El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha planteado que el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia de Palma contemple la construcción de viviendas destinadas a los funcionarios judiciales, al advertir de que muchos de ellos tienen serias dificultades para asumir el alto coste de vida en el archipiélago.
Gómez ha realizado esta petición durante su intervención en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, donde ha presentado ante los diputados la Memoria Judicial de 2025, cuyos principales datos ya se habían adelantado hace unas semanas.
En la misma sesión, el presidente del TSJIB ha respondido a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios, centradas en varios aspectos del funcionamiento y las carencias de la administración de Justicia en las Islas.
Entre los asuntos abordados ha destacado el problema al que se enfrentan los funcionarios judiciales cuando se trasladan a trabajar a Baleares, una situación similar a la de otros colectivos profesionales que llegan al archipiélago y se topan con precios de vivienda y nivel de vida muy elevados.
El magistrado ha detallado que el 58% de los trabajadores de la administración de Justicia destinados en Baleares son interinos, lo que, a su juicio, agrava aún más la precariedad y la inestabilidad de su situación laboral y económica.
Como ejemplo, Gómez ha recordado el caso de una empleada de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJIB, en la que él mismo ejerce sus funciones, que se vio obligada a marcharse de las Islas porque no podía asumir el coste de la vida con un sueldo de entre 1.200 y 1.300 euros al mes.
Esta problemática, ha admitido, "no tiene una sola solución", aunque ha apuntado que una posible medida sería reservar en la futura Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto de urbanización ya ha salido a concurso y tardará aún varios años en materializarse, un número de viviendas específicas para funcionarios judiciales destinados en Palma.
"Eso ya se habló y cada vez que viene el secretario de Estado de Justicia le digo que se tendrían que poner estas viviendas. El solar permite un edificio para esto. Lo tenemos que mirar más adelante. Es una idea positiva que se tiene que intentar conseguir", ha subrayado.
Junto a esta propuesta, Gómez ha señalado que se está avanzando en otra línea para mejorar las condiciones del personal de la administración de Justicia en las Islas: la equiparación del plus de insularidad con el que se percibe en Canarias.
En este sentido, ha indicado que la Sala de Gobierno del TSJIB ya ha pedido a sus dos vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que gestionen una reunión con el Ministerio de Justicia con el fin de tratar específicamente esta cuestión.
"Es necesario que nos equiparen con Canarias, de otro modo no saldremos de esta. Estamos encima y en todos nuestros informes hacemos referencia al coste de la vida. No sé si lo conseguiremos o no, pero estamos encima", ha dicho.
Preguntado sobre si Baleares debería recibir un tratamiento singular para que sus jueces puedan afrontar el aumento de carga de trabajo derivado de la población flotante que llega durante la temporada turística, Gómez ha rechazado esta opción.
Ha explicado que esta posibilidad no figura recogida "como tal" en ninguno de los preceptos de la ley orgánica del poder judicial, por lo que no se contempla un refuerzo generalizado ligado al incremento de población en verano. El único refuerzo estival que se aplica es en Eivissa, aunque se articula por otras vías.
En relación con la mayor de las Pitiusas, el presidente del TSJIB ha lamentado que el nuevo edificio judicial de la isla siga sin estar operativo, pese a que la actual sede se encuentra en buen estado. Según ha indicado, "todavía no esté acabado". "Las obras están licitadas y son carísimas. Está en trámite, pero impugnado ante el tribunal administrativo", ha añadido.
El uso del catalán entre la judicatura balear
El empleo del catalán por parte de los jueces ha sido otro de los puntos de discusión durante la comparecencia de Gómez. Aunque no dispone de estadísticas oficiales, su impresión es que "se usa muy poco" en la práctica judicial diaria.
"De los 146 jueces que somos, diría que uno y medio redactan las sentencias en catalán", ha señalado. Aun así, se ha comprometido a reforzar el programa ya existente para fomentar el uso de la lengua propia de Baleares en los órganos judiciales.
"Igual hay que poner más carteles para que la gente se anime a hablar catalán. Hay que hacer un esfuerzo y yo no me desanimaré", ha concluido.