El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ha censurado al Gobierno central por su “falta de previsión” a la hora de poner en marcha la nueva ley de eficiencia judicial, al tiempo que ha reivindicado que la Xunta cumplió los plazos marcados para su implantación.
Durante su intervención en la Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior, el responsable autonómico ha subrayado que la Administración gallega acometió cambios en los 45 partidos judiciales, “cumpliendo los plazos establecidos y garantizando la continuidad del servicio”.
Tronchoni ha explicado que esta reforma implica una reorganización profunda “sin precedentes” del ámbito judicial, al introducir un nuevo modelo basado en la creación de las Oficinas de Justicia del Municipio. Aunque ha admitido que se produjeron algunas incidencias, ha recalcado que el despliegue del sistema se completó en todos los partidos judiciales dentro de los tiempos previstos.
El director xeral ha detallado el refuerzo acometido, sobre todo en el plano tecnológico y organizativo, y ha cuestionado que el Ejecutivo central impulsase la ley “sin el consenso suficiente” con las comunidades autónomas ni con los distintos operadores jurídicos. En la misma línea, ha puesto en duda la idoneidad de los plazos fijados por el Ministerio y ha denunciado la “falta de planificación” que, según ha señalado, se ha traducido en fallos en las aplicaciones informáticas y trabas para activar determinados servicios.
Críticas del PSdeG por el “caos organizativo”
La diputada del PSdeG Paloma Castro ha responsabilizado a la Dirección Xeral del “fracaso” en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial en Galicia, reprochando la “falta de diálogo” con las organizaciones sindicales y la “sobrecarga” del personal, lo que, a su entender, “derivó en un caos organizativo”.
Entre sus propuestas, la parlamentaria socialista ha planteado reforzar los equipos de Familia y Violencia sobre la Mujer en los siete partidos judiciales, elaborar un manual de puestos y un protocolo marco de actuación que permita unificar el funcionamiento del nuevo modelo en toda la Comunidad.
Asimismo, ha reclamado un plan de formación específico, un catálogo de servicios del servicio común general para medir la carga de trabajo y diseñar planes de apoyo a la ejecución, de migración de expedientes y de contingencias y refuerzo, con el objetivo de asegurar una implantación “eficaz” del nuevo sistema, además de la creación de una comisión de seguimiento.
El BNG exige la dimisión de Tronchoni
Por su parte, Iago Tabarés (BNG) ha exigido la dimisión del director xeral por “falta de capacidad” para “revertir la situación de la administración de justicia”. “No por falta de actitud, sino por falta de capacidad. Usted no puede porque el PP no quiere, porque la justicia no les importa”, ha manifestado.
El diputado nacionalista ha recriminado a Tronchoni su “silencio” ante el traslado de los jueces de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, que, según ha recordado, paralizó en los últimos tiempos decenas de proyectos eólicos, y ha calificado de “insuficiente” el presupuesto autonómico destinado a justicia.
También ha afeado que la Xunta “no preparó nada de formación” y ha criticado que “después de muchas décadas de transferencia no había relación de puestos de trabajo y hubo que hacerla en seis meses”.
Defensa del PPdeG a la gestión de la Xunta
En respuesta, la diputada del PPdeG Katherine Varela ha reprochado al parlamentario del Bloque que reclame ceses en la Xunta “con la que está cayendo en Madrid”, y que “hable de independencia judicial con todo lo que se está viendo”.
Varela ha defendido la labor del director xeral de Xustiza en la aplicación de la ley de eficiencia judicial y ha destacado, entre otros aspectos, la aportación del servicio de taxi tras la comarcalización, la instalación de equipos de videoconferencia y las acciones de formación desplegadas.