El Parlamento de Ucrania ha respaldado este martes la destitución del fiscal general, Ruslan Kravchenko, en plena escalada de acusaciones cruzadas de corrupción y un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ordenara su cese amparándose en la ley marcial, con el objetivo de frenar un nuevo escándalo que sacude a las instituciones del país.
La Verjovna Rada —la Rada Suprema, denominación oficial del Parlamento ucraniano— ha indicado en una escueta nota difundida en redes sociales que la salida de Kravchenko ha sido aprobada con 317 votos favorables. La Cámara, compuesta por 450 diputados, no ha precisado cuántos votos en contra o abstenciones se registraron en la sesión.
La votación se confirmó el lunes, después de que Zelenski solicitara formalmente al Legislativo que refrendara el relevo de Kravchenko. No obstante, el mandatario procedió acto seguido a apartarlo del cargo, tras conocerse que el fiscal general había autorizado la presentación de cargos contra el director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés) y que este había abandonado el país.
Kravchenko, que permanece fuera de Ucrania en lo que ha calificado como “un viaje de negocios al extranjero” para “informar a socios internacionales del estado real de los asuntos en los organismos anticorrupción” en el país, anunció el lunes que había dado luz verde a la apertura de un procedimiento contra el director de la NABU, Semen Krivonos, por supuesta “falsificación de documentos oficiales para obtener grandes beneficios ilícitos”.
Al mismo tiempo, afirmó que también había autorizado cargos contra una persona del entorno del jefe de la Oficina del Fiscal Especializada en la Lucha contra la Corrupción (SAPO), Oleksander Klimenko, sin revelar su nombre, y subrayó que “hasta ahora estaba limitado políticamente a la hora de adoptar estas decisiones, por parte del presidente y los cargos anticorrupción”.
Según su versión, estos organismos habrían impulsado la operación anticorrupción ‘Cartago’ —que desembocó en la presentación de su dimisión el 7 de septiembre— con el propósito de acceder a los expedientes de la Fiscalía contra altos responsables de ambas instituciones y frenar dichas pesquisas.
La causa conocida como ‘Cartago’ se centra en el desmantelamiento de una presunta red criminal encabezada por el responsable de una de las divisiones de la Fiscalía General, que supuestamente recibía sobornos de forma continuada de centros de llamadas fraudulentos y se encargaba de blanquear los fondos obtenidos a través de estas actividades.