La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha reiterado que la Denominación de Origen Rías Baixas no cursó petición alguna para acogerse ni a la destilación de crisis ni a la cosecha en verde, mecanismos a los que sí recurrieron otras denominaciones.
Gómez ha expuesto esta posición en el pleno del Parlamento de Galicia, al responder a la diputada del BNG Montse Prado, que alertó de estimaciones del sector según las cuales "podrían quedar sin recoger entre 4 y 5 millones de uva".
La titular de Medio Rural ha subrayado que para el Ejecutivo gallego la D.O. Rías Baixas constituye una "prioridad" y ha defendido que "La Xunta estuvo, está y estará siempre al lado de los productores gallegos y, concretamente, con los viticultores", recordando que llevan "años trabajando a favor de un sector vitivinícola fuerte, justo y sostenible" con "medidas reales".
En esta línea, ha detallado que, además de las ayudas generales a las explotaciones agrarias, la Xunta mantiene programas específicos de "mucho calado", entre ellos apoyos para la reestructuración del viñedo, con 4 millones anuales; para la elaboración, comercialización y promoción, con 6,7 millones; para la promoción en terceros países, con 1,7 millones; y casi 2 millones dirigidos a los consejos reguladores. "Son casi 15 millones de euros anuales", ha remarcado.
Asimismo, ha defendido que la Administración autonómica cumple con sus funciones, como vigilar el respeto a la ley de la cadena alimentaria, reforzar la capacidad de comercialización y coordinarse con el sector para acompasar producción y mercado.
Por su parte, Montse Prado denunció que a los viticultores se les están planteando contratos con importes muy inferiores a los costes de producción. "Denuncian que hay algunos casos en los que se ofrecen 0,5 céntimos por kilo, cuando la cuantificación que hacen del precio de producción tanto viticultores como empresas es de entre 1,5 y 1,7 euros por kilo", señaló la parlamentaria del BNG, insistiendo en el riesgo de que "podrían quedar sin recoger entre 4 y 5 millones de uva".
En su réplica, la conselleira ha recalcado que la Xunta asume sus responsabilidades, pero ha recordado que los consejos reguladores "tienen la obligación" de ordenar la producción, ajustar rendimientos a cada campaña y proponer las medidas que consideren oportunas conforme a la normativa.
En este sentido, ha precisado que el Gobierno autonómico coopera con las denominaciones y pone a su disposición los instrumentos disponibles dentro de sus competencias, incluidos los apoyos a la destilación de crisis y las órdenes destinadas a aliviar situaciones de sobreproducción, sin sustituir nunca el papel de los órganos de gestión de las D.O.
Finalmente, ha reiterado que, a diferencia de otras denominaciones, la D.O. Rías Baixas no presentó solicitud para acogerse ni a la destilación de crisis ni a la cosecha en verde.