Todo ello se encuadra en el Reglamento del Congreso y sus sucesivas reformas, sin perjuicio de otras resoluciones interpretativas y prácticas parlamentarias recientes ni de disposiciones conexas publicadas en el BOE, como diversas resoluciones del Congreso y convalidaciones de reales decretos-ley, entre las que pueden citarse, a título ilustrativo, la relativa a la borrasca Filomena (Filomena), la del proyecto de Aznalcóllar (Aznalcóllar), o resoluciones sobre publicaciones oficiales y otros aspectos de funcionamiento interno (publicaciones electrónicas, ICEX, sistema financiero 2011, abastecimientos hidráulicos 1995, acuerdo de derogación 2026).

¿Qué margen tienen las portavocías para influir en el orden del día del Pleno y de las comisiones del Congreso? ¿Cómo se articula en la práctica la participación de la portavoz de un grupo en la Junta de Portavoces y qué peso real tiene el voto ponderado? ¿Qué diferencias prácticas existen entre las funciones de una portavoz parlamentaria de la oposición y las de una portavoz de un grupo que sostiene al Gobierno?

¿Qué requisitos específicos deben cumplirse para aprobar un real decreto-ley en el Congreso de los Diputados?

Para que un real decreto-ley despliegue plenamente sus efectos en el Congreso de los Diputados debe cumplir, primero, los requisitos materiales del artículo 86 de la Constitución (situación de extraordinaria y urgente necesidad y respeto a ciertos límites materiales) y, después, los requisitos formales y de control que fija el Reglamento del Congreso: debate y votación en el Pleno (o en la Diputación Permanente) en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación, con decisión final de convalidación o derogación. El Reglamento detalla el modo del debate, quién lo abre, cómo se vota y la posibilidad de tramitar el decreto-ley como proyecto de ley. Además, el acuerdo de convalidación o derogación debe publicarse en el BOE. Todo ello configura un instrumento excepcional del Gobierno, sometido a un control parlamentario intenso y en plazo muy breve.

1. Requisitos materiales previos (artículo 86 CE)

Aunque el Congreso no dicta el real decreto-ley (lo hace el Gobierno), al examinar su convalidación verifica que se cumplan los requisitos constitucionales del artículo 86:

  • Extraordinaria y urgente necesidad: el Gobierno solo puede acudir al decreto-ley cuando exista una situación que exija una respuesta normativa inmediata, como recogen múltiples reales decretos-leyes de crisis o emergencia (por ejemplo, medidas por la erupción de La Palma, Fondo COVID-19 o apoyo a “Mobile World Capital”).
  • Límites materiales: el decreto-ley no puede afectar a materias reservadas a ley orgánica, al régimen de las comunidades autónomas ni al régimen electoral general, según el propio artículo 86 y la doctrina constitucional, por ejemplo en la STC 152/2017 sobre los límites de los decretos-leyes.
  • Provisionalidad: su vigencia está condicionada a que el Congreso se pronuncie en 30 días sobre la convalidación o derogación.

2. Plazo y órgano competente en el Congreso

El Reglamento del Congreso, publicado por Resolución de 24 de febrero de 1982 (Reglamento del Congreso de los Diputados) y reformado en varias ocasiones (1993, 2012, 2023, 2025), concreta el control parlamentario de los decretos-leyes:

  • El debate y votación de convalidación o derogación debe celebrarse en el Pleno del Congreso o en la Diputación Permanente “antes de transcurrir los treinta días siguientes a su promulgación”, en coherencia con el artículo 86.2 CE.
  • El Reglamento prevé que la inclusión del decreto-ley en el orden del día pueda hacerse tan pronto como se haya publicado en el BOE.
  • Cuando el Congreso está disuelto o ha expirado el mandato, la Diputación Permanente asume las facultades respecto de los decretos-leyes, como se recoge en el propio Reglamento (facultades de control durante interlegislaturas).

3. Desarrollo del debate y tipo de votación

En el Pleno, el procedimiento se articula en varias fases, según el Reglamento:

  • Defensa por el Gobierno: un miembro del Gobierno expone las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley, justificando la extraordinaria y urgente necesidad y las medidas concretas.
  • Debate parlamentario: el debate subsiguiente se realiza “conforme a lo establecido para los de totalidad”; esto es, intervenciones de los grupos parlamentarios con turnos a favor y en contra.
  • Votación: concluido el debate, se procede a una votación en la que los votos afirmativos se entienden favorables a la convalidación y los negativos, favorables a la derogación. La Constitución no exige una mayoría reforzada específica para esta decisión.

El resultado se formaliza en un acuerdo de convalidación o derogación, que se publica en el BOE (por ejemplo, las resoluciones de convalidación de distintos reales decretos-leyes: RDL 18/2022, RDL 10/2021, RDL 8/2015, RDL 11/2014, RDL 14/1999, RDL 5/1990, RDL 3/1989 o RDL 18/1979).

4. Posible tramitación como proyecto de ley

Si el Congreso convalida un real decreto-ley, el Reglamento prevé un control reforzado:

  • La Presidencia pregunta si algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley.
  • Si algún grupo lo solicita, la Cámara decide; en caso afirmativo, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin admitir enmiendas de totalidad de devolución.
  • La Diputación Permanente puede, en su caso, acordar también la tramitación como proyecto de ley de los decretos-leyes dictados entre legislaturas.

En la práctica, muchas normas inicialmente aprobadas como decreto-ley (por ejemplo, RDL 25/2018, RDL 18/2019, RDL 9/2013, reformas reglamentarias vinculadas o la reforma de 2025 del Reglamento) acaban integrándose o siendo modificadas por leyes posteriores.

5. Control ulterior y referencia a otros textos

Además del control político del Congreso, el real decreto-ley está sometido al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional (como en la citada STC 152/2017) y puede verse afectado o derogado por leyes posteriores, como muestran numerosas remisiones en el BOE (por ejemplo, Ley 24/2013 respecto del RDL 9/2013, o remisiones en normas como Ley 49/2003 y Ley 19/1995).

Aunque muchas otras disposiciones citadas en el BOE (como órdenes y decisiones diversas: emisión de monedas, 40.º aniversario de la Constitución, juegos de la ONCE, fichero “Constitución Española”, comisión de conmemoración, o decisiones europeas como la Decisión de la Comisión de 2000, o instrumentos internacionales como el de 2004 sobre contaminación marina [enlace]) no regulan el decreto-ley, sí ilustran cómo el BOE publica de forma sistemática tanto los decretos-leyes como sus convalidaciones, reformas y normas conexas.

¿Qué consecuencias prácticas tiene que el Congreso derogue un real decreto-ley en vez de convalidarlo? ¿En qué se diferencia exactamente la tramitación de un real decreto-ley convertido en proyecto de ley del procedimiento legislativo ordinario? ¿Qué criterios utiliza el Tribunal Constitucional para valorar la “extraordinaria y urgente necesidad” de un real decreto-ley?

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¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Qué ley menciona Verónica Martínez Barbero como clave para resolver el conflicto político entre Cataluña y España?

Pregunta 1 de 3

¿Cuál fue una de las principales medidas sociales aprobadas recientemente según Barbero?

Pregunta 2 de 3

¿Qué crítica hace Barbero al grupo parlamentario Vox?

Pregunta 3 de 3

Hola, soy Fren. ¿Cómo te ayudo?