Los europeos repiten a menudo que son “referentes y líderes mundiales en investigación científica de alta calidad”. A la hora de la verdad, sin embargo, el continente es incapaz, por el momento, de traducir ese motivo de orgullo en un nivel equivalente de éxito comercial dentro del mercado de los Estados miembros.
En los despachos del Ejecutivo europeo no son ajenos a esta realidad. Con el objetivo de cerrar las brechas estructurales identificadas a lo largo del ciclo de vida de la innovación, especialmente aquellas que afectan a proyectos de elevado riesgo tecnológico y a la capacidad de las empresas europeas para captar capital, Bruselas ha aprobado su nuevo Reglamento de Innovación. “Confía en nuestros innovadores y construye el futuro de Europa con ellos”, resumió la comisaria de Startups, Ekaterina Zaharieva, tras la aprobación de la norma por parte del Colegio de Comisarios.
Según la comisaria, la nueva legislación facilitará también la contratación pública transfronteriza de soluciones innovadoras, una cuestión considerada estratégica por la Comisión para generar demanda suficiente a escala europea. “Las tecnologías clave son demasiado caras para que cada Estado miembro las desarrolle por sí solo”, explicó Zaharieva.
La contratación pública deja atrás el criterio exclusivo del precio
En paralelo a la aprobación de este nuevo marco, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a su reforma de la contratación pública, que reduce el peso del precio como criterio determinante en los procesos de licitación para introducir elementos vinculados a la calidad y al impacto de la innovación.
En el ámbito específico de la investigación y el desarrollo, Bruselas introduce reglas diferenciadas. La compra pública de servicios de I+D deberá realizarse íntegramente por medios digitales, mediante herramientas como el European Business Wallet y sistemas interoperables. Antes de lanzar una licitación de estas características, las autoridades deberán realizar consultas de mercado anunciadas públicamente, con el objetivo de adaptar los pliegos a las capacidades reales de las tecnologías disponibles y evitar que los requisitos administrativos terminen excluyendo soluciones innovadoras.
La adjudicación deberá incorporar, además, una ponderación mínima obligatoria del 50% para criterios de calidad y de, al menos, un 15% para criterios vinculados específicamente al impacto de la innovación. El objetivo es desplazar el centro de gravedad de la contratación pública desde el coste inmediato hacia la capacidad tecnológica, la calidad de la solución y su potencial de transformación.
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Europa dejará atrás el precio como único criterio en la contratación pública
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Como regla general, las empresas contratistas conservarán la propiedad de los derechos de propiedad intelectual generados durante los proyectos de I+D, con el propósito de facilitar posteriormente su comercialización y escalado.
A cambio, las autoridades públicas obtendrán acceso y licencias gratuitas de uso para sus propias necesidades, de manera que la inversión pública pueda traducirse en soluciones disponibles para las administraciones sin impedir que las compañías exploten comercialmente las tecnologías desarrolladas. Los contratos estarán estructurados en tres fases sucesivas: investigación fundamental, investigación industrial y desarrollo experimental. El diseño responde a una lógica de reducción progresiva del riesgo: las empresas avanzarán a las siguientes etapas en función de los resultados obtenidos en las anteriores.
El texto aprobado sostiene que esta estructura permitirá reducir progresivamente el número de contratistas después de cada fase, concentrando los recursos en aquellas soluciones que hayan demostrado mayor viabilidad tecnológica.
En la práctica, el modelo fomenta la adjudicación inicial en paralelo a varios proveedores, una fórmula destinada a evitar la dependencia tecnológica de un único suministrador y a mantener abiertas diferentes alternativas durante las primeras etapas del desarrollo.
El 'made in Europe' llega también a la innovación
El principio de “made in Europe” que Bruselas está desplegando en su estrategia comercial y tecnológica frente a la competencia internacional, especialmente con China, se extenderá también al ámbito de la innovación. El acceso a las licitaciones quedará limitado, con carácter general, a empresas de los Estados miembros o de países con acuerdos internacionales que garanticen una apertura recíproca de sus mercados.
