El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han reiterado este miércoles su respaldo "firme" al Tribunal Penal Internacional (TPI) y a su presidenta, Tomoko Akane, después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra la magistrada japonesa y otro jurista del tribunal.
"La presidenta Von der Leyen y yo estamos firmemente al lado del Tribunal Penal Internacional, de su presidenta, Tomoko Akane, y de los funcionarios que defienden su misión", ha manifestado Costa en un mensaje difundido en redes sociales, una declaración que ha sido igualmente compartida por la jefa del Ejecutivo comunitario.
En esa comunicación conjunta, los dirigentes de las principales instituciones de la Unión Europea han puesto de relieve la relevancia del tribunal con sede en La Haya en la persecución de los crímenes más graves. "El TPI ayuda a hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo", han señalado.
Del mismo modo, han insistido en la importancia de garantizar la autonomía del tribunal frente a injerencias de otros Estados o actores externos. "Para llevar a cabo este trabajo esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar con independencia y sin presiones externas".
La postura expresada por Costa y Von der Leyen llega un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicara la inclusión en su 'lista negra' de Akane y del abogado senegalés Abdoulaye Seye por su implicación en las investigaciones abiertas por el TPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido la decisión alegando que ambos habrían "participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios" de gobiernos que no han suscrito el Estatuto de Roma, algo que, ha avisado en un comunicado, "sienta un peligroso precedente para todas las naciones".
En noviembre de 2024, el TPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad vinculados a la ofensiva militar iniciada más de un año antes sobre la Franja de Gaza.