El PSOE, tras escuchar a los especialistas, considera que la Ley de Concordia propuesta por el PP y Vox es un «desastre» y una «traición a la verdad».

El portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, José Ramón Bello, ha valorado este viernes el trabajo llevado a cabo durante los últimos cuatro días en la Comisión de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes en relación con la tramitación de la llamada Ley de Concordia, impulsada por Partido Popular y Vox.

Durante este periodo informativo, más de treinta expertos y expertas, entre ellos catedráticos de historia, juristas y representantes del movimiento memorialista, han comparecido para ofrecer su visión sobre una propuesta legislativa que, a juicio del PSOE, «es innecesaria, injusta, profundamente reaccionaria, partidista y jurídicamente deficiente».

«Tras escuchar a una treintena de voces autorizadas, la conclusión es clara, estamos ante una chapuza jurídica. Una ley que no resuelve ningún problema real de nuestra sociedad y que responde únicamente a los pactos regresivos de la derecha y la ultraderecha», ha afirmado Bello.

El portavoz socialista ha advertido de que la ley presenta «una grave inseguridad jurídica» y que su grupo no descarta recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueba, para «defender la vigencia y el espíritu de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura».

Además, Bello ha denunciado que la propuesta legislativa «silencia a los colectivos memorialistas, invisibiliza a las mujeres, ignora al colectivo LGTBI, y utiliza de forma política y superficial a las víctimas del terrorismo».

«No es una ley para avanzar, sino para enterrar la memoria, para tapar la verdad, para borrar la justicia, y para impedir la reparación y la garantía de no repetición. Es una ley que traiciona los principios democráticos básicos sobre los que se ha construido nuestro presente», ha sentenciado.

Por ello, y según ha concluido el diputado del PSOE, el Grupo Parlamentario Socialista reafirma su compromiso con la memoria democrática, los derechos humanos y la verdad histórica, y denuncia que la Ley de Concordia supone un retroceso que Extremadura y España no pueden permitirse.