Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha manifestado su rechazo a las sanciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los responsables de su campaña de 2022, acusados de exceder los límites de financiación por aproximadamente 5.300 millones de pesos (1,2 millones de euros) durante las elecciones. Petro ha subrayado que “no hay un solo peso del narcotráfico” en los fondos de su campaña, destacando la falta de pruebas tras tres años de investigaciones por parte de la oposición, que tiene mayoría en el CNE.
En su declaración, Petro ha criticado la “doble moral” de la oposición, controladora del Consejo, y ha señalado directamente al magistrado Majer Nayi Abushihab, implicado también en acciones legales previas contra él por parte de figuras conservadoras como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y asociados a controversias políticas pasadas. Petro ha calificado las acciones del CNE de “extemporáneas y parcializadas”, reiterando su desacuerdo con la decisión administrativa.
Esta es la primera ocasión en que la principal autoridad electoral de Colombia emite una sanción de este calibre contra una campaña presidencial. La multa afectó a Ricardo Roa, exgerente de campaña y actual jefe de Ecopetrol, junto con la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto, además de los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes de la coalición Pacto Histórico que llevó a Petro al poder.