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El presidente del Gobierno español es, según la Constitución, la figura central del poder ejecutivo y el responsable de dirigir la acción del Gobierno y la política interior y exterior del Estado. Sus competencias combinan funciones de dirección política, de coordinación del Consejo de Ministros, de responsabilidad ante las Cortes y de relación con la Jefatura del Estado. La Constitución no ofrece una lista exhaustiva en un único artículo, pero sí perfila su papel a través de varios preceptos, principalmente los artículos 97, 98, 99, 112, 113, 115 y 116.

Posición constitucional del presidente del Gobierno

El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Aunque se refiere al Gobierno como órgano colegiado, en la práctica esta dirección se articula a través del presidente, que es su máxima autoridad política.

El artículo 98 indica que el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley, y precisa que el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. Es decir, no es un primus inter pares, sino la cabeza del poder ejecutivo con capacidad de impulso y coordinación.

Funciones de dirección política y de Gobierno

La primera gran competencia del presidente es la dirección de la acción del Gobierno. Esto implica:

• Fijar las grandes líneas de la política gubernamental, tanto en el ámbito interior (economía, sanidad, educación, política territorial, etc.) como en el exterior (relaciones con la Unión Europea, política de defensa y exterior).
• Coordinar a los ministros, arbitrando entre posiciones diferentes, asignando prioridades y garantizando una actuación coherente del conjunto del Gobierno.
• Convocar y presidir el Consejo de Ministros, que es el órgano colegiado donde se adoptan las principales decisiones ejecutivas y se aprueban proyectos de ley y reales decretos.
• Impulsar la iniciativa legislativa del Gobierno, decidiendo qué proyectos de ley se remiten a las Cortes y en qué calendario político.

En el ámbito de personal, el presidente tiene una posición central en la designación y cese de los ministros. Aunque formalmente el nombramiento lo realiza el Rey, la Constitución configura estos actos como decisiones políticas del presidente, que propone libremente a los titulares de los ministerios y puede cesarlos cuando lo estime oportuno.

Relación con las Cortes y responsabilidad política

El presidente del Gobierno está estrechamente vinculado al Congreso de los Diputados. El artículo 99 de la Constitución regula su investidura: es propuesto por el Rey, previa consulta con los representantes de los grupos políticos, y debe obtener la confianza del Congreso mediante una votación de investidura. Sin esta confianza inicial no puede asumir el cargo.

Una vez en funciones, el Gobierno, y en especial su presidente, responden políticamente ante el Congreso (artículo 108). Esta responsabilidad se concreta en varias figuras:

• Cuestión de confianza (artículo 112): el presidente puede plantearla al Congreso para reforzar su legitimidad sobre un programa, una declaración de política general o una decisión clave. Si la pierde, el Gobierno debe dimitir.
• Moción de censura (artículos 113 y 114): es el instrumento por el que el Congreso puede retirar su confianza al presidente. Si prospera una moción de censura constructiva (ha de proponer un candidato alternativo), el presidente cesa y el candidato propuesto es investido automáticamente.
• Control parlamentario ordinario: a través de preguntas, interpelaciones y comparecencias, el presidente rinde cuentas periódicamente de su acción de gobierno.

Relaciones con el Rey y con otras instituciones

En las relaciones con la Jefatura del Estado, el presidente es el principal interlocutor político del Rey. El artículo 99 prevé que sea consultado, junto a otros actores, para la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Además, muchas decisiones del Rey en materia de Gobierno (nombramiento y cese del presidente y de los ministros, disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones) se adoptan a propuesta del presidente, lo que refuerza el papel de este último como verdadero responsable político.

En relación con las Cortes Generales, el presidente interviene también en la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes en su conjunto (artículo 115), decisión que formalmente adopta el Rey, pero siempre a propuesta del presidente del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad política, respetando los límites constitucionales (por ejemplo, no puede disolver durante una moción de censura en trámite).

Otras competencias relevantes

En situaciones excepcionales, el presidente desempeña un papel clave en la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, regulados en el artículo 116. Aunque la declaración formal se hace mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y, en algunos casos, con autorización o control del Congreso, la iniciativa y la dirección política de estas medidas corresponde al presidente del Gobierno.

En resumen, según la Constitución, el presidente del Gobierno concentra funciones de dirección política, coordinación interna del Ejecutivo, representación institucional y responsabilidad ante el Parlamento. Su figura articula la relación entre el Gobierno, el Rey y las Cortes Generales, configurándolo como el eje del sistema parlamentario español.

Las últimas elecciones generales en España se celebraron el 23 de julio de 2023 (el llamado 23J). En esos comicios, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo 121 escaños en el Congreso de los Diputados, con algo más del 31 % de los votos válidos. El Partido Popular fue la primera fuerza en escaños, pero sin mayoría absoluta, lo que dejó un escenario muy fragmentado y obligó a articular pactos de investidura. A día de hoy (julio de 2026) no se han celebrado nuevas elecciones generales, de modo que estos siguen siendo los resultados vigentes.

