Von der Leyen traduce en millones el compromiso europeo con Groenlandia

El llamado “paquete de asociación entre la UE y Groenlandia” se articula hoy sobre todo a través de la Decisión (UE) 2021/1764 relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, que incluye específicamente las relaciones entre la UE, Groenlandia y el Reino de Dinamarca. El elemento más claramente identificable en sede española es la propuesta de modificación de esa Decisión, presentada por la Comisión como COM(2025) 599.

Qué ha pasado en el Parlamento español

La información parlamentaria disponible muestra que la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso y el Senado incluyó la propuesta COM(2025) 599 en su orden del día del 24 de noviembre de 2025. En concreto:

• Se tramitó como expediente 282/000116/0000 en el Congreso y 574/000097/0000 en el Senado, en el marco del control de subsidiariedad sobre iniciativas legislativas de la UE.
• El objeto del debate fue la “Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE) 2021/1764, relativa a la Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra” [COM(2025) 599].
• La sesión se celebró en la Comisión Mixta para la UE en el Senado, con retransmisión pública.

Este tipo de expedientes no culmina en una “ratificación” nacional clásica, sino en un dictamen de subsidiariedad y control político sobre la propuesta europea. No consta, en la información consultada, que las Cortes hayan planteado objeciones formales de subsidiariedad ni que se haya abierto un procedimiento específico de aprobación de tratado internacional sobre Groenlandia al amparo de los artículos 93 y siguientes de la Constitución.

En paralelo, Demócrata y las instituciones europeas recogen una intensa actividad política sobre Groenlandia (resoluciones del Parlamento Europeo, debates sobre seguridad en el Ártico, etc.), pero esa actividad se sitúa en el nivel de la UE y del Parlamento Europeo, no como un tratado bilateral España–Groenlandia sometido a ratificación en las Cortes.

Estado de la tramitación desde la óptica española

A día de hoy, con los datos disponibles, se puede sintetizar así:

• En España, la fase clave ha sido el control parlamentario de subsidiariedad en la Comisión Mixta UE sobre la propuesta COM(2025) 599. Esa fase puede considerarse completada: la propuesta fue examinada y encuadrada dentro del paquete legislativo europeo (presupuesto a largo plazo, programa “Europa Global”, etc.).
• No se ha identificado una ley española específica ni un acuerdo internacional bilateral con Groenlandia en tramitación en el Congreso o el Senado bajo la rúbrica de “paquete de asociación UE–Groenlandia”.
• La relación jurídica se vehicula esencialmente a través del derecho de la UE, de modo que España participa en la decisión a través del Gobierno en el Consejo y de sus eurodiputados en el Parlamento Europeo, más que mediante un procedimiento de ratificación nacional autónomo.

Próximos pasos hacia la plena ejecución

La ejecución completa del paquete de asociación depende principalmente de la vía europea, no de nuevos hitos formales en las Cortes Generales. Los pasos pendientes pueden resumirse en tres planos:

• Plano europeo (normativo):
  • Aprobación definitiva en el Consejo de la UE de la propuesta COM(2025) 599, previa o posterior intervención del Parlamento Europeo según la base jurídica del Tratado.
  • Publicación de la decisión modificativa en el Diario Oficial de la UE y entrada en vigor en la fecha que se establezca.
  • Adopción por la Comisión de actos de ejecución o actos delegados para concretar la programación financiera y sectorial con Groenlandia.
• Aplicación operativa:
  • Definición de programas de cooperación con Groenlandia (energía limpia, materias primas críticas, conectividad, educación, clima), en el marco de instrumentos como “Europa Global”.
  • Movilización del “paquete sustancial de inversiones” que la Comisión ha anunciado para el Ártico y Groenlandia, incluyendo proyectos que pueden implicar a empresas y centros de investigación españoles.
• Control y seguimiento en España:
  • Comparecencias del Gobierno en la Comisión Mixta para la UE y en otras comisiones para explicar la posición española y el despliegue del paquete.
  • Posibles preguntas, proposiciones no de ley o mociones en Congreso y Senado para fijar orientación política sobre los intereses españoles (pesca, materias primas, seguridad en el Ártico).

En síntesis, desde la perspectiva de la tramitación parlamentaria española, el núcleo del paquete de asociación UE–Groenlandia ya ha pasado por el tamiz de control de las Cortes a través de la Comisión Mixta UE, y no requiere, salvo que surja un acuerdo mixto adicional, una ratificación nacional específica. Los próximos pasos decisivos se jugarán en el Consejo de la UE y en la Comisión Europea, mientras que el papel de las Cortes será principalmente de seguimiento y control político de cómo se aplica ese paquete y de su impacto para España.

Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea, ejerce las competencias que los Tratados de la UE atribuyen a esta figura, sobre todo en el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y disposiciones conexas del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). No tiene poderes personales distintos de los de cualquier presidente de la Comisión: su margen de acción deriva de ese marco jurídico, complementado por la práctica institucional.

1. Dirección política de la Comisión

El TUE establece que la Comisión actúa de forma colegiada, pero el presidente “fija la orientación de sus trabajos” y decide la organización interna de la institución. En la práctica, esto implica:

• Establecer las prioridades políticas de la Comisión para su mandato (por ejemplo, el programa político presentado ante el Parlamento Europeo antes de su elección).
• Aprobar el programa de trabajo anual de la Comisión, que concreta las iniciativas legislativas y no legislativas que se propondrán.
• Velar porque todas las propuestas y actuaciones de la Comisión se ajusten al mandato político aprobado por el Parlamento y al interés general de la Unión.

2. Composición y organización del Colegio de Comisarios

Una de las funciones centrales del presidente es su papel en la designación y gestión del Colegio de Comisarios:

• Participa, en diálogo con los Estados miembros, en la configuración del equipo de comisarios propuestos por los gobiernos nacionales.
• Distribuye las carteras (políticas de competencia, comercio, medio ambiente, digital, etc.) y decide la estructura organizativa: vicepresidencias, vicepresidencias ejecutivas, agrupación temática de carteras, etc.
• Puede reordenar las carteras durante el mandato y reasignar responsabilidades cuando lo considere necesario.
• Tiene la facultad de solicitar la dimisión de un comisario, obligando al Estado miembro de origen a proponer un sustituto, si aprecia un conflicto grave o pérdida de confianza política.

Estas competencias dan a la presidenta un poder determinante en la arquitectura interna de la Comisión y en la capacidad de coordinar equipos y prioridades.

3. Funciones de representación externa

Según el artículo 17 TUE, la Comisión “promueve el interés general de la Unión y toma las iniciativas adecuadas a tal fin”. El presidente, como cabeza de la institución, asume un rol destacado de representación:

• Representa a la Comisión en el Consejo Europeo, participando en sus reuniones junto con los jefes de Estado o de Gobierno, aunque sin derecho de voto.
• Actúa como una de las principales voces de la UE en el exterior en materias de competencia de la Comisión (por ejemplo, comercio, competencia, clima), en coordinación con el Alto Representante y el presidente del Consejo Europeo.
• Comparece ante parlamentos nacionales y foros internacionales para explicar y defender las políticas de la Unión impulsadas por la Comisión.

4. Relación con el Parlamento Europeo y el Consejo

La presidenta de la Comisión es elegida por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo Europeo, y responde políticamente ante aquél:

• Debe presentar su programa político ante el Parlamento y obtener su aprobación junto con el Colegio de Comisarios.
• Mantiene un diálogo político constante con el Parlamento, mediante debates plenarios, comparecencias periódicas y respuestas a preguntas de los eurodiputados.
• Coordina la posición de la Comisión en el procedimiento legislativo, participando en los trílogos y en la negociación de textos con el Parlamento y el Consejo.
• Debe tener en cuenta que el Parlamento puede forzar la dimisión colectiva de la Comisión mediante una moción de censura, lo que refuerza su responsabilidad política ante la cámara.

5. Papel en la función ejecutiva y legislativa de la UE

Aunque la comisión, como colegio, tiene el monopolio casi exclusivo de la iniciativa legislativa en la UE, el presidente influye decisivamente en:

• Decidir qué propuestas legislativas se presentan y en qué momento, acorde con las líneas generales de su mandato.
• Garantizar la coherencia horizontal de las iniciativas, evitando solapamientos entre carteras.
• Supervisar la aplicación de la legislación de la UE por los Estados miembros, impulsando, cuando proceda, procedimientos de infracción.

Asimismo, coordina la adopción de actos de ejecución y actos delegados por parte de la Comisión, que desarrollan y concretan normas legislativas europeas.

En suma, según los Tratados, la presidenta de la Comisión Europea es la figura encargada de orientar políticamente a la institución, organizar y dirigir el Colegio de Comisarios, representar a la Comisión en el sistema institucional de la UE y hacia el exterior, y asegurar que la acción ejecutiva y legislativa de la Comisión responda al interés general de la Unión. Ursula von der Leyen ejerce estas competencias dentro del marco colegiado y jurídico fijado por el TUE y el TFUE.

La firma de acuerdos estratégicos entre la Unión Europea (UE) y territorios autónomos como Groenlandia se apoya en un entramado mixto de normas: el derecho primario de la UE (Tratados), el derecho derivado específico para los países y territorios de ultramar (PTU/OCT), el derecho internacional de la UE sobre celebración de acuerdos, y el derecho constitucional del Estado del que depende el territorio (en este caso, Dinamarca).

