La votación del Ómnibus I amenaza con romper las mayorías en el Parlamento Europeo

La tramitación del primer paquete de simplificación regulatoria presentado por la Comisión Europea sufrió un varapalo durante la última sesión plenaria del Parlamento. Los eurodiputados se posicionaron en contra de la tramitación directa de la reforma, tras su paso por la Comisión de Asuntos Jurídicos, para poder comenzar el proceso de trílogos. Durante la segunda semana de noviembre, la iniciativa volverá al Pleno de la Eurocámara. Ahí, los grupos podrán presentar sus enmiendas, algo que puede hacer tambalear los consensos que hasta ahora caracterizaban las negociaciones en Bruselas.

El grupo de los Patriotas Europeos, del que forma parte Vox, solicitó que la votación en Pleno se produjera de manera secreta. En su momento, defendieron que los grupos mayoritarios “querían aprobarlo por la puerta de atrás, sin control democrático”. “Hemos impedido que se consumara un nuevo atropello a las empresas europeas”, defendió el jefe de la delegación española y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé.

¿De dónde venimos?

Lo cierto es que la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó, por 17 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la propuesta de informe sobre el paquete Ómnibus I que llegó al Pleno. Lo que buscaba era reducir la burocracia relativa a los requisitos de informes de sostenibilidad que las empresas deben presentar y a su diligencia debida.

En un primer momento, el Ejecutivo comunitario quería rebajar hasta un 80 % el número de compañías obligadas a presentar informes sociales y ambientales; sin embargo, Estrasburgo pidió ir un paso más allá. El documento respaldado por el Comité reflejaba la propuesta de que únicamente se incluyera a aquellas compañías con una media de 1.000 empleados y una facturación anual neta superior a 450 millones de euros. Esto afecta tanto a los informes de sostenibilidad como a las normas de taxonomía.

Sin embargo, por un margen de solo nueve votos, el Parlamento rechazó esa propuesta de informe, que ahora regresará al trámite abierto en el que se pueden introducir propuestas de cambio. El voto secreto fue lo que llevó a que algunos eurodiputados se desvincularan de la disciplina partidista y votaran en contra del texto, a pesar del previo consenso entre las fuerzas de la considerada “mayoría Von der Leyen”, formada por Populares, Socialistas, Liberales y Verdes.

Intercambio de enmiendas

En este contexto, hay voces en la capital comunitaria que prevén que tanto los grupos a la derecha del Partido Popular Europeo, así como los más a la izquierda, presenten propuestas de corrección al texto. Esto avocaría a un escenario en el que las familias políticas que en un primer momento apoyaron el informe del Comité optarían por modificar el texto antes de las negociaciones con el resto de legisladores. “Algo muy complicado”, definen en los pasillos de la Eurocámara.

El retraso en la aprobación de este primer paquete ómnibus pone en riesgo también el conocido como “stop the clock”, con el que la Comisión proponía aplazar dos años la entrada en vigor de la Directiva sobre informes de sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD). Así, las empresas de más de quinientos empleados obligadas a presentar esos informes no tendrían que hacerlo hasta 2028.

Las negociaciones hasta llegar a la propuesta de informe que el Comité JURI aprobó en octubre hicieron mella en el seno de la familia socialista europea. De hecho, la negociadora de su grupo, la eurodiputada Lara Wolters, dimitió tras conocerse que su grupo político y el Partido Popular habían llegado a un acuerdo. “El S&D ha tomado esta decisión con responsabilidad y unidad. Este compromiso no es nuestra opción preferida, pero la alternativa era un acuerdo peor con el PPE y la extrema derecha”, explicó la jefa de la delegación socialista, Iratxe García.

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Ruptura en los socialistas

Si bien es verdad, algunas propuestas planteadas por los socialistas acabaron formando parte del texto final a través de las enmiendas de compromiso, en este sentido se había acogido el planteamiento de que la cláusula que limita la información solicitada a las pymes en la cadena de valor no perjudique los requisitos de la Unión y nacionales sobre la obligación de las empresas de llevar a cabo procesos de diligencia debida.