Reparto general de escaños en el 23J de 2023

Según los resultados oficiales recogidos por la Junta Electoral Central y los análisis agregados de medios como El País y bases históricas como historiaelectoral.com, el reparto de escaños en el Congreso fue el siguiente:

• Partido Popular (PP): 137 escaños (alrededor del 33 % del voto).
• PSOE: 121 escaños (en torno al 31,7–31,68 % del voto contable, con 7,8 millones de papeletas).
• Vox: 33 escaños (unos 12,4 % de los votos).
• Sumar: 31 escaños (en torno al 12,3 % de los votos).
• ERC: 7 escaños.
• EH Bildu: 6 escaños.
• Otros partidos nacionalistas y regionalistas (PNV, Junts, BNG, CC, UPN, etc.) completaron los 350 diputados de la Cámara.

Estos datos coinciden con los resúmenes de resultados que ofrecen tanto la entrada general sobre elecciones españolas como los portales de datos y estadísticas electorales de referencia, entre ellos el repositorio de series históricas [enlace] y la información de organismos públicos como la Junta Electoral Central y el INE.

Resultado específico del PSOE

En lo que respecta al dato concreto que preguntas, el PSOE consiguió:

• 121 escaños en el Congreso de los Diputados.
• 7.821.718 votos, lo que supone aproximadamente un 31,68 % del voto contable.

Ese resultado colocó al PSOE como segunda fuerza en escaños, muy cerca del PP en porcentaje de voto. Varios análisis posteriores, como el agregador de encuestas de Demócrata, recuerdan de forma recurrente esta cifra de 31,7 % y los 121 diputados como referencia para comparar la evolución demoscópica del partido en la legislatura.

Además, crónicas parlamentarias del periódico Demócrata sobre la composición del Congreso en 2026 señalan que, tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos y la entrada de su sustituta, el Grupo Socialista recuperó su fuerza completa y volvió a disponer de 121 votos en el hemiciclo, es decir, el mismo número de escaños que obtuvo en las elecciones de julio de 2023.

Escenario político que dejaron esos resultados

El 23J no otorgó la mayoría absoluta a ningún bloque. La suma de PP y Vox se quedó en 170 escaños, por debajo del umbral de 176. El llamado “bloque de investidura” de Pedro Sánchez (PSOE, Sumar y varios partidos nacionalistas y regionalistas) terminó articulando una mayoría alternativa en el Congreso, como ha analizado en detalle el periódico Demócrata en piezas sobre la aritmética parlamentaria y los “socios de investidura”.

Desde entonces, buena parte del análisis político y demoscópico –incluidas numerosas piezas de Demócrata sobre encuestas– toma como punto de partida esos 121 escaños del PSOE y los 137 del PP para medir qué supondrían eventuales adelantos electorales: cuántos escaños podrían ganar o perder los principales partidos y si se reforzaría o no la mayoría de la derecha.

Confirmación institucional y bases de datos

Para contrastar resultados oficiales de elecciones generales se utilizan habitualmente:

• Junta Electoral Central, que publica los resultados definitivos por circunscripción.
• El portal de datos abiertos de la Administración, que incluye series como un conjunto provisional para otros procesos electorales.
• Las series estadísticas del INE, que incorporan información electoral consolidada.
• Bases de datos históricas especializadas como historiaelectoral.com, que recogen los 137 escaños del PP y los 121 del PSOE en 2023.

En resumen: en las últimas elecciones generales celebradas en España (23 de julio de 2023), el PSOE obtuvo 121 escaños en el Congreso y un apoyo cercano al 32 % del voto, situándose como segunda fuerza y pieza central de la mayoría parlamentaria que sostiene al actual Gobierno.

La legislación de la UE exige que cualquier modificación, revisión, suspensión o denuncia de acuerdos comerciales o de asociación con terceros países se tramite como un nuevo acuerdo internacional, siguiendo el procedimiento del artículo 218 TFUE. Esto implica, en esencia, tres requisitos: un mandato del Consejo, la negociación por la Comisión Europea y el consentimiento del Parlamento Europeo cuando se trata de comercio. La base jurídica general está en los artículos 207, 216 y 217 TFUE, que atribuyen a la UE competencia (en gran parte exclusiva) en política comercial y en acuerdos de asociación. Las suspensiones parciales o provisionales, como se ve en debates sobre Mercosur o Israel, deben basarse tanto en las cláusulas del propio acuerdo como en decisiones formales del Consejo con control político del Parlamento.

Base jurídica en los Tratados (TFUE y TUE)

La capacidad de la UE para celebrar y modificar acuerdos con terceros Estados se fundamenta en:

• Artículo 216 TFUE: habilita a la Unión a celebrar acuerdos internacionales dentro del ámbito de sus competencias; esos acuerdos vinculan a la UE y a los Estados miembros y pasan a formar parte del Derecho de la Unión (explicado en la página «El Derecho de la UE»).
• Artículo 217 TFUE: regula los acuerdos de asociación, con derechos y obligaciones recíprocos que van más allá del mero comercio.
• Artículo 207 TFUE: establece la política comercial común como competencia exclusiva de la UE, lo que impide a los Estados miembros actuar solos frente a terceros países en ámbitos ya cubiertos por la Unión, como recuerdan tanto el Ministerio de Comercio en esta página como la cobertura de Demócrata sobre la respuesta europea a posibles guerras comerciales (análisis sobre guerra comercial).
• Artículo 218 TFUE: fija el procedimiento para negociar, firmar, aplicar provisionalmente, modificar, suspender o denunciar acuerdos internacionales; es el eje de los casos Mercosur o acuerdos con Marruecos, como detalla Demócrata en artículo 218 y Mercosur.

