QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela se mueve. Ayer martes, se reunía por primera vez la ponencia encargada de negociar y redactar el informe de la iniciativa para decidir cuáles de las más de 230 enmiendas al texto del Gobierno se incorporan en la versión del proyecto de ley que se tiene que elevar al Pleno.
Y van trascendiendo los acuerdos, como el del PSOE, Sumar y EH Bildu para que la obligación a las empresas de informar a sus clientes de incidencias en el servicio incluya a las comercializadoras de electricidad, agua y gas natural, tal y como figura en la enmienda transaccional de los socios de coalición y a la que ha accedido en exclusiva Demócrata.
En el texto de la transaccional, los socialistas y el grupo de Yolanda Díaz hacen suya parte de una enmienda de Podemos al artículo cuatro del proyecto, el que describe los principios generales de aplicación de la futura ley. Concretamente, añaden mayor detalle al apartado quinto, donde se establece que las empresas deben informar a sus clientes de cualquier incidencia que «afecte a la prestación del servicio». Así, se amplía dicho artículo para que en el caso de los servicios de electricidad, agua y gas natural, «las empresas distribuidoras (…) deberán informar a las empresas comercializadoras, de forma inmediata y completa, de posibles incidencias que afecten al suministro».
También se especifica qué información deben trasladar distribuidoras a comercializadoras, de forma que estas segundas dispongan de ella para poder hacerla llegar a sus clientes. Se comunicará el origen de la incidencia, el grado de afectación, las medidas adoptadas o el plazo previsto de resolución de la incidencia y de restauración del suministro.
La comercializadora será quien avise inmediatamente al cliente
Aunque el ámbito de aplicación del proyecto de ley incluye los servicios de «suministro y distribución de agua y energía», las obligaciones legales en estos sectores de separar actividades provoca que el transporte y la comercialización del acceso a los suministros los lleven a cabo diferentes empresas, entidades que en muchas ocasiones no pertenecer al mismo grupo o compañía.
De este modo, aunque una empresa venda servicios de acceso a suministros de luz, gas o agua, es habitual que estas no ofrezcan los servicios de distribución (limitados por lo general a grandes grupos) y por lo tanto los problemas en la red no son de su competencia directa (ni tienen acceso a lo que sucede en ellas).
Con el cambio que ahora proponen los grupos del Gobierno y EH Bildu, se fija la existencia de un canal de comunicación por el que en teoría las comercializadoras dispondrán de información detallada sobre las incidencias en la red de distribución. Así, una vez notificado el problema por parte de la distribuidora, no sería esta sino las comercializadoras quienes tienen que hacer frente a la obligación de informar a sus clientes.
Cómo debe informarse a la clientela es algo que se relega a un futuro reglamento, pero el proyecto de ley sí contempla que la comunicación con el usuario final tendrá que ser «de forma inmediata» en cuanto se tenga constancia de la incidencia, sin necesidad de que sea el cliente el que la requiera de forma expresa, incluyendo «los derechos e indemnizaciones que en su caso procedan».
Giro en las obligaciones para las comercializadoras
La enmienda transaccionada por PSOE, Sumar y los independentistas vascos afecta al mismo artículo que una enmienda registrada en mayo por los dos partidos del Gobierno por la que se limitaba la responsabilidad de las comercializadoras. Dicha enmienda, la número 154, planteaba que en los sectores e los que existe la obligación de separar actividades, «cuando la empresa que recibe una queja, reclamación o incidencia no es la única responsable de su gestión», se aplicarán «responsabilidades diferenciadas que se establezcan en las normativas sectoriales que regulen los aspectos incluidos en esta norma».
Eso se mantiene en la enmienda transaccional, pero a ello se le ha añadido todo lo especificado arriba, con las menciones explícitas a los sectores de electricidad, agua y gas natural, de forma que al plasmarse por ley un procedimiento por el que las comercializadoras deberán disponer de información «inmediata y completa», estas están en condiciones de cumplir con las obligaciones de informar sobre el estado del servicio a los clientes finales.
La redacción de la enmienda conjunta 154 de PSOE y Sumar coincide de forma exacta con uno de los párrafos de las enmienda de Podemos que ahora se quiere transaccionar. De hecho, la de los morados no es la única enmienda sobre la que se construye la transaccional de los socialistas, el Grupo Plurinacional de Yolanda Díaz y EH Bildu, que también aluden a las enmiendas 104 y 105 de ERC y la 198 del PP, siempre según el texto al que ha tenido acceso este diario.
En el caso de la enmienda del PP, su redacción es casi idéntica, a la del segundo párrafo de la transaccional, un contenido que cabe recordar proviene de forma íntegra de la enmienda ya mencionada de Podemos (la número 77). Por su parte, en las enmiendas 104-105 de los independentistas catalanes aparece tal cual la frase final del primer párrafo de la transaccional (que también se encuentra en la enmienda de Podemos), además de buena parte de la literalidad del segundo párrafo de la transaccional acordada por PSOE, Sumar y Bildu.
