Los eurodiputados de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo han comenzado a dar los primeros pasos para la tramitación de la reforma de las normas de rendimiento de emisiones de carbono para vehículos, tanto turismos como vehículos comerciales ligeros, con el objetivo último de contribuir a la consecución de la neutralidad climática de la Unión Europea en 2050. La propuesta preliminar presentada en la Eurocámara introduce una mayor flexibilidad regulatoria para los fabricantes, ajustando los objetivos de reducción de emisiones previstos para 2030 y 2035 e integrando el uso de combustibles renovables sostenibles y de acero de bajas emisiones mediante un sistema específico de créditos.
Este martes se examinó el proyecto de informe relativo a la propuesta legislativa, que forma parte del Paquete Automotriz impulsado por la Comisión Europea para reforzar la competitividad del sector en un contexto de profunda transformación tecnológica y creciente competencia internacional. No obstante, los grupos políticos todavía disponen de margen para modificar el texto, ya que el plazo para presentar enmiendas permanecerá abierto hasta el próximo 9 de junio.
Además de revisar los objetivos de reducción de emisiones, Bruselas busca mediante esta normativa fomentar la producción de vehículos eléctricos pequeños fabricados en la Unión Europea, así como establecer un sistema de etiquetado más transparente y homogéneo para compradores de vehículos nuevos y de segunda mano en todo el mercado comunitario.
Más margen para cumplir los objetivos climáticos
En concreto, la propuesta sobre la que los legisladores comenzarán a negociar formalmente en los próximos meses modifica los objetivos de emisiones de la flota europea tomando como referencia los niveles registrados en 2021.
Para las furgonetas, el objetivo de reducción de emisiones previsto para 2030 se ajustaría del 50 % al 40 %, mientras que para 2035 se rebajaría el objetivo de reducción del 100 % al 90 % tanto para turismos como para vehículos comerciales ligeros. De este modo, a partir de 2035 el 10 % restante de las emisiones podría compensarse mediante la utilización de créditos vinculados a combustibles renovables sostenibles o a acero de bajas emisiones de carbono.
La modificación representa uno de los principales cambios respecto al marco regulatorio actualmente en vigor y responde a las demandas formuladas por parte de la industria automovilística europea, que durante los últimos años ha reclamado una mayor flexibilidad para afrontar la transición energética sin comprometer su competitividad frente a fabricantes de terceros países.
El ponente del informe, el eurodiputado popular italiano Massimiliano Salini, también incorpora mecanismos destinados a facilitar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones por parte de los fabricantes. En lugar de una evaluación estrictamente anual, la propuesta contempla que las empresas puedan calcular la media de sus emisiones durante periodos plurianuales concretos, correspondientes a los ciclos 2025-2027 y 2030-2032.
Según los defensores de esta medida, el sistema permitiría absorber mejor las fluctuaciones del mercado, los retrasos en las cadenas de suministro o los cambios en la demanda de los consumidores, evitando penalizaciones derivadas de circunstancias coyunturales.
Créditos para combustibles renovables y acero bajo en carbono
Uno de los elementos más novedosos del texto es la creación de un sistema de créditos asociado a la reducción efectiva de emisiones mediante el uso de combustibles renovables y materiales industriales menos contaminantes.
Estos créditos estarán basados en el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero derivado de la utilización de combustibles renovables de origen no biológico, biocombustibles avanzados y biogás, tecnologías que actualmente cuentan con el respaldo de diversos sectores industriales como herramientas complementarias para la descarbonización del transporte.
Paralelamente, la propuesta busca incentivar el empleo de acero bajo en carbono producido en territorio comunitario, una cuestión especialmente relevante en un momento en el que Bruselas intenta reforzar la autonomía estratégica europea y reducir la dependencia de suministros procedentes de terceros países.
No obstante, el sistema incorpora límites para garantizar que estos mecanismos no sustituyan las inversiones en tecnologías de cero emisiones. En este sentido, los créditos asociados a combustibles renovables no podrán reducir el objetivo de emisiones de un fabricante en más de un 3 %, mientras que los vinculados al uso de acero de bajas emisiones estarán limitados a un máximo del 7 %.
El objetivo, según los promotores de la iniciativa, es compatibilizar la neutralidad tecnológica con el mantenimiento de una senda clara hacia la electrificación y la reducción progresiva de emisiones en el transporte por carretera.