El marco general de competencias y reforma de los Tratados puede consultarse también en los compendios del BOE y de Hacienda, donde se reproducen el TUE y el TFUE (versión consolidada, documento DOUE, síntesis de Tratados, o recopilaciones como [enlace] y la ficha autonómica en [enlace]).

Papel de Comisión, Consejo y Parlamento

Comisión Europea

• Propone al Consejo la apertura, revisión o suspensión de acuerdos y recibe un mandato de negociación.
• Negocia en nombre de la UE y mantiene informados al Consejo y al Parlamento (véase el esquema descrito para los acuerdos con Mercosur o México en las Q&A de la Comisión: Q&A UE‑Mercosur y Q&A Acuerdo Global con México).
• Puede proponer la aplicación provisional de un acuerdo o de sus modificaciones al amparo del art. 218.5 TFUE, como se explica en el caso Mercosur en aplicación provisional de Mercosur.

Consejo de la UE

• Autoriza la apertura de negociaciones, fija las directrices y, al final, decide sobre la firma, aplicación provisional, modificación, suspensión o denuncia del acuerdo conforme al art. 218 TFUE.
• En política comercial suele decidir por mayoría cualificada, salvo ámbitos especialmente sensibles.
• En la práctica, la decisión de aplicar provisionalmente o revisar acuerdos como UE‑Mercosur o UE‑Marruecos se ha adoptado en el Consejo, como reflejan tanto la cobertura de Demócrata (pacto UE‑Mercosur, acuerdo UE‑Marruecos‑Sáhara) como las notas del propio Consejo sobre otros expedientes ([enlace]).

Parlamento Europeo

• En los acuerdos comerciales y de asociación necesita dar su consentimiento antes de la «decisión de conclusión» del Consejo, como recuerda Demócrata al explicar los vetos a acuerdos con Estados Unidos (bloqueo del acuerdo con EE. UU. y pacto arancelario con EE. UU.).
• No introduce enmiendas al texto del acuerdo internacional en sí (solo puede aceptar o rechazarlo), pero su negativa bloquea cualquier modificación que requiera nueva conclusión.
• Puede pedir dictámenes al TJUE sobre compatibilidad de determinados acuerdos con los Tratados, como ha hecho con Mercosur (remisión de Mercosur al TJUE y análisis político en votación sobre el dictamen).

Modificación, suspensión y denuncia de acuerdos

Desde el punto de vista jurídico, cualquier enmienda sustancial de un acuerdo con terceros países se tramita siguiendo el mismo patrón que su celebración inicial: propuesta de la Comisión, mandato y decisión del Consejo con base en el art. 218 TFUE, y, en su caso, consentimiento del Parlamento. Así se ha planteado, por ejemplo, en la ampliación del acuerdo UE‑Marruecos al Sáhara Occidental o en las salvaguardias agrícolas adicionales propuestas para Mercosur (salvaguardias agrícolas).

En materia de suspensión, la práctica reciente con el Acuerdo de Asociación UE‑Israel ilustra bien el marco: la Comisión y algunos Estados miembros invocan las cláusulas de «elementos esenciales» (derechos humanos) para justificar una suspensión parcial de beneficios comerciales, pero la decisión requiere mayorías en el Consejo y, según el alcance, afectaría también a la política exterior y de seguridad común, donde se exige más consenso, como viene relatando Demócrata (congelación de la asociación con Israel, revisión del acuerdo con Israel).

La denuncia (terminación) sigue el procedimiento previsto en el propio tratado y se instrumenta, para la parte de la UE, mediante una decisión del Consejo adoptada con la base jurídica correspondiente (por ejemplo, en la salida de la UE del Tratado sobre la Carta de la Energía, explicada en nota sobre la Carta de la Energía). En todos los casos, rige además el principio de cooperación leal del art. 4.3 TUE: los Estados miembros no pueden mantener o concluir por su cuenta acuerdos incompatibles con el Derecho de la Unión, como ha recordado la Comisión en varios procedimientos de infracción (paquete de julio 2024, paquete de diciembre 2024, paquete de junio 2026 y análisis doctrinal en [enlace]).

Por último, a nivel nacional, algunos parlamentos, como el español, reclaman un control político reforzado sobre las posiciones del Gobierno ante estos acuerdos, como expone el periódico Demócrata en Los acuerdos comerciales de la UE deben ser debatidos en el Congreso y en piezas posteriores sobre el impacto de Mercosur y otros tratados en la economía española (implementación de Mercosur, industria alimentaria y Mercosur, críticas agrarias a Mercosur).