De uno de los despachos de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo suena de fondo la intervención del papa León XIV. En esos momentos, el pontífice se encuentra todavía en Barcelona, pero sus palabras se escuchan con claridad incluso desde el pasillo. La visita papal a Canarias y la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea han vuelto a situar la cuestión migratoria en el centro del debate político, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario.
La normativa, acordada inicialmente durante la presidencia española del Consejo de la UE, tiene como objetivo endurecer los criterios aplicados en Europa para acceder a la protección internacional. Entre otras medidas, establece procedimientos acelerados para las solicitudes consideradas de baja probabilidad de obtener asilo, especialmente en el caso de personas procedentes de países cuyas tasas de reconocimiento de protección internacional se sitúan por debajo del 20% en la Unión Europea.
Uno de los principales impulsores del pacto ha sido el eurodiputado Jorge Buxadé (1975), negociador de la parte relativa a Eurodac, la base de datos europea destinada a identificar y registrar a solicitantes de asilo y a personas que cruzan irregularmente las fronteras exteriores de la UE. Con motivo de la entrada en vigor de la reforma, atiende a Demócrata en su despacho, en el corazón legislativo de la Unión Europea, para profundizar en las claves de una de las reformas migratorias más ambiciosas y controvertidas de los últimos años.
Pregunta: El pacto entra en vigor este viernes. Promete fronteras exteriores sólidas y seguras mediante controles de identidad. ¿Cree que el nuevo sistema de identificación con datos biométricos es suficiente para recuperar el control de las fronteras en Europa?
Respuesta: No, no es suficiente. Es una herramienta en manos de los Estados miembros, una herramienta mejor que lo que había antes, pero no es suficiente. La protección de las fronteras pasa básicamente por impedir la entrada en territorio europeo de aquel que no puede entrar y eso es lo que no resolvía el Pacto de Asilo y Migración. Es el motivo fundamental por el que nosotros votamos en contra de prácticamente todo el pacto.
No puedes hacer un conjunto de normas para establecer las reglas de cómo pueden entrar sin establecer las reglas de cómo han de salir, que es lo que ahora tendremos con el Reglamento de Retornos.
Jorge Buxadé:“El Partido Popular Europeo acabará yendo a nuestro lado. No tengo ninguna duda de que, pasado el ciclo electoral de 2027, el dibujo europeo será totalmente distinto”
Pregunta: La Comisión ha reconocido que en algunos Estados aún faltan instalaciones de control o procedimientos fronterizos. ¿A qué atribuye esa falta de infraestructura?
Respuesta: Yo creo que es falta de voluntad política. Tenemos gobiernos como el de Sánchez que, a pesar de que dicen que están comprometidos con el proyecto europeo, en realidad están destruyendo el proyecto europeo.
Sánchez, con su regularización de inmigrantes ilegales, ha devastado y convertido en papel mojado el pacto de asilo y Schengen. Ha puesto en riesgo Schengen porque la legalización masiva de 700.000 personas que deberían volver a sus países supone meter en el sistema a 700.000 personas, o no sabemos cuántas en realidad. Muchas se quedarán en España, pero muchas se irán a Francia, a Alemania, allí donde tengan familiares, amigos, conocidos o crean que pueden buscarse mejor la vida.
Pregunta: Uno de los objetivos del pacto es prevenir las fugas y los movimientos secundarios entre países de la UE. ¿Cree que las normas que obligan al solicitante a permanecer en el país de primera entrada son realmente ejecutables sin fronteras interiores?
Respuesta: Debería ser ejecutable si hay voluntad de los gobiernos. Debería ser ejecutable porque ese extranjero que entra por España y se le da un permiso de residencia y va a un segundo país, en ese segundo país en algún momento tiene contacto con la administración pública.
Ese contacto puede ser porque quiere empadronarse, porque pide la tarjeta sanitaria, porque pide ayuda para la vivienda o ayuda para miles de cosas. Por tanto, ese Estado debe comunicar inmediatamente con el otro Estado y proceder a la devolución.
