La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha instado este martes a Argelia a que “abandone inmediatamente” cualquier iniciativa destinada a extender el uso de la pena capital o a reanudar las ejecuciones, interrumpidas desde hace más de tres décadas en el país norteafricano, en un momento en que se analizan cambios en el Código Penal para incorporar nuevos delitos castigados con la pena de muerte.
La ONG ha reclamado a las autoridades argelinas que decreten de forma inmediata una moratoria oficial como paso inicial hacia la abolición definitiva de la pena capital. A continuación, ha pedido a Argel que responda a los recientes incendios forestales desde un enfoque basado en los Derechos Humanos, después de que el presidente, Abdelmayid Tebune, solicitara el 30 de agosto al Ministerio de Justicia que modifique el Código Penal para “reintroducir” la pena de muerte por provocar o instigar incendios.
El jefe del Estado también planteó que el Gobierno estudie la posibilidad de aplicar la pena máxima a los “secuestradores de niños y responsables de abusos contra niños”, una propuesta que sigue en evaluación por parte del Ejecutivo y sobre la que aún no se ha adoptado una decisión definitiva.
“La devastación y la pérdida de vidas humanas causadas por estos incendios constituyen una profunda tragedia y deberían impulsar a las autoridades argelinas a adoptar medidas inmediatas centradas tanto en la prevención como en la rendición de cuentas”, ha señalado Nadege Lahmar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Argelia.
No obstante, ha subrayado que “dar marcha atrás después de más de 30 años sin ejecuciones es una medida profundamente retrógrada que contraviene el respeto al derecho a la vida”, al tiempo que ha remarcado que este giro “contravendría las obligaciones internacionales de Argelia en materia de Derechos Humanos, así como su apoyo constante a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que piden una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte”.
Amnistía Internacional ha explicado que, aunque las autoridades no han difundido por ahora un recuento completo de víctimas mortales y heridos, y mantienen la cifra oficial en doce fallecidos, diversas fuentes fiables elevan el número de muertos a más de 70 solo en uno de los municipios afectados por el fuego.
Entre el 26 de julio y el 10 de septiembre, las autoridades anunciaron la detención de 20 personas sospechosas de provocar incendios y de “subversión”, un cargo que puede conllevar la pena capital. Entre los arrestados se encontraría un supuesto simpatizante del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), formación opositora que Argel considera organización terrorista.
En esta línea, la ONG ha recordado que el Gobierno argelino ya habría utilizado anteriormente los incendios como argumento para endurecer la represión, incluyendo acusaciones contra el MAK y otros disidentes por los fuegos registrados en agosto de 2021, que causaron al menos 90 muertos y derivaron en cargos de terrorismo contra numerosas personas.
Asimismo, un tribunal argelino condenó a muerte en noviembre de 2022 a 56 acusados en un macrojuicio que, según Amnistía Internacional, estuvo plagado de irregularidades y de denuncias de torturas formuladas por los procesados. Posteriormente, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio, que dio comienzo el 1 de marzo de 2026.
“La rendición de cuentas por la devastadora pérdida de vidas humanas causada por los incendios forestales no puede reducirse a perseguir a los presuntos autores de incendios provocados”, ha defendido Lahmar, quien ha insistido en que las autoridades “deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre todos los factores que causaron o contribuyeron a los incendios y a la pérdida de vidas, incluidas las posibles negligencias de funcionarios públicos y las deficiencias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias”.
“Los resultados deben hacerse públicos y, cuando existan pruebas suficientes de responsabilidad penal, los responsables deben ser procesados en juicios justos que excluyan el recurso a la pena de muerte”, ha añadido, antes de reiterar que “los supervivientes y las familias tienen derecho a recibir información oportuna, accesible y precisa sobre las personas desaparecidas o fallecidas”.