El Gobierno iraquí ha lanzado este miércoles una seria advertencia a las organizaciones armadas que operan en su territorio: cualquier grupo que utilice suelo iraquí “para lanzar ataques contra países vecinos” será considerado “delincuentes que deben ser combatidos”. Esta postura se enmarca en la estrategia de Bagdad para consolidar el monopolio estatal de las armas y, según han recordado a las milicias, a partir de octubre este tipo de acciones quedará perseguido bajo la Ley Antiterrorista.
La Coalición de la Administración Estatal, que agrupa al bloque chií Marco de Coordinación, a las principales formaciones kurdas y suníes y a independientes afines, ha reiterado su respaldo “a las iniciativas destinadas a restringir el uso de armas al Estado, de conformidad con el programa ministerial aprobado por el Consejo de Representantes y promulgado como ley”, según ha publicado en redes sociales la oficina de prensa del primer ministro, Alí al Zaidi.
El comunicado subraya que uno de los ejes de este programa es “impedir que el territorio iraquí se utilice como plataforma para lanzar ataques contra países vecinos o para involucrar a Irak en conflictos que no benefician los intereses de su pueblo”.
En esta línea, la coalición gobernante ha recalcado que “la coalición considera que quienes incurran en tales conductas cometen un delito contra la seguridad del país y serán considerados delincuentes que deben ser combatidos, de acuerdo con los artículos de la Constitución que prohíben el uso de armas fuera del control del Estado y la formación de cualquier organización armada ajena a las fuerzas armadas oficiales”.
Durante la reunión encabezada por Al Zaidi, en la que participaron el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Faiq Zaidan; el presidente de la región del Kurdistán iraquí, Nichirvan Barzanim, y los líderes de la Coalición de la Administración Estatal, se insistió en el calendario fijado: después del 30 de septiembre de 2026 “cualquier actividad armada fuera del marco del Estado será sancionada conforme a la Ley Antiterrorista”.
Al mismo tiempo, los presentes “han condenado los ataques contra unidades de fuerzas armadas iraquíes y el martirio de varios de sus miembros”, en referencia a los bombardeos lanzados por Estados Unidos y Arabia Saudí a finales de julio contra milicias proiraníes en Irak.
En el país actúan numerosos grupos armados, entre ellos destacadas facciones proiraníes como Kataib Hezbolá. Pese a su carácter miliciano, tanto esta organización como otras similares están integradas bajo el paraguas de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición paramilitar proiraní vinculada al Gobierno e incorporada al aparato de seguridad estatal, lo que sitúa a Bagdad en una posición delicada cuando estas fuerzas se ven implicadas en disputas regionales.
En el plano regional, las autoridades iraquíes presentes en el encuentro han reiterado su apoyo “a los esfuerzos para promover la desescalada y el diálogo” en un contexto marcado por la guerra de su vecino Irán y las ofensivas de Israel en la Franja de Gaza y Líbano.
En coherencia con esta postura, han manifestado “su rechazo al uso de la fuerza para resolver conflictos y su disposición a desempeñar un papel positivo en la reducción de las diferencias entre las partes en conflicto, contribuyendo así a la preservación de la seguridad regional y la protección de los intereses comunes”.
Asimismo, “los participantes también han abordado la situación en los países vecinos, haciendo hincapié en la importancia de fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y desarrollar las relaciones de Irak” tanto en el entorno regional como en el ámbito internacional, sobre la base de “intereses mutuos, el respeto a la soberanía y la no injerencia”.