La Cámara de Senadores de Bolivia, reunida en la ciudad de Sucre, ha dado luz verde a un proyecto de ley que deja sin efecto la Ley de Estado de Excepción, aprobada en 2020 para fijar los procedimientos y restricciones en la adopción de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo, entre ellas la intervención del Ejército.
Hasta ahora, esta normativa contemplaba fórmulas de control y una serie de requisitos para declarar el estado de excepción, como la supervisión del Legislativo y la fijación de plazos concretos para la vigencia de las disposiciones del Gobierno.
El texto aprobado ha sido remitido ya a la Cámara de Diputados para su revisión definitiva y, si obtiene el visto bueno, permitirá al Ejecutivo contar con un mayor margen de maniobra y menos condicionantes a la hora de decretar un estado de sitio ante escenarios de conflictividad social como el actual. La capital, La Paz, acumula tres semanas de bloqueos por parte de manifestantes que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La iniciativa salió adelante con el respaldo de la mayoría del pleno del Senado. Sus defensores sostienen que con la derogación se busca impedir posibles abusos en la aplicación de medidas de excepción y salvaguardar las garantías constitucionales en medio de la crisis.
Al mismo tiempo, sectores cívicos como el Comité pro Santa Cruz han reclamado al presidente Paz que decrete un “estado de excepción sectorizado” para asegurar la libre circulación y hacer frente a los cortes de carreteras.
En contraste, sindicatos y organizaciones sociales que impulsan las movilizaciones consideran que recurrir a esa figura constitucional podría agravar el clima de confrontación y desencadenar nuevos episodios de violencia.
Exigencias para frenar la violencia
En paralelo, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias han difundido un pronunciamiento conjunto en el que reclaman el fin inmediato de la violencia tras los choques del sábado en la vía entre La Paz y Oruro y en distintos puntos de El Alto, ocurridos cuando el Gobierno envió un convoy de policías y militares para intentar, sin éxito, levantar los bloqueos.
Estas instituciones solicitan además el “esclarecimiento urgente, independiente y transparente” de lo sucedido, con especial atención a los casos de personas heridas, un fallecido y las denuncias de vulneraciones de derechos humanos.
“Lamentamos que el diálogo no se haya concretado hasta ahora”, indica el comunicado, que subraya la urgencia de restablecer condiciones reales para la comunicación entre las partes y evitar decisiones que profundicen la confrontación o pongan en peligro la vida de la ciudadanía.
Asimismo, expresan su voluntad de continuar promoviendo acercamientos tanto con los sectores movilizados como con representantes del Gobierno, con el objetivo de contribuir a la disminución de la violencia y a la reapertura de espacios de entendimiento.
“La prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana”, concluye el texto.