El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes el cierre definitivo de las mesas de diálogo y de los espacios de interlocución socio-jurídica que aún seguían activos dentro de la política de 'paz total' puesta en marcha por el anterior Ejecutivo de Gustavo Petro.
El jefe del Estado detalló que su Gobierno ha aprobado varias resoluciones con las que dará por concluidos estos procesos, dejando a un lado la vía negociadora para imponer una estrategia basada en el sometimiento de las organizaciones armadas y criminales a la Justicia ordinaria.
“Con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación socio-jurídica en el marco de la mal llamada paz total del Gobierno Petro”, señaló De la Espriella en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
Entre las medidas anunciadas figura el cierre de la mesa de conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, una facción escindida del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como la retirada del reconocimiento oficial a los negociadores que habían sido nombrados por la Administración de Petro.
El Ejecutivo ha resuelto igualmente clausurar el espacio de conversación sociojurídica con organizaciones armadas y criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como el “Tarimazo”, retirando también en este caso la acreditación de Isabel Zuleta López como representante en esos contactos.
El presidente colombiano recalcó que este viraje implica abandonar las conversaciones con esos grupos para aplicar únicamente mecanismos de sometimiento a la Justicia, cuestionando el empleo de “semejante nombre rimbombante para una farsa tan grande”, en referencia a la etiqueta de “paz total” utilizada durante el mandato de Petro.
A partir de ahora, explicó De la Espriella, las resoluciones aprobadas serán remitidas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de reactivar los procedimientos judiciales pendientes contra los integrantes de las organizaciones afectadas.
“Estas decisiones se van a comunicar al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación Para que se reactiven contra todos estos delincuentes las respectivas órdenes de captura Por supuesto las extradiciones que las vamos a acelerar y demás situaciones jurídicas a las que haya lugar”, precisó el mandatario.
El presidente insistió además en que su Gobierno descarta mantener cualquier tipo de espacio de interlocución con estructuras que considera criminales. “El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales”, resumió en otro mensaje difundido en redes sociales.
Este cambio de rumbo se suma a las decisiones ya adoptadas a finales de agosto contra otros grupos armados que habían participado en los procesos de diálogo de la anterior Administración, entre ellos el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El giro supone una ruptura profunda con la estrategia impulsada por Petro desde 2022, cuando su Gobierno abrió contactos paralelos con organizaciones insurgentes y estructuras catalogadas como criminales con el objetivo de alcanzar acuerdos de paz, desarme o sometimiento a la Justicia.
Los procesos puestos en marcha durante la pasada legislatura habían atravesado diversas crisis, suspensiones y rupturas, especialmente en la mesa con el ELN y con distintos sectores de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), además de tensiones internas dentro de algunas de las organizaciones implicadas.
De la Espriella, que asumió la Presidencia el pasado 07 de agosto y que ya durante la campaña había adelantado su intención de modificar el enfoque de paz y seguridad de su antecesor, apuesta ahora por hacer efectivas las órdenes judiciales y reforzar la persecución penal de los miembros de estos grupos.
“Se acabaron las concesiones a los delincuentes. La autoridad legítima jamás volverá a claudicar”, concluyó el presidente colombiano en su comunicado.