La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes el “adoctrinamiento estatal” al que se somete cada día a niños y niñas en los centros educativos de todo el país, advirtiendo de que las escuelas se han transformado en “fábricas de sumisión” donde los menores son objeto de una estricta vigilancia.
Según ha señalado la ONG en un comunicado, “las autoridades rusas niegan a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad utilizando clases y libros de texto cargados de propaganda para adoctrinarlos y justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, al tiempo que reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información”.
En su nuevo informe ‘Solo Fuentes Oficiales: Adoctrinamiento en el Sistema Educativo Ruso’, la entidad documenta cómo el alumnado de toda Rusia y de las zonas de Ucrania ocupadas es expuesto “a la ideología del Estado a través de un programa de estudios controlado por el poder central”.
El documento también describe que el profesorado recibe instrucciones para controlar la actividad de los estudiantes en Internet, elaborar expedientes con sus opiniones y alertar a las autoridades sobre posibles posturas críticas o disidentes en cuestiones políticas y sociales.
Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha subrayado que “los centros escolares rusos han dejado de ser templos del saber para convertirse en fábricas de sumisión. El Estado ruso es quien determina lo que niños y niñas deben aprender de Rusia, sus vecinos y el resto del mundo. Aunque utilizar las escuelas para hacer propaganda política no es exclusivo de Rusia, la intensidad y la dimensión de las iniciativas del Kremlin para colocar el adoctrinamiento en el centro del sistema educativo las convierten en sistémicas”.
En esta línea, ha criticado que “los libros de texto rusos presentan una visión única de la historia que justifica cualquier decisión tomada en Moscú para usar la fuerza contra sus vecinos. Describen la agresión en curso de Rusia contra Ucrania como una necesidad histórica y una cuestión de supervivencia nacional, mientras que cualquier opinión alternativa se tacha de 'hostil' o 'destructiva'”.
Libros de texto únicos y narrativa oficial
Desde 2023, el Ministerio de Educación ruso ha impuesto un único paquete obligatorio de manuales de Historia y otros recursos didácticos que presentan a Rusia como una “fortaleza sitiada”, minimizan o niegan la identidad nacional de Ucrania y su condición de Estado, y legitiman todas las intervenciones militares soviéticas y rusas como inevitables o justificadas.
El informe recalca que “una educación concebida para privar a niños y niñas de la oportunidad de formarse sus propias opiniones y aprender a pensar de forma crítica e independiente en su etapa formativa es incompatible con las leyes y normas de derechos humanos. El enfoque de Rusia vulnera sus obligaciones en virtud de varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Los esfuerzos del Kremlin por moldear una población estudiantil “obediente e incondicional” se apoyan en la coacción, la vigilancia y la elaboración de perfiles, según AI. Struthers detalla que “las autoridades rusas están adoptando medidas profilácticas que conllevan no sólo la difusión de propaganda, sino también la vigilancia clandestina y constante del alumnado dentro y fuera de las aulas, incluso en Internet”, y que en la práctica estas pautas “fomentan el control de las ideas políticas, religiosas y personales de los niños”.
Amnistía lamenta que se exija a los centros educativos “identificar a los estudiantes y miembros del personal cuyas opiniones, actividades online y asociaciones expresen deslealtad o susceptibilidad a influencias destructivas”. Entre los colectivos señalados figuran la Fundación Anticorrupción del fallecido Alexei Navalni, el movimiento juvenil de protesta Vesna y el inexistente “movimiento internacional LGTBI”, todos ellos perseguidos únicamente por “alzar la voz en favor de los Derechos Humanos”, según la organización.
Struthers sostiene que “las autoridades rusas han demostrado no tener límites en cuanto a lo que son capaces de hacer para imponer su narrativa ideológica profundamente politizada a la siguiente generación, y para asegurarse de que se identifica y sanciona a quienes no se atienen a esa narrativa. Esto constituye una violación del derecho de la infancia a la intimidad y a la libertad de expresión y de asociación”.
En este sentido, ha remarcado que “la mente de un niño o una niña no es propiedad del Estado”. “Sin embargo, las autoridades rusas parecen tratar las aulas como terreno de siembra que debe inspeccionarse en busca de los primeros brotes de disidencia cívica para poder extirparlos antes de que crezcan”, ha añadido.
Exigencias de Amnistía y el caso Talankin
Ante esta situación, Amnistía Internacional reclama a las autoridades rusas que garanticen que el currículo, los manuales y el resto de materiales educativos no limiten ni obstaculicen la libertad de expresión ni el libre intercambio de ideas. La ONG insiste en que “estudiantes y docentes deben tener acceso a una amplia diversidad de fuentes y poder debatir libremente sobre acontecimientos históricos y actuales sin miedo a represalias”.
Asimismo, exige que “las autoridades deben anular todas las leyes y normas que castigan la expresión pacífica o excluyen las voces disidentes de la educación, poner fin de inmediato a las actividades ilícitas de vigilancia y uso de perfiles sobre el alumnado y el personal educador, destruir todos los datos recopilados ilegalmente, ofrecer recursos efectivos y reparación a las personas afectadas y obligar a rendir cuentas a quienes han cometido violaciones de derechos humanos”.
El informe recuerda además que, a finales de marzo, Pavel Talankin, director ruso galardonado con un Óscar en la categoría de “mejor largometraje documental” por ‘Mr Nobody contra Putin’, fue incorporado a la lista de agentes extranjeros de Rusia, acusado de producir contenidos para “organizaciones indeseables” y de “difundir información falsa sobre decisiones y políticas adoptadas” en territorio ruso.
La cinta, realizada junto al estadounidense David, obtuvo también un premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA). El documental incorpora imágenes filmadas por Talankin antes de abandonar Rusia en 2024 que muestran el desarrollo de determinadas clases en el país, con un marcado componente de propaganda vinculada a la guerra en Ucrania.