La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este jueves que las autoridades iraníes han intensificado la represión interna desde la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país, una campaña que, según la ONG, ha incluido la ejecución de cerca de 40 personas y la detención de más de 6.000 bajo el pretexto de actuar por razones de seguridad en el contexto del conflicto en Oriente Próximo.
En su informe, la organización detalla que entre los arrestados desde el 28 de febrero se encuentran manifestantes, periodistas, abogados, activistas, disidentes y miembros de minorías étnicas y religiosas. Todo ello se ha producido mientras las autoridades mantenían bloqueado durante casi tres meses el acceso a Internet en todo el país, llegando a criminalizar la actividad 'online' con amenazas de cargos por “espionaje”.
La directora sénior de investigación y campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha advertido de que “las autoridades iraníes están aprovechando la crisis para erosionar aún más los Derechos Humanos de la población, que ya sufre las devastadoras consecuencias de los ataques aéreos ilegales de las fuerzas estadounidenses e israelíes, así como décadas de crímenes bajo el Derecho Internacional cometidos por la República Islámica”.
En esta línea, Rosas ha recalcado que “para mantener su control del poder, las autoridades han lanzado una ofensiva total contra la población iraní, atacando a cualquiera que se atreva a criticar a la República Islámica, compartir con el mundo exterior información sobre los ataques aéreos estadounidenses o israelíes o las violaciones de Derechos Humanos, o simplemente intentar sortear el bloqueo de Internet más prolongado jamás registrado para comunicarse con sus seres queridos o acceder a información independiente”.
La responsable de Amnistía ha exigido que “las autoridades iraníes deben levantar todas las restricciones restantes al acceso a Internet y dejar de imponer bloqueos a la población iraní”, y ha reclamado igualmente la excarcelación de “todos los detenidos arbitrariamente”, además de “protegerlos frente a la tortura y otros malos tratos” y “revelar el destino y paradero” de las personas “desaparecidas por la fuerza”.
Asimismo, ha instado al Gobierno de Teherán a que “detenga de inmediato todas las ejecuciones, de cara a establecer una moratoria oficial sobre la pena de muerte”, ante el incremento de los ajusticiamientos tras la ofensiva, lanzada por sorpresa en plena fase de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar cerrar un nuevo acuerdo nuclear.
Bloqueo de Internet y criminalización de la disidencia
Según Amnistía Internacional, el corte casi total de Internet, que incluyó un sistema de permisos individuales para un grupo reducido de personas —principalmente cargos oficiales— se convirtió en “un pilar central de la estrategia de represión”, y bajo esa cobertura se habrían perpetrado “crímenes generalizados”.
La ONG subraya que las autoridades “criminalizaron de forma activa los esfuerzos del público para acceder a Internet”, llegando las fuerzas de seguridad a enviar mensajes masivos para “advertir al público” sobre el uso de VPN o conexiones por satélite y amenazar con detenciones, procesos penales, confiscación de bienes y condenas amparadas en la Ley de Espionaje.
Miles de detenidos bajo acusaciones de seguridad
En otro apartado, Amnistía recuerda que miles de personas han sido arrestadas de manera “arbitraria” con el argumento de proteger la seguridad nacional. El jefe de la Policía iraní, Ahmadreza Radán, llegó a cifrar el 17 de mayo en más de 6.500 los “traidores y espías” detenidos desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.
La organización indica que los medios oficiales y distintos responsables iraníes han “vilipendiado de forma sistemática” a los arrestados, a los que se ha etiquetado como “traidores”, “terroristas”, “mercenarios”, “agente extranjeros”, “colaboracionistas” y “contrarrevolucionarios”. Las imputaciones van desde supuesta “colaboración” con Israel o Estados Unidos hasta la venta o uso de sistemas Starlink.
Las autoridades también han presentado cargos por difundir información sobre el conflicto en redes sociales, por manifestar apoyo a los bombardeos o celebrar la muerte de altos mandos, así como por remitir imágenes de los lugares atacados a medios próximos a la oposición, de acuerdo con la información recopilada por Amnistía Internacional.
Entre las personas detenidas “arbitrariamente”, amenazadas o citadas a declarar se cuentan cientos de activistas, estudiantes, docentes y familiares de manifestantes. En marzo, el Gobierno anunció además la puesta en marcha de un sistema digital destinado a identificar e incautar los bienes de quienes sean catalogados como “terroristas y mercenarios”.
Aislamiento, torturas y desapariciones forzosas
En este contexto, Amnistía ha denunciado que algunas personas han sido mantenidas en régimen de aislamiento y que se han documentado casos de torturas, desapariciones forzadas, malos tratos, denegación del acceso a abogados y obtención de “confesiones forzadas” mediante distintos métodos.
Entre las víctimas se encuentra la reconocida activista y abogada Nasrín Sotudé, detenida el 1 de abril y cuyo paradero se desconoció durante seis semanas, hasta su liberación a mediados de mayo. Siguen desaparecidos los abogados Astaré Ansari y Elham Zeraatpisé, así como la periodista Mary Mohamadi.
La ONG sostiene que las autoridades han utilizado además las confesiones de algunos detenidos como “una herramienta de propaganda”, difundiendo los vídeos antes de las ejecuciones. Al mismo tiempo, denuncia que se ha intensificado el recurso a la pena de muerte como “una herramienta de represión política”.
Desde el 28 de febrero han sido ejecutadas 39 personas, entre ellas “16 manifestantes, nueve disidentes, diez acusados de espionaje en favor de Estados Unidos e Israel y cuatro acusados por 'rebelión armada contra el Estado'”, según el recuento elaborado por Amnistía Internacional.
Llamamiento a la comunidad internacional
Rosas ha advertido de que “la comunidad internacional no debe permitir que las autoridades iraníes utilicen el conflicto como pretexto para intensificar su maquinaria de represión y cometer con impunidad crímenes bajo el Derecho Internacional”.
Para la responsable de Amnistía Internacional, “la crisis de Derechos Humanos e impunidad en Irán exige una acción diplomática internacional urgente y sostenida para evitar nuevos crímenes atroces por parte de las autoridades, así como para establecer vías para la justicia internacional, incluso mediante la presentación del caso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.