Además, se exigirá que al menos el 50% de las actividades de I+D se desarrollen dentro de la Unión Europea. La condición busca garantizar que la contratación pública europea contribuya directamente al desarrollo de capacidades tecnológicas dentro del mercado comunitario y a la consolidación de cadenas de valor europeas. La medida se integra así en una estrategia más amplia de la Comisión para utilizar el poder de compra de las administraciones públicas como instrumento de política industrial, autonomía tecnológica y desarrollo del ecosistema europeo de innovación.
El segundo gran eje del nuevo marco aborda uno de los principales problemas estructurales del ecosistema europeo de tecnología profunda: el acceso a financiación. Más del 90% del valor de las empresas de tecnología profunda reside en activos intangibles, pero las entidades financieras de la UE continúan centrando buena parte de sus modelos de evaluación en activos tangibles y estructuras contables tradicionales.
Esta divergencia genera una brecha de financiación basada en propiedad intelectual estimada en 18.000 millones de euros anuales. Las startups tecnológicas pueden disponer de patentes, algoritmos, tecnologías propietarias o resultados de investigación con un elevado potencial comercial y, sin embargo, encontrar dificultades para utilizarlos como garantía ante una entidad financiera.
Para corregir esta situación, el nuevo marco prevé ampliar el mandato de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con la creación de un Centro de Competencia en Financiación Basada en Propiedad Intelectual y Comercialización. El objetivo será desarrollar una metodología estandarizada y creíble para valorar y divulgar activos intangibles, de modo que bancos y fondos de capital riesgo puedan incorporarlos de forma más sencilla a sus procesos de evaluación.
“Una empresa emergente puede tener una gran patente y un equipo brillante, pero tendrá dificultades para acceder a financiación porque carece de activos tradicionales como oficinas o fábricas”, explicó Zaharieva. La comisaria defendió que la Comisión desarrollará un marco voluntario de la UE para la valoración de la propiedad intelectual, diseñado para ser “sencillo, económico y fiable”.
Un nuevo mercado europeo para los activos intangibles
La estandarización de estos sistemas de valoración pretende generar una señal común para el mercado financiero. Si los activos de PI pueden evaluarse mediante criterios comparables, los bancos podrán utilizarlos como garantía en operaciones de financiación, mientras que los inversores de capital riesgo dispondrán de una referencia adicional para determinar el valor de una compañía.
Según las estimaciones manejadas por Bruselas, este marco podría facilitar hasta 10.200 millones de euros adicionales al año en financiación respaldada por propiedad intelectual. El Centro de Competencia de la EUIPO desarrollará también herramientas para facilitar la comercialización de estos activos. Su oferta incluirá plantillas de valoración y divulgación de información, acceso básico a una plataforma digital europea de matchmaking de propiedad intelectual para licencias y transferencias, así como un servicio de asistencia a escala europea.
Para evitar que el nuevo sistema termine beneficiando únicamente a las compañías con mayores recursos, las startups, scaleups innovadoras, microempresas e investigadores tendrán acceso gratuito a los principales servicios del Centro de Competencia. Entre ellos estarán el marco voluntario de valoración de la PI, las plantillas de divulgación, el acceso básico a la plataforma europea de emparejamiento de activos de propiedad intelectual y un helpdesk europeo con asesoramiento técnico sobre financiación respaldada por PI y estrategias de comercialización.
El nuevo marco también introduce garantías para que la falta de un amplio historial financiero no se convierta automáticamente en una barrera de entrada a la contratación pública. Así, bajo las nuevas normas de contratación pública en I+D, las startups y scaleups innovadoras que carezcan de un historial financiero consolidado o de estados de facturación históricos no podrán ser descalificadas únicamente por esta circunstancia cuando sean técnicamente viables y dispongan de activos de propiedad intelectual valiosos o del respaldo de capital riesgo.
La Comisión Europea busca cerrar uno de los principales cuellos de botella del ecosistema europeo: el continente genera investigación, pero todavía tiene dificultades para convertirla en empresas, productos y tecnologías capaces de competir a escala global. Con la reforma de la contratación pública y la movilización de la propiedad intelectual como activo financiero, Bruselas pretende intervenir precisamente en ese tramo intermedio entre la investigación y la comercialización.