Un exdirectivo de la Seguridad Social de Estados Unidos ha denunciado que la Administración Trump planteó marcar como fallecidas a 2,7 millones de personas vivas en los registros federales, dentro de una estrategia de presión migratoria que habría implicado al Departamento de Seguridad Nacional y al equipo DOGE, el organismo de eficiencia gubernamental vinculado a Elon Musk.
La denuncia, adelantada por The Washington Post, procede de Jeremiah Schofield, antiguo alto cargo de la Social Security Administration, donde trabajó durante más de 25 años. Según su relato, el plan consistía en incluir a millones de personas en el Death Master File, la base federal que recoge los fallecimientos en Estados Unidos.
Ser incluido por error en ese registro puede tener consecuencias devastadoras: bloqueo de cuentas, pérdida de prestaciones, problemas para trabajar legalmente, dificultades bancarias y suspensión de trámites básicos. En la práctica, para el sistema administrativo, la persona pasa a figurar como muerta.
La Seguridad Social estadounidense sostiene que la lista de 2,7 millones de nombres no fue finalmente incorporada al registro de fallecidos. Pero la denuncia abre un nuevo frente sobre el uso de datos personales, inmigración y poder administrativo durante la Administración Trump.
La denuncia contra DOGE
El denunciante asegura que el Departamento de Seguridad Nacional pidió a la Seguridad Social marcar como fallecidas a millones de personas vivas. La iniciativa, según su versión, implicaba también a miembros del equipo DOGE, creado para recortar gasto, detectar fraude y revisar el funcionamiento de agencias federales.
La lógica del plan, siempre según la denuncia, era utilizar una herramienta administrativa extrema para presionar a determinadas personas a abandonar el país o a acudir a oficinas de la Seguridad Social, donde podrían ser localizadas por autoridades migratorias.
Schofield afirma que se negó a ejecutar el plan después de que abogados de la agencia advirtieran de que una actuación así podía vulnerar la ley federal.
Qué es el Death Master File
El Death Master File es una base de datos de la Seguridad Social estadounidense que registra personas fallecidas. Su función es evitar pagos indebidos, prevenir fraudes y comunicar fallecimientos a distintas instituciones públicas y privadas.
El problema es que esa base no se limita a un uso interno. Bancos, empresas, aseguradoras, administraciones y sistemas de verificación pueden apoyarse en esos registros. Por eso, aparecer erróneamente como fallecido puede cortar de golpe el acceso a servicios básicos.
Una persona marcada como muerta puede encontrarse con cuentas congeladas, prestaciones suspendidas, dificultades para cobrar nóminas, problemas fiscales, bloqueos sanitarios o pérdida de acceso a servicios financieros.
Un plan que no llegó a ejecutarse
La Seguridad Social estadounidense ha señalado que no añadió la lista de 2,7 millones de nombres al Death Master File.
Ese punto es clave. La noticia no es que millones de personas fueran declaradas muertas, sino que un denunciante sostiene que existió un plan para hacerlo y que ese plan fue frenado antes de ejecutarse.
Según la denuncia, el Departamento de Seguridad Nacional había enviado primero una lista menor de unas 6.000 personas, que sí habrían sido marcadas como fallecidas y después retiradas de la base. Más tarde habría llegado una segunda lista mucho mayor, con 2,7 millones de nombres.
El vínculo migratorio
La parte más delicada de la denuncia es el supuesto objetivo migratorio. Schofield sostiene que la maniobra buscaba presionar a personas señaladas para que se autodeportaran o se presentaran en oficinas públicas donde pudieran ser identificadas por autoridades migratorias.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido de forma detallada a las acusaciones concretas, pero ha defendido la necesidad de compartir información entre agencias para identificar quién está en el país, detectar amenazas y revisar el uso de beneficios públicos.
La denuncia, sin embargo, plantea una cuestión de fondo mucho más grave: si una base administrativa diseñada para registrar fallecimientos pudo ser considerada como herramienta de presión migratoria.
El papel de DOGE
DOGE, siglas de Department of Government Efficiency, se convirtió en una de las estructuras más polémicas del segundo mandato de Donald Trump. Impulsado como una herramienta para reducir gasto y detectar fraude, el organismo ha sido objeto de críticas por su acceso a bases de datos sensibles y por su influencia en agencias federales.
La denuncia de Schofield se suma a otras advertencias previas sobre el manejo de información personal en la Seguridad Social. En los últimos meses, otros denunciantes ya habían alertado de accesos controvertidos a bases de datos y de posibles riesgos para la privacidad de millones de ciudadanos.
El nuevo caso eleva el debate porque no se limita a una cuestión técnica de seguridad de datos. Apunta a un posible uso político y coercitivo de registros administrativos esenciales.
Por qué declarar muerto a alguien puede arruinarle la vida
En términos burocráticos, figurar como fallecido puede ser una pesadilla. No es solo un error en un archivo. Es una señal que se propaga por sistemas públicos y privados.
Los bancos pueden congelar cuentas. Las agencias pueden suspender beneficios. Las empresas pueden encontrar problemas para validar un contrato o una nómina. Las aseguradoras pueden bloquear trámites. Y la persona afectada debe probar que está viva ante una administración que ya la ha eliminado del sistema.
Por eso, los errores en registros de fallecimiento están considerados entre los fallos administrativos más graves. Cuando afectan a una persona, el daño puede tardar meses en repararse. Si afectaran a millones, el colapso sería enorme.
Ciudadanos y residentes legales en la lista
Según la denuncia, Schofield revisó una muestra de 25 nombres incluidos en la lista y encontró que la mayoría correspondía a ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
Ese dato agrava la dimensión del caso. Si la muestra era representativa, el plan no habría afectado únicamente a personas sin estatus migratorio regular, sino también a personas con derechos reconocidos dentro del sistema estadounidense.
La denuncia sostiene que, como mínimo, ninguna de las 25 personas revisadas estaba muerta.
Reacción política en Estados Unidos
La revelación ha provocado una fuerte reacción entre legisladores demócratas. Los senadores Elizabeth Warren y Richard Blumenthal han exigido explicaciones y han acusado a la Administración Trump de intentar utilizar la Seguridad Social como instrumento de presión política y migratoria.
La denuncia puede abrir nuevas investigaciones en el Congreso sobre el acceso de DOGE a datos sensibles, la coordinación entre agencias y los límites legales del uso de información administrativa.