Por supuesto, si hay voluntad política. El problema es que aún tenemos muchos gobiernos en los Estados miembros, socialistas y populares, que en realidad no están entendiendo lo que pide la mayoría de los europeos: poner orden e iniciar ese proceso de deportaciones masivas.
Pregunta: ¿Cómo valoran la capacidad de los Estados miembros para aplicar esas compensaciones de responsabilidad si llegan las reubicaciones?
Respuesta: Esto es lo que he dicho hoy en la rueda de prensa. ¿Qué sentido tiene? Hablábamos de 30.000 o 21.000 para el primer año. Si Sánchez acaba de legalizar a 100.000 solicitantes de protección internacional, ya está, ya ha cumplido el cupo.
La solidaridad europea no puede estar al margen de la ley y del sentido común. La verdadera solidaridad europea es que los 27 Estados miembros asumiesen el compromiso de que en Europa no puede haber nadie que no esté trabajando, cumpliendo la ley y sin vivir de las ayudas.
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Todo extranjero que viva de las ayudas, por supuesto los que cometen delitos y los que han entrado o se encuentran ilegalmente, tienen un único destino: salir de Europa.
Esa es la verdadera solidaridad. Eso es lo que haría que todos los Estados estuvieran comprometidos con defender la norma europea. Aquí lo más curioso es que a los partidos patriotas y conservadores, a los que nos acusan de antieuropeos, somos los más europeos. Somos los que estamos intentando defender la ley y el sentido común en Europa, mientras que quienes se dicen europeístas son los que están destruyendo Europa.
Pregunta: ¿Considera que el pago de contribuciones financieras al mecanismo de solidaridad es una forma encubierta de obligar a los Estados a aceptar la gestión migratoria de otros países?
Respuesta: Sin duda forma parte de una especie de coacción de Bruselas. El sistema anterior, el Reglamento de Dublín, fue un fracaso porque imponía cuotas obligatorias. Dijeron: “Bueno, pues o cuotas obligatorias o pagas por no tener inmigrantes”.
Desde el punto de vista moral esto es gravísimo porque le han puesto precio a la vida humana. Veinte mil euros. Tú pagas 20.000 euros y ya es lo que vale un inmigrante para esta gente.
Estos que van dando lecciones de moralidad no nos pueden dar ninguna. Nosotros no queremos ponerle precio a la vida humana. Ellos son los responsables de que en las últimas décadas se hayan muerto 50.000 personas en el mar intentando entrar porque son los que les llaman.
Jorge Buxadé:“No puedes hacer un conjunto de normas para establecer las reglas de cómo pueden entrar sin establecer las reglas de cómo han de salir”
Pregunta: Pasando al Reglamento de Retornos, el Gobierno de España ha dicho que no va a firmar acuerdos con terceros países en este marco. ¿Qué harían ustedes si llegaran a La Moncloa?
Respuesta: Nosotros no prometemos nada, pero sí nos comprometemos a aplicar el Reglamento de Retornos con el máximo rigor posible.
El reglamento tiene una cosa muy buena y es que da a los Estados un cierto margen de libertad, porque la soberanía sigue siendo de los Estados miembros.
Nuestro compromiso es llevarlo a su máxima expresión, cerrar acuerdos con todos los Estados con los que sea posible utilizando todas las herramientas diplomáticas que España tiene e iniciar ese proceso de deportaciones y de salida del territorio nacional.
Hay que jugar con la ayuda internacional, la cooperación al desarrollo, los visados, las contrataciones públicas. Hay un país como Marruecos, que es nuestro vecino, que no está cumpliendo con sus obligaciones. Tenemos que ejercer toda la potencia diplomática para garantizar que Marruecos cumple y recoge a todos los marroquíes que están en España y que no tienen que estar.
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Pregunta: En la lista de terceros países seguros aparecen países como Marruecos o Bangladesh. ¿Con qué países podría España alcanzar acuerdos en el marco de este reglamento?
Respuesta: Yo creo que con todos. Con todos los países hispanoamericanos, con todos los países del Magreb y con todos los países del Sahel. Ese es nuestro objetivo.
Es verdad que en los últimos meses estamos viendo la llegada de gente de Bangladesh o de Pakistán. Claro, desde Pakistán hasta España hay diez países por el medio. Han transitado por todos esos países y son países seguros prácticamente todos. Lo es Marruecos, lo es Egipto, lo es Argelia, con el cual también tenemos relaciones.
Por tanto, en esos países tenemos muchas posibilidades de proceder a esos retornos. Pero yo creo que España tiene que firmar acuerdos internacionales para los retornos con todos los países.
Pregunta: Una de las partes más polémicas del reglamneto es la posibilidad de entrar en domicilios mediante orden judicial cuando se detecte la presencia de un inmigrante irregular.
Respuesta: Es que aquí la izquierda o los progres europeos quieren colocar al extranjero con más derechos que el propio europeo.
Por ejemplo, en Eurodac la izquierda se oponía a que hubiese una imagen facial del extranjero en el registro biométrico. Sin embargo, tú tienes un Documento Nacional de Identidad donde aparece tu cara.
Decían: “No, es que vulnera derechos fundamentales”. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que el extranjero tiene más derechos que el europeo? Es absolutamente inmoral.
Ellos están jugando a la invasión. Ellos han promovido la invasión. Hay un plan de la Comisión Europea, hay un plan de la ONU y nosotros rechazamos ese plan.
Pregunta: En la gestión migratoria, ¿deberían ser las fronteras europeas, a través de Frontex, o las fronteras nacionales las encargadas de gestionar estos procesos?
Respuesta: Eso es responsabilidad de los Estados miembros. Frontex es una agencia que puede servir para ayudar y cooperar en determinadas situaciones y momentos con las policías nacionales.
Nosotros tenemos capacidad con nuestra Policía Nacional, con la Guardia Civil y con el Ejército para proteger nuestras fronteras.
Jorge Buxadé: “La Comisión Europea se limita a sacar un papel diciendo que está 'deeply concerned'. Eso no sirve de nada”
Pregunta: Aunque el pacto entra en vigor este viernes, la Comisión reconoce que su aplicación completa aún tardará meses. ¿Teme que se convierta en una burocracia permanente incapaz de resolver la crisis migratoria?
Respuesta: Sin duda lo será por falta de voluntad política. Es un escándalo que los Estados miembros y la propia Comisión hayan tenido dos años para ajustar toda la estructura informática y técnica.
Cuando quieren, para el euro digital sí estaban preparados hace dos años y lo querían hacer en dos meses. Cuando hay voluntad, se hace.
A mí no me consta qué actuaciones ha realizado el Gobierno de España, el señor Marlaska, para formar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a todos los elementos de la seguridad del Estado en el cumplimiento del nuevo reglamento Eurodac y de control fronterizo.
¿Lo va a hacer el lunes, cuando llegue la primera patera a Canarias? ¿Van a aplicar el procedimiento de control fronterizo? ¿Vamos a tener un reglamento Eurodac? ¿Va a estar siete días el extranjero en un centro para determinar su origen, su identidad y sus documentos de viaje y, en su caso, ponerlo ya en el camino de salida? ¿O en 24 horas va a estar en la península?
Pregunta: ¿Qué respuesta esperaban de la Comisión Europea ante la regularización masiva impulsada por el Gobierno español?
Respuesta: La respuesta ha sido absolutamente tibia. Una condena formal de una decisión que afecta a los 27 Estados miembros, que pone en riesgo Schengen y que supone un fraude al Pacto de Asilo e Inmigración.
La exposición de motivos del real decreto de regularización dice literalmente que esa regularización se hace rápido y por el procedimiento de urgencia para evitar los efectos del Pacto de Asilo e Inmigración.
Ni siquiera se esconden. El Gobierno ha hecho una regularización para evitar los efectos del pacto, para evitar que esas personas sean registradas en Eurodac y para evitar el procedimiento de control fronterizo. Lo han hecho a propósito.
Y la Comisión Europea se limita a sacar un papel de vez en cuando diciendo que están “deeply concerned”. Eso no sirve de nada.
Hubiéramos querido una declaración del comisario y, por supuesto, de Von der Leyen, pero no lo hacen porque en realidad ya les va bien que Sánchez asuma el coste de ejecutar su plan.
Pregunta: ¿Podemos esperar una defensa de la prioridad nacional también en el ámbito europeo?
Respuesta: Nosotros seguimos insistiendo al Partido Popular para que rompa sus acuerdos aquí en Bruselas con el Partido Socialista, cosa que no ha hecho.
La prioridad nacional es para nosotros lo más importante. Luego existe un principio de preferencia comunitaria que históricamente ya se ha aplicado en ámbitos como los acuerdos comerciales, la agricultura o la ganadería.
La lógica es asegurar primero la prioridad nacional y luego la preferencia comunitaria. Es de lógica.
Prioridad familiar: primero tu familia, después tu municipio, el lugar donde vives, tu nación, la Unión Europea y, en último lugar, los terceros países.
Pregunta: ¿Cómo valora que el Partido Popular critique en campaña electoral estos principios y después lo asuma como propio en los debates de investidura que estamos viendo en las Comunidades Autónomas?
Respuesta: Porque lo ha entendido. Se ha dado cuenta de que es bueno para Castilla y León, bueno para sus vecinos y que es de justicia.
En campaña electoral se dicen muchas cosas y luego los partidos demuestran madurez. Es lo que Vox ha demostrado: madurez, preparación, capacidad y talento para llegar a acuerdos. Ahora nos toca ejecutarlos.
Pregunta: ¿El Partido Popular Europeo les está entendiendo ahora que los principales expedientes legislativos salen adelante con el apoyo de patriotas y conservadores?
Respuesta: Yo creo que el Partido Popular Europeo tiene un problema muy serio. A pesar de que quiere seguir manteniendo su coalición con el grupo socialista y con los verdes, sabe que eso le lleva a perder elecciones.
Nosotros apoyamos, por ejemplo, el Reglamento de Retornos por convencimiento. Ellos lo hacen por interés electoral.
A mí me gustaría que lo hicieran por convencimiento, pero si lo hacen por interés electoral, mejor, porque creo que son cosas buenas.
Al inicio de la legislatura dijimos que son cinco años largos y que el Partido Popular Europeo acabaría yendo a nuestro lado. Estamos a mitad de legislatura, queda otra mitad y no tengo ninguna duda de que, pasado el ciclo electoral de 2027, con elecciones en Francia, España, Polonia e Italia, el dibujo europeo será totalmente distinto.
Pregunta: El Papa León XIV afirmó recientemente en una misa multitudinaria en Madrid que "madie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano"
Respuesta: Estoy absolutamente de acuerdo.
Despreciar al prójimo es llamarle a vivir a Europa sin tener papeles, sin tener trabajo y para que viva de las ayudas sociales.
Como nosotros queremos a ese prójimo, queremos que pueda vivir y desarrollarse en sus países de origen. Queremos garantizar su derecho a no emigrar y que Marruecos crezca, que Mali crezca y que Senegal crezca. Es inmoral llamarles, provocar en ellos el desarraigo y producir también un desarraigo y una ruptura en nuestras sociedades.
La entrevista termina, pero la conversación no. Mientras se apagan las grabadoras y los asistentes empiezan a asomarse por la puerta del despacho, Buxadé sigue hilando argumentos sobre el futuro de la política migratoria europea. En Bruselas, donde las mayorías cambian lentamente y los expedientes suelen avanzar más despacio que los titulares, el eurodiputado está convencido de que el debate ha girado definitivamente hacia posiciones más "racionales". Su tesis es que muchas de las propuestas que hace apenas unos años eran consideradas marginales forman hoy parte de la discusión institucional ordinaria.
Fuera del despacho, el Parlamento Europeo continúa con su rutina habitual de reuniones, negociaciones y votaciones. Sin embargo, la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo deja una pregunta abierta que trasciende a esta legislatura y a sus protagonistas: si las nuevas reglas servirán para dar respuesta a una de las cuestiones más sensibles para los ciudadanos europeos o si acabarán engrosando la larga lista de reformas comunitarias cuya eficacia dependerá, en última instancia, de la voluntad política de los Estados miembros para aplicarlas.