1. Marco general en los Tratados de la UE

El punto de partida es el artículo 216 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que establece que la Unión puede celebrar acuerdos internacionales con terceros Estados u organizaciones internacionales cuando:

• Así lo prevean los Tratados.
• Sea necesario para alcanzar un objetivo de la Unión.
• Esté previsto en un acto jurídicamente vinculante de la Unión.
• Sea necesario para ejercer una competencia interna de la UE.

El procedimiento de celebración de estos acuerdos se regula en el artículo 218 TFUE, que define quién negocia (la Comisión o el Alto Representante, según el ámbito), qué papel tienen el Consejo y el Parlamento Europeo, y cómo se autoriza la firma, la aplicación provisional y la celebración definitiva del acuerdo.

2. Estatuto específico de Groenlandia como PTU/OCT

Groenlandia no es un “tercer Estado” clásico: es un territorio autónomo vinculado a Dinamarca y forma parte de los denominados países y territorios de ultramar (PTU/OCT) asociados a la UE. Este estatuto se basa en:

• Parte Cuarta del TFUE (artículos 198 a 204), que establece el régimen de asociación de los PTU con la UE, con el objetivo de promover su desarrollo económico y social y estrechar las relaciones económicas.
• Actos de derecho derivado específicos (decisiones de asociación de los PTU), que concretan el marco jurídico, financiero y sectorial de la relación UE–PTU.

En la práctica, esto significa que los “acuerdos estratégicos” con Groenlandia suelen adoptar la forma de:

• Decisiones de asociación o acuerdos internacionales específicos que desarrollan la relación UE–Groenlandia dentro del paraguas PTU.
• Acuerdos sectoriales (por ejemplo, pesca, materias primas, cooperación científica) en los que la UE actúa de conformidad con sus competencias materiales.

3. Requisitos institucionales y procedimentales

Para que la UE firme un acuerdo estratégico con un territorio como Groenlandia deben cumplirse, en síntesis, estos requisitos:

• Base jurídica adecuada: elegir el artículo o combinación de artículos de los Tratados que habilite la actuación (por ejemplo, política de pesca, medio ambiente, cooperación al desarrollo, energía, etc.), además del artículo 218 TFUE sobre acuerdos internacionales.
• Respeto del reparto de competencias: si el acuerdo incide en materias de competencia exclusiva de la UE (por ejemplo, política comercial común), actuará principalmente la Unión; si toca competencias compartidas o de los Estados miembros, puede ser necesario un acuerdo mixto, firmado tanto por la UE como por el Estado miembro concernido.
• Autorización del Consejo: el Consejo de la UE autoriza la apertura de negociaciones, aprueba las directrices negociadoras y, más tarde, autoriza la firma y la celebración del acuerdo, normalmente por mayoría cualificada, salvo ámbitos sensibles (como política exterior y de seguridad común) donde se exige unanimidad.
• Intervención del Parlamento Europeo: en los acuerdos de mayor alcance (por ejemplo, asociación amplia, cooperación económica significativa), el Parlamento debe dar su consentimiento; en otros supuestos, se le consulta.

4. Papel del Estado miembro y del orden constitucional interno

Como Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, el ordenamiento constitucional danés es determinante:

• La UE no reconoce a Groenlandia como sujeto soberano separado, sino como territorio autónomo de un Estado miembro. Por tanto, Dinamarca debe consentir que la UE negocie y firme acuerdos que afecten a ese territorio.
• Las normas constitucionales danesas sobre cesión de competencias, tratados internacionales y autonomía groenlandesa condicionan la forma del acuerdo, el reparto de responsabilidades y la participación de las autoridades de Groenlandia en la negociación y aplicación.
• Cuando se trate de un acuerdo mixto, Dinamarca (y eventualmente Groenlandia, si su derecho interno lo prevé) deberá ratificar el texto conforme a sus propios procedimientos.

5. Principios materiales aplicables

Además de los requisitos formales, el contenido del acuerdo debe ajustarse a los principios generales de la acción exterior de la UE, recogidos en el artículo 21 del Tratado de la UE:

• Respeto de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
• Promoción del desarrollo sostenible, la buena gobernanza y la cooperación internacional.
• Coherencia con otras políticas internas de la Unión (p. ej., medio ambiente, clima, competencia).

De este modo, todo acuerdo estratégico UE–Groenlandia debe encajar simultáneamente en: la habilitación material de los Tratados, el régimen específico de los PTU, el reparto de competencias UE–Estados, y el marco constitucional danés sobre la autonomía de Groenlandia.