El PPdeG ha tumbado en el Parlamento gallego una moción del BNG que planteaba, entre otros puntos, reclamar a la Xunta la ampliación de la planta judicial en Galicia. Los populares sostienen que la prioridad no es incrementar órganos, sino incorporar más jueces, y responsabilizan al Gobierno central de poner "obstáculos" al "imponer una ley estatal sin consenso".
La iniciativa del Bloque, defendida este martes por Iago Tabarés, proponía instar a la Xunta a que promoviese ante el Ejecutivo central un aumento de las competencias autonómicas en materia de planta judicial y la transferencia de las funciones relativas al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
El texto también pedía ampliar la planta judicial en aquellos partidos donde el volumen de asuntos de entrada y la pendencia lo justificasen, así como revertir la comarcalización de las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia de Ourense y Santiago.
Además, la moción reclamaba actuaciones para la "dignificación y mejora del servicio de justicia gratuita en Galicia y de las condiciones de las profesionales que lo prestan". Tabarés criticó que los profesionales "siguen realizando un servicio por el que no reciben prestación", algo que atribuyó a "la improvisación y falta de diálogo" y a que a la Xunta "no le importa la administración de justicia".
Separación de poderes y críticas cruzadas
En el apartado relativo a la separación de poderes, el BNG exigía respetarla "escrupulosamente", "absteniéndose de realizar cualquier acción o manifestación que, excediendo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o a la sana crítica, vayan dirigidas a limitar o condicionar la independencia judicial".
La diputada del PPdeG Paula Prado replicó a los nacionalistas que es incoherente reclamar esa separación cuando, a su juicio, "amparan a un Gobierno que creó unas cloacas para ir contra el Estado de Derecho".
Debate sobre jueces y competencias
Prado subrayó que las competencias sobre la planta judicial son "las fijadas por la ley orgánica del poder judicial que el BNG apoyó" y defendió que "de nada sirve aumentar funcionarios" si quienes deben resolver "son los jueces".
Respecto a las secciones de violencia sobre la mujer, recordó que se trata de "competencia del Ministerio" y animó al Bloque a dirigirse al departamento estatal para que "en vez de poner escoltas a quien anda extorsionando en las cloacas del PSOE" refuerce la protección en Galicia, donde, según dijo, hay "13 policías al día para proteger a las víctimas".
"El incremento tiene que ser de jueces. A ver cuando consiguen esos 19 jueces que hacen falta para Galicia, pero el Ministerio está a otra cosa, está protegiendo a su Gobierno, a su presidente, a los ministros, a la directora general de la guardia civil, al fiscal general y a todas las cloacas del PSOE", remachó la parlamentaria popular.
El BNG reclama que la justicia sea una prioridad
En su réplica, Tabarés admitió la relevancia de la judicatura, pero recordó a la portavoz del PPdeG que "en la mitad de la legislatura de M. Rajoy no se creó ninguna plaza de juzgado" y que ahora "está dividida la judicatura y la oficina judicial".
"Claro que son importantes las plazas de jueces, pero también las de cuerpos de gestión y hoy tenemos ciento y pico plazas menos que las que teníamos a principio de 2025", reprochó, antes de instar al PP a "dejar de intentar controlar la justicia por la puerta de atrás" y a convertirla en "su prioridad nacional", abriéndose al "diálogo con la administración del Estado para poder ejercer esas competencias".
Críticas del PSdeG a la Xunta por la falta de inversiones
La diputada del PSdeG Paloma Castro se mostró de acuerdo con la necesidad de ampliar la planta judicial en Galicia y responsabilizó a la Xunta de "falta de inversiones y de actuar de espaldas" a los operadores jurídicos.
Castro defendió la enmienda socialista, aceptada por el BNG, que incorporaba medidas como el impulso del teletrabajo para "mejorar la calidad de vida y reducir el gasto público", la elaboración de un plan de infraestructuras judiciales adaptado al nuevo modelo y la búsqueda de "un consenso" político y profesional en torno a estas reformas.