El BNG y el PSdeG han instado a la Xunta a promover los cambios normativos precisos para que la calificación permanente se aplique al conjunto de las viviendas protegidas, mientras que el PPdeG ha reiterado que el régimen actual ya tiene "duración permanente".
En una proposición no de ley presentada por el Bloque, que recibió el respaldo del PSdeG y el voto en contra del grupo popular, la diputada nacionalista Saleta Chao ha afirmado que el modelo impulsado por el PP "se ha demostrado fracasado" y ha reprochado al Ejecutivo gallego "dejar la promoción de vivienda en manos del mercado libre".
En este contexto, la parlamentaria del BNG ha censurado el incremento de "las ayudas a promotores privados de vivienda protegida". "Es hora de poner fin a la especulación", ha reclamado, reclamando un giro en la política pública de vivienda.
Desde el PSdeG, Aitor Bouza ha vuelto a calificar la estrategia de vivienda de la Xunta como "propaganda" y "marketing" y ha lamentado que "los especuladores puedan seguir campando a sus anchas".
En la misma línea, ha ofrecido el apoyo del Grupo Socialista si el PPdeG plantea "una modificación de la ley de vivienda para que la descalificación que hoy se contempla se suprima".
Por su parte, el diputado del PPdeG Moisés Rodríguez ha defendido que las viviendas protegidas, "de obtener ayudas, tendrán calificación permanente", a diferencia, ha señalado, de lo que sucedía "que en tiempos del bipartito".
"No vamos a aceptar esta proposición de ley. ¿Saben por qué? Porque ya estamos haciendo lo que el BNG pide", ha concluido el parlamentario popular. Acto seguido, Saleta Chao le ha acusado de "mentir" y ha replicado que los datos del IGE sobre la construcción de vivienda pública "son bochornosos".
Casa 47 y demanda de transparencia
En otro punto del orden del día, sí prosperó una proposición no de ley del PPdeG debatida este martes para exigir al Gobierno "transparencia" respecto al programa de la sociedad pública Casa 47.
La iniciativa reclama que el Ejecutivo remita "de manera inmediata" toda la información relativa a las viviendas y a los suelos que Casa 47 prevé desarrollar en Galicia, así como que detalle los criterios de selección, adjudicación y gestión de esas viviendas.
Además, el texto aprobado solicita que se asegure que todas las viviendas que se construyan sobre suelo público en el marco de este programa cuenten con cualificación permanente como vivienda protegida.
Reforma del Reglamento de Costas
Por otra parte, el Parlamento dio luz verde a otra iniciativa del PPdeG, apoyada por los populares y por el diputado de Democracia Ourensana, para pedir al Gobierno central la suspensión de la reforma del Reglamento General de Costas y un mayor nivel de diálogo con las comunidades autónomas.
En concreto, la propuesta del Grupo Popular, tras una autoenmienda, plantea expresar el "apoyo expreso" a la decisión de la Xunta de trasladar a la Comisión Europea la "realidad diferencial del litoral gallego" y los "previsibles impactos" de la reforma del Reglamento general de Costas en Galicia, con el fin de "defender los intereses" de la Comunidad y buscar soluciones "compatibles con la preservación ambiental, la actividad económica sostenible, la seguridad jurídica y la cohesión territorial".
Asimismo, se insta a la Xunta a pedir al Gobierno central que paralice la tramitación de la reforma y que inicie "un proceso de diálogo institucional real" con las comunidades y los ayuntamientos costeros, así como con los sectores económicos vinculados al litoral.
El texto también plantea convocar la Conferencia Sectorial para abordar la revisión de la normativa, garantizar la protección de los derechos concesionales y de propiedad vigentes, mantener el régimen de prórrogas y concesiones de la legislación actual hasta que exista un nuevo marco "consensuado" e incorporar al proceso de reforma un análisis específico del impacto económico, social y territorial que los cambios "tendrían sobre Galicia y la cadena mar-industria".
Por último, la iniciativa del PPdeG reclama al Ejecutivo central "respetar las competencias asumidas por Galicia en materia de ordenación y gestión integrada del litoral" y considerar las alegaciones formuladas por la Xunta, las cofradías y las organizaciones empresariales afectadas.