La relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha recalcado este lunes que la retirada de los escombros en la Franja de Gaza por parte de Israel “no debe destruir las pruebas de crímenes internacionales” vinculadas a la ofensiva israelí lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
“La retirada, trituración y reubicación de escombros en marcha en Gaza no debe destruir pruebas de crímenes internacionales ni impedir la recuperación e identificación de restos humanos en el enclave asediado”, ha indicado, subrayando a continuación que las consecuencias de estas operaciones “son profundas”.
Ha precisado que “los escombros en Gaza contienen restos humanos y pruebas físicas vinculadas a la investigación de supuestos crímenes internacionales, incluido un genocidio”. Las autoridades gazatíes, bajo control de Hamás, calculan que más de 10.000 cuerpos siguen atrapados bajo los edificios destruidos por los bombardeos israelíes.
Albanese ha advertido igualmente de que las limitaciones de acceso impuestas por Israel en alrededor del 70% del territorio de la Franja, junto con el control militar parcial del enclave, no pueden desvincularse de la ilegalidad de la presencia israelí en los Territorios Palestinos Ocupados, tal y como determinó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024.
“En la devastada Gaza, los escombros no son solo desechos de construcción. Son parte de la escena de un crimen, un cementerio y el testimonio material de lo sucedido durante una brutal e insensata campaña de bombardeos que duró dos años”, ha afirmado la relatora, recordando que el 4 de agosto fueron enterrados en la Franja más de 110 palestinos cuyos restos se localizaron en un edificio de la ciudad de Gaza destruido en noviembre de 2023.
En esta línea, ha calificado como “vital” que “antes de que se adopten decisiones sobre traslado o trituración (de los escombros) por parte del Ejército ocupante o sus aliados se lleve a cabo la recuperación e identificación digna de los restos humanos, la documentación sistemática de los lugares y los materiales, la preservación de las pruebas potencialmente relevantes y el establecimiento de una cadena de custodia ininterrumpida bajo supervisión independiente”.
La relatora ha reclamado que expertos e investigadores internacionales supervisen todo el proceso, y ha avisado de que “los actores estatales y las empresas involucradas en su eliminación deben tener en cuenta que, al destruir pruebas de crímenes internacionales, podrían incurrir en responsabilidad penal internacional en relación con esos crímenes””.
En este marco, ha reiterado que su alarma está relacionada con la magnitud y características de la devastación en Gaza a raíz de la ofensiva, y ha aludido a un informe de un relator de la ONU que concluye que al menos el 92% de las viviendas de la Franja, así como buena parte de la infraestructura civil, han sido destruidas o dañadas.
Albanese ha añadido que Israel continúa empleando maquinaria pesada para demoler estructuras en las áreas bajo su control, pese al acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para implementar la propuesta de Estados Unidos para Gaza, que incluía un alto el fuego.
“Cualquier retirada (de materiales) debe realizarse en el marco de un plan diseñado por palestinos y respaldado por actores que gocen de su confianza”, ha enfatizado Albanese, quien ha reiterado que “destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal”.” Es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas”, ha zanjado.