En la misma línea, se habían introducido las enmiendas relacionadas con la consulta a expertos sobre los nuevos Estándares de Reporte de Sostenibilidad Simplificados (S-ESRS) para medianas y grandes empresas, y la delegación de poderes a la Comisión para adoptar actos delegados. Otra de las demandas clave versaba sobre la obligación de las empresas de realizar una evaluación en profundidad (in-depth assessment) si tenían información plausible sobre impactos adversos surgidos a nivel de un socio comercial indirecto.

Al igual que se incorporó la propuesta de que, si una empresa decidía no suspender una relación comercial a pesar de los impactos adversos (porque la suspensión podría ser peor, según su evaluación), debe monitorear el impacto potencial adverso y evaluar periódicamente si existen medidas adicionales disponibles.

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“Debe actuar”

“Las mayorías siempre son más fuertes desde el centro hacia afuera, porque creemos que esta es la vía para que Europa avance. Pero si esto no es posible, el Parlamento debe actuar, en cualquier caso”, dijo la presidenta de la Eurocámara tras la votación del pasado 22 de octubre. En ese proceso de enmiendas que se abrirá, es previsible que los socialistas opten por defender los planes de transición climática.

Con las directivas que ahora se pretendían reformar, las grandes empresas estaban obligadas a presentar requisitos climáticos estrictos. El paquete de simplificación propone que estos requisitos pasen a ser mucho más flexibles. De la misma forma, hay quien piensa que los grupos de extrema derecha podrían apostar por la eliminación total de la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa.

Las palabras de Metsola y el propio tono de las negociaciones revelan un cambio en los juegos de mayorías en Bruselas. Hasta ahora, el Partido Popular se había apoyado en Socialistas y Liberales para sacar adelante, prácticamente, todas las medidas. Sin embargo, las rupturas en las filas de los grupos mayoritarios hacen que haya voces en la familia popular que apuesten por mirar a su derecha, a la conocida como “mayoría Venezuela”, formada por Patriotas y Conservadores.

Más allá de este primer paquete ómnibus, todavía quedan pendientes de tramitar otros cinco presentados por el Ejecutivo comunitario. Entre ellos se encuentra el que aborda la simplificación en instrumentos de apoyo a la inversión, mejorando el acceso de empresas —en especial pymes— a fondos de la UE y facilitando trámites de financiación e innovación, así como los de digitalización y defensa.

Una vez entre en vigor la norma que ahora se discute, para aquellas entidades que queden excluidas, la presentación de informes será voluntaria. En este sentido, para evitar que las grandes firmas trasladen sus obligaciones a sus socios más pequeños, no se podrá exigir información que exceda los estándares voluntarios. Asimismo, la presentación de requerimientos sectoriales también será opcional.

Diligencia debida 

Del mismo modo, las normas vigentes sobre la presentación de informes se reducirán de manera que se centren en la información cuantitativa y en la reducción de la carga administrativa. Los eurodiputados también quieren que la Comisión establezca un portal digital gratuito para las empresas, con acceso a plantillas, directrices e información.

Según el informe que decayó, Estrasburgo consideraba que las normas de diligencia debida, que exigen a las empresas prevenir y limitar su impacto sobre el medio ambiente, solo debían aplicarse a aquellas con más de 5.000 empleados o una facturación anual superior a 1.500 millones de euros.

Al contrario de lo planteado en la propuesta inicial, sobre la posibilidad de que las compañías exijan información a firmas más pequeñas para sus evaluaciones de diligencia debida, el documento defendía un enfoque basado en el riesgo. Por esta razón, solo se requerirá información cuando exista una posibilidad plausible de impacto adverso en las actividades de sus socios. Eso sí, las empresas seguirán obligadas a elaborar un plan de transición que alineé su estrategia con una economía sostenible.