Impulso a los pequeños vehículos eléctricos europeos
Para fomentar la accesibilidad económica de la movilidad limpia y reforzar la competitividad industrial europea, el informe de Salini introduce además la posibilidad de establecer los denominados “supercréditos” para los vehículos eléctricos pequeños fabricados dentro de la Unión Europea.
La propuesta contempla que, hasta el año 2034, cada uno de estos vehículos cuente como 1,3 vehículos a efectos del cálculo de las emisiones medias de un fabricante. Con ello, Bruselas pretende incentivar la producción de modelos eléctricos de menor tamaño y coste más accesible, un segmento en el que la industria europea busca recuperar terreno frente a la creciente competencia procedente de China.
La medida también responde a las preocupaciones expresadas por numerosos Estados miembros sobre la necesidad de garantizar que la transición ecológica sea compatible con la asequibilidad del automóvil para las familias europeas.
Nuevas obligaciones de etiquetado y transparencia
La propuesta legislativa incluye igualmente una revisión integral de las normas de etiquetado de vehículos dentro del mercado único. El objetivo es unificar las reglas existentes en un único reglamento europeo para garantizar una aplicación armonizada en los veintisiete Estados miembros y facilitar la comparación entre modelos por parte de los consumidores.
Entre las principales novedades destaca la obligación de incorporar etiquetas informativas no solo en los turismos nuevos, sino también en las furgonetas y en los vehículos de segunda mano comercializados por profesionales. Estas etiquetas deberán proporcionar información detallada sobre el rendimiento ambiental de los vehículos de cero emisiones y, en el caso de los automóviles usados, incluir datos relativos al estado de salud de la batería de tracción, un aspecto considerado cada vez más relevante para los compradores de vehículos eléctricos de ocasión.
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De forma complementaria, la Comisión Europea creará una base de datos pública de productos, en la que los fabricantes estarán obligados a introducir información sobre cada modelo de vehículo comercializado en el mercado comunitario. La finalidad de esta herramienta será mejorar la transparencia y facilitar comparaciones objetivas entre distintas opciones disponibles.
Una pieza central del plan industrial europeo
La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Acción Industrial para el Sector Automovilístico Europeo, una de las apuestas estratégicas de la Comisión Europea para preservar la competitividad de una industria considerada esencial para la economía comunitaria. Según los datos manejados por Bruselas, el sector automovilístico representa aproximadamente un billón de euros del PIB europeo y da empleo directo e indirecto a millones de personas en toda la Unión. Sin embargo, la industria afronta importantes desafíos derivados de la electrificación, la digitalización de los vehículos, la competencia internacional y la necesidad de reducir las emisiones de carbono.
Por ello, la Comisión defiende que la reforma debe permitir equilibrar la ambición climática con la necesidad de ofrecer certidumbre regulatoria, estabilidad y tiempo suficiente de adaptación para fabricantes, inversores y proveedores.
El PPE reivindica un “baño de realidad”
Durante el debate celebrado este martes, la eurodiputada española del Partido Popular Esther Herranz valoró positivamente el contenido general del informe y consideró que la propuesta “va en buen camino” para establecer unos “topes mínimos que permitan avanzar hacia la neutralidad climática en el futuro”.
“Agradezco al ponente que haya tenido la sensibilidad de dar forma a una realidad, y es que la actividad humana siempre tiene una huella”, afirmó durante su intervención. Dentro del Grupo Popular Europeo está ampliamente extendida la percepción de que algunas de las decisiones adoptadas durante la pasada legislatura comunitaria pudieron ir demasiado lejos en términos regulatorios. En este sentido, Herranz defendió que la nueva propuesta responde a la necesidad de introducir una visión más pragmática de la transición ecológica.
La eurodiputada reprochó a algunos de sus homólogos haber “dibujado un mundo idealizado y utópico que no responde a la realidad económica e industrial”, y sostuvo que ha llegado “el momento del baño de realidad”.
A juicio de la parlamentaria española, si no se tiene en cuenta la rentabilidad económica y la competitividad de Europa, será difícil mantener el tejido productivo y el empleo industrial en el continente. Asimismo, alertó sobre los posibles problemas de suministro eléctrico que podrían agravarse en determinados territorios insulares, donde, según señaló, las infraestructuras actuales podrían no estar preparadas para responder a una electrificación acelerada del parque móvil. “No se trata de negar el avance hacia una huella de carbono más baja; se trata de hacerlo razonablemente”, concluyó la vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, sintetizando una posición que gana peso en el debate comunitario y que busca compatibilizar los objetivos climáticos con la viabilidad económica e industrial de la transición ecológica europea.