España está aumentando su gasto neto por encima de lo permitido en las reglas fiscales, pero dentro del margen que le permitiría la cláusula de salvaguarda habilitada para gasto militar. ¿Cuál es el problema? Que el Gobierno, en su reticencia retórica a secundar el rearme europeo, no se ha decidido a solicitar una relajación de las normas fiscales en este sentido.
Es por ello que la Comisión Europea emplaza al Gobierno a acogerse a esta flexibilización de las reglas de gasto para cumplir con sus compromisos fiscales.
En sus últimas recomendaciones publicadas este miércoles, Bruselas cifra el crecimiento del gasto neto en España el pasado año en un 4,8%, desviándose en un 0,4% del PIB respecto a la tasa máxima recomendada. La desviación acumulada en los últimos dos años, sin embargo, se sitúa dentro del margen de flexibilidad que permite la cláusula de escape en caso de que España solicitara acogerse a ella.
Los cálculos de la Comisión es que en 2026 el gasto neto aumente un 5,1% y se desvíe un 0,6% del PIB en términos anuales. Computando el período 2024-2026, la desviación acumulada alcanzaría el 0,7% del PIB. España no cumpliría con las reglas fiscales ni acogiéndose a la cláusula de escape, que dejaría la desviación en unas cuatro décimas de PIB.
En su informe, la Comisión Europea cifra el gasto total de España en defensa en el 1% del PIB en 2025, una décima más de PIB en comparación con el año anterior. Este gasto se elevará dos décimas más este año hasta el 1,2% del PIB en 2026, elevando el gasto militar en tres décimas de PIB en los últimos tres años.
En sus recomendaciones, la Comisión pide a España reforzar el gasto en materia de defensa y adaptar gradualmente su presupuesto para sostener un nivel estructuralmente más elevado de gasto militar.
Prorogar el plan anticrisis costaría 0,6% del PIB
El Ejecutivo comunitario también pide al Gobierno español garantizar que cualquier medida adoptada para suavizar el impacto de la subida de precios en la energía sea temporal y esté focalizada en los hogares más vulnerables y en las empresas más dependientes de la energía.
En su informe, Bruselas señala que las rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno no son focalizadas y tienen un impacto en las cuentas públicas del 0,3% del PIB. Si estas medidas fueran prorrogadas y continuaran hasta final de año el impacto sería tres décimas mayor, hasta el 0,6% del PIB.
Tras revisar al alza las previsiones económicas para España de cara a los próximos ejercicios, el Ejecutivo comunitario ha lanzado este miércoles una batería de recomendaciones clave para orientar las políticas monteras del Gobierno. Principalmente, la receta europea pone la atención en la sostenibilidad fiscal mediante el control del gasto neto, así como a la necesidad de incrementar la innovación y la productividad.
Tareas pendientes
En materia de ejecución de fondos de la Unión, la Comisión sda un tirón de orejas a España al advertirle de que la implementación de la política de cohesión sigue estando por debajo de la media del bloque tanto en selección de proyectos como en pago. De cara a revertir la situación, sería necesario “enfatizar” en la involucración de las autoridades locales, regionales y la sociedad civil.
Del mismo modo, a pesar de las reformas llevadas a cabo en el sistema judicial, Bruselas cree que la escasez de personal y la digitalización desigual entre regiones estaría generando una situación de retrasos judiciales que terminan perjudicando el clima de negocios.
El Ejecutivo comunitario apunta también a la falta de innovación como uno de los lastres para la economía nacional. La baja inversión privada en innovación se define como una limitación, que se complica por una estructura empresarial de microempresas de bajo valor. Bruselas ha propuesto al gobierno incrementar el gasto público en I + D del 1,25% del PIB para 2030, poniendo fin así a la dependencia de fondos europeos e impulsando la colaboración entre el mundo académico e industrial. “Actualmente es débil”, expresan fuentes consultadas.
Además, existe el riesgo generado por la dependencia de préstamos bancarios por parte de las empresas españolas. Bruselas cree que los mercados de capital riesgo y capital propio están infrautilizados, lo que impide que las empresas jóvenes y tecnológicas puedan escalar sus operaciones.
Otro de los retos a los que se enfrenta la economía española, como el resto de socios europeos, es lograr terminar con los cuellos de botella en la oferta de vivienda, especialmente en zonas urbanas y turísticas, ocasionado en gran parte según el Ejecutivo por la lentitud administrativa en permisos y la falta de suelo urbanizable.
En este sentido, el stock de vivienda social en España es menor al 2%, comparado con el 7% de media en el territorio comunitario. La Comisión presiona para crear sistemas de financiación sostenibles para este sector que no dependan exclusivamente del presupuesto nacional. A esto se suma, que en el país más de uno de cada cuatro niños están en riesgo de pobreza. Lo que se habría detectado es que las transferencias sociales tienen una capacidad limitada para reducir esta cifra, y el Ingreso Mínimo Vital tendría un alcance inferior a su potencia por cargas administrativas y falta de conocimiento de los beneficiarios.