QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlament ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) que solicita al Gobierno de España responsabilizarse por la protección de los molinos de viento y de extracción de agua ubicados en las inmediaciones del aeropuerto de Palma.
Todos los partidos han mostrado su apoyo a esta iniciativa, propuesta por la diputada del Partido Popular, Maria de Lluc Fornas, y debatida en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.
La PNL exige que se desarrolle un plan completo de restauración y valorización de estos molinos, contando con la colaboración del Consell de Mallorca, los ayuntamientos afectados y organizaciones de protección del patrimonio histórico.
Se demanda además una asignación presupuestaria que asegure la restauración, el mantenimiento y la conservación óptima de estas estructuras como elementos clave del paisaje e identidad de Mallorca.
La Cámara insta a que el Govern y el Consell de Mallorca cooperen estrechamente con Aena y el Gobierno central, proporcionando apoyo técnico, asesoramiento patrimonial y, de ser necesario, cofinanciación adicional para agilizar la conservación y restauración de los molinos.
Finalmente, con el respaldo de 11 votos de PP, PSIB y Vox y dos abstenciones de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, se ha aprobado impulsar campañas de concienciación sobre la relevancia histórica y cultural de los molinos, con el objetivo de aumentar el conocimiento entre residentes y turistas.
En otro orden de temas, la Comisión ha aprobado otra PNL propuesta por Marta Carrió de MÉS per Mallorca, que pide al Gobierno español incluir en los presupuestos de 2026 la remuneración completa del permiso parental de ocho semanas. Esta medida ha sido aceptada con nueve votos a favor y cuatro abstenciones del PSIB. Además, se solicita que el permiso parental remunerado se extienda a 16 semanas para familias monoparentales, aunque Vox ha votado en contra.
Por último, se ha solicitado al Govern iniciar la implementación de la bolsa de horas prevista en la ley de conciliación, siempre dentro del marco de la negociación colectiva, con el apoyo unánime de todos los grupos.
