Argentina llevará a los tribunales a la petrolera israelí Navitas por operar en las Malvinas sin aval de Buenos Aires

Argentina anuncia una denuncia penal contra Navitas y socios por explorar hidrocarburos en Malvinas con licencias británicas, en defensa de su soberanía.

2 minutos

La Casa Rosada, Buenos Aires, en una imagen de archivo Julien Delfosse / Dppi Media / Afp7 / Europa Press

La Casa Rosada, Buenos Aires, en una imagen de archivo Julien Delfosse / Dppi Media / Afp7 / Europa Press

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

2 minutos

Más leídas

El Gobierno argentino ha informado este lunes de que presentará una querella penal contra la compañía petrolera israelí Navitas y varias de sus filiales, así como contra JHI Associates Inc., radicada en Canadá, y su accionista Eco (Atlantic) Oil & Gaz Ltd., por presuntamente operar con licencias otorgadas por el Ejecutivo británico para realizar tareas de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

“La denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo Gobierno de Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659”, reza el comunicado del Gobierno argentino.

La medida se extiende también a los accionistas de Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas LTD., además de a “todos” los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan participado en este “hecho punible”.

Según ha explicado la Casa Rosada, la presentación de esta denuncia constituye un paso concreto para “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de Argentina sobre el las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

Acto seguido, Buenos Aires ha remarcado que la defensa de la soberanía “debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina”.

En esta línea, el comunicado oficial señala que el Ejecutivo de Javier Milei “continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos” del país.

El anuncio se ha conocido el mismo día en que el ministro de Seguridad Interior de Israel y líder del partido ultraderechista Hogar Judío, Itamar Ben Gvir, ha planteado que el Gobierno israelí reconozca las islas Malvinas, administradas por Reino Unido, como territorio argentino ocupado por Reino Unido, en respuesta al anunciado cambio de rumbo diplomático de Londres respecto a Israel.

La decisión del Ejecutivo argentino llega también pocos días después de que Milei se dirigiera a la ciudadanía para dar a conocer un decreto destinado a acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en proyectos de extracción de crudo en las Malvinas “sin autorización” de Buenos Aires. Tras ese anuncio, las autoridades iniciaron un expediente sancionador contra 45 empresas y particulares vinculados con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago en disputa.

Este lunes, y en coherencia con el plan del presidente de levantar una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente americano, y reforzar las capacidades de telecomunicaciones, la Presidencia ha comunicado la firma de una instrucción al ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, para que se priorice en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Nacional de 2027 el desarrollo de dicha base y de “otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos” del país.

“Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”, ha subrayado el Ejecutivo latinoamericano.