La Comisión Europea ha tildado este viernes de “profundamente lamentable” la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) y ha subrayado que la Unión Europea está preparada para adoptar “todas las medidas necesarias” con el fin de que la corte pueda seguir llevando a cabo “su labor” de investigación y enjuiciamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“La Unión Europea ha sido una firme defensora del Tribunal Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”, ha afirmado Bruselas en un comunicado, en el que reitera su respaldo a la independencia de esta instancia judicial con sede en La Haya.
En la misma nota, el Ejecutivo comunitario asegura que cooperará “estrechamente” con el TPI para que pueda continuar “funcionando de manera eficaz” y recuerda su disposición a trabajar con los 125 Estados parte del Estatuto de Roma para “preservar y respetar su independencia”, de forma que el tribunal pueda seguir cumpliendo su “misión fundamental”.
Además, la Comisión remarca que las sanciones estadounidenses no se aplicarán hasta dentro de seis meses, por lo que, a su juicio, aún “existe margen para el diálogo” con Washington antes de que las medidas entren en vigor.
El Ejecutivo comunitario insiste también en que el bloque está listo para poner en marcha “todas las medidas necesarias” que permitan al TPI continuar con sus investigaciones y procesos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y, al mismo tiempo, proteger “los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”, es decir, evitar que las sanciones de Estados Unidos dañen a empresas, entidades u otros actores europeos vinculados al tribunal.
La reacción de Bruselas se produce pocos minutos después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra el propio TPI, en un nuevo capítulo de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra la corte, a la que acusa de ser un organismo “supranacional corrupto” y “politizado” que se excede en sus competencias.
En particular, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incorporado al tribunal a la lista de objetivos de sus sanciones, si bien ha aprobado cuatro licencias que permiten mantener determinadas actividades esenciales durante los próximos seis meses, hasta el 7 de abril de 2027. Entre ellas se incluyen los pagos de los Estados parte, las nóminas del personal, la atención médica, los alquileres y otras operaciones imprescindibles para asegurar la continuidad de su actividad.
El anuncio de estas medidas se ha producido horas después de que el Comité Noruego del Nobel distinguiera con el premio Nobel de la Paz a la exjueza del TPI y ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, galardón que el presidente estadounidense, Donald Trump, había reclamado para sí mismo en días anteriores.
La nueva ronda de sanciones se suma a las ya dictadas por Washington contra varios jueces y fiscales del TPI, entre ellos su presidenta, Tomoko Akane, castigada el pasado agosto en respuesta a las pesquisas del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.
Reacción del Parlamento Europeo
Los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se han unido a la condena expresada por Bruselas y sostienen que Estados Unidos ha rebasado una “línea roja”.
“Las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) constituyen un ataque inaceptable a los fundamentos de la justicia internacional”, han denunciado, subrayando la gravedad de dirigir estas medidas contra la corte como entidad jurídica.
“Dirigirse contra el tribunal como institución supone cruzar una línea roja fundamental, que amenaza la independencia y la integridad de un tribunal creado para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional”, añaden David McAllister (Exteriores), Bernd Lange (Comercio Internacional) e Ilhan Kiuchiuk (Asuntos Jurídicos), junto al presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, Munir Saturi, y el presidente de la Delegacion para las Relaciones con Estados Unidos, Brando Benifei.