QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Durante una votación en la Comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo, la delegación española del Partido Popular decidió discrepar del sentido de voto de su familia política a nivel comunitario. En concreto, fueron tres eurodiputados populares españoles los que unieron sus votos a los de los partidos de extrema derecha para rechazar el establecimiento de un objetivo intermedio de reducción de emisiones hasta un 90% para 2040. Sin embargo, desde aquel día en el partido evitan responder al porqué de esa posición. Este jueves el asunto volverá a tratarse en la sesión plenaria de la cámara.
Demócrata se ha puesto en contacto con hasta tres fuentes de la delegación popular española para conocer la justificación acerca de su postura respecto a la modificación del Reglamento (UE) 2021/1119, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática en el año 2050. Tras la consulta, no ha habido respuesta por parte de los de Génova en el Parlamento Europeo.
Lo relevante de la cuestión es que la mayoría de eurodiputados populares europeos presentes durante la votación se posicionaron a favor de la medida, al contrario que los españoles. Más allá de los propios parlamentarios, la propuesta que se debate esta semana en la Eurocámara es una iniciativa de la Comisión Europea, que dirige la popular Ursula von der Leyen. Con todo, hace apenas unos días, el Consejo de Medioambiente, donde el Partido Popular Europeo cuenta con mayoría, también dio su respaldo a la medida.
Alemania, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Bulgaria y Lituania fueron las delegaciones populares que votaron a favor de esa reducción de emisiones. Por el contrario, los españoles sumaron sus votos a los de sus compañeros polacos y croatas, y a los de todos los grupos de extrema derecha de la Eurocámara, censurando la propuesta. Una votación que se produjo un día antes de que el partido anunciase la candidatura de Juan Francisco Pérez Llorca como presidente de la Comunidad Valenciana, que necesitará el respaldo de Vox en la sesión de investidura. Los de Santiago Abascal vienen pidiendo a los de Alberto Núñez Feijóo en los últimos días oponerse al Pacto Verde Europeo como una de las partes en la negociación valenciana. Ninguna fuente en Bruselas confirma tampoco la vinculación entre ambos hitos.
Así se hace en el Parlamento
No existe tampoco una comunicación oficial del partido sobre el sentido de voto del lunes, y que podría repetirse este mismo jueves cuando la votación del Comité se traslade al Pleno del Parlamento para su ratificación definitiva. En otras ocasiones, la formación sí que ha emitido comunicados tras votaciones similares. Sin ir más lejos, el 5 de noviembre, durante una votación en la Comisión de Agricultura, el partido distribuyó una nota en la que celebraba que el Parlamento diese “luz verde a un uso más flexible de los fondos europeos para afrontar la crisis del sector vitivinícola”.
La única mención al asunto ha sido la del eurodiputado popular Raúl de la Hoz, que afirmó que “solo podrán aceptar una modificación del reglamento de emisiones, alineado con el acuerdo del Consejo, que abandone el modelo de medición exclusiva mediante tubos de escape y sea capaz de abordar todas las tecnologías” durante un debate sobre la industria del automóvil.
“Traición a las generaciones futuras”
Los socialistas no tardaron en alertar de esta situación. La vicepresidenta ejecutiva y comisaria europea para la Transición Limpia, Teresa Ribera, se apresuró en acusar a los populares de “falta de responsabilidad”, puesto que, a su juicio, supone una “traición a las generaciones actuales y futuras”. Durante una entrevista con la Cadena SER, horas después de la reunión del Comité, explicó que “es la población vulnerable la que no puede escapar de inundaciones o incendios, la que tiene difícil poder afrontar por sus propios medios los impactos del cambio climático”. Por su parte, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares criticó que el PP “haga concesiones a Vox, al negacionismo y al antieuropeísmo siempre que pueden”.
¿Qué se votaba?
La medida para reducir las emisiones incluye la aceptación de medidas de flexibilidad que permitirían a los Estados miembros ajustar sus compromisos mediante la adquisición de créditos internacionales, que podrían representar hasta un 5% de dicho objetivo.
Para apaciguar a los países más reacios, la Comisión Europea ha propuesto que, a partir de 2036, se utilicen créditos de carbono internacionales de alta calidad para cumplir hasta un 3% del objetivo, propuesta que fue ampliada por los 27 Estados miembros para comenzar en 2031 y aumentar al 5%, reduciendo así el objetivo nacional al 85%.
Adicionalmente, los eurodiputados sugieren elevar del 3% al 5% el límite que los Estados pueden alcanzar mediante proyectos sostenibles en terceros países, instando a la implementación de “salvaguardas sólidas” para asegurar el cumplimiento de estos criterios.
El texto aprobado apoya que la Comisión Europea revise cada dos años la trayectoria de reducción de emisiones, teniendo en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos, así como la posición competitiva de la UE a nivel global. Tras cada evaluación, Bruselas podría proponer ajustes a la ley para alinear los compromisos con la realidad actual.
¿Qué dice el Consejo?
Los ministros de Medioambiente de los distintos países europeos se reunieron la pasada semana con el propósito de alcanzar un consenso sobre la reducción de emisiones que la Unión Europea se propone lograr para 2040. Desde el inicio de las negociaciones, varios Estados ya habían advertido que podrían endurecer el debate si no se incluían mecanismos de flexibilidad que ofrecieran cierta estabilidad al sistema.
Después de más de veinte horas de conversaciones, los veintisiete lograron cerrar un acuerdo vinculante que fija en un 90% la reducción total de emisiones. Sin embargo, el pacto contempla que cada país miembro podrá adquirir créditos de emisiones equivalentes a un 5% adicional, lo que en la práctica sitúa la rebaja real en torno al 85%. Esta concesión responde a las demandas de países como Francia e Italia, que desde el comienzo defendían la necesidad de introducir este tipo de compensaciones.
Por su parte, España había propuesto que esa flexibilidad no superara el 3%, aunque finalmente se aceptó ampliar el margen hasta el 5% para contentar a los Estados más reticentes. De este modo, las capitales que lo deseen podrán comprar derechos de emisión equivalentes a ese porcentaje a terceros países. Al ser preguntado sobre el asunto, el ministro danés Lars Aagaard explicó que serán los propios Estados que recurran a esta opción quienes deberán asumir los costes